Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su crisis de seguridad desde el inicio del conflicto armado interno declarado en 2024. En los últimos treinta días, el país ha registrado nuevas masacres, ataques armados contra civiles, asesinatos múltiples y un incremento de las amenazas contra funcionarios públicos, policías y operadores de justicia, mientras crecen las denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado y la presunta colaboración de algunos miembros de las fuerzas de seguridad con estructuras narcocriminales. Este escenario mantiene bajo una fuerte presión al gobierno del presidente Daniel Noboa, que ha intensificado los operativos militares y policiales sin lograr contener completamente la violencia.
Durante el último mes, varias provincias, entre ellas Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, volvieron a convertirse en escenarios de múltiples ataques armados atribuidos a organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y otras estructuras vinculadas al narcotráfico internacional. Los hechos más graves ocurrieron en establecimientos comerciales, barrios periféricos y zonas controladas por bandas rivales que disputan corredores estratégicos para el tráfico de cocaína hacia puertos del Pacífico. Varias de estas acciones dejaron numerosas víctimas fatales y decenas de heridos, confirmando que las masacres continúan siendo una de las principales herramientas utilizadas por estas organizaciones para controlar territorios, intimidar a la población y eliminar a grupos rivales. Las autoridades reconocen que la violencia continúa concentrándose principalmente en la región costera, donde el narcotráfico internacional mantiene una fuerte presencia debido a la proximidad de puertos utilizados para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.
A la violencia criminal se suma una creciente preocupación por las denuncias de corrupción e infiltración institucional. En los últimos meses, diversas investigaciones judiciales han derivado en la detención o procesamiento de policías, funcionarios penitenciarios y servidores públicos acusados de colaborar con organizaciones criminales mediante filtración de información, facilitación de fugas, protección de cargamentos de droga o participación en redes de corrupción. Aunque el Gobierno sostiene que estos casos corresponden a hechos aislados y que la mayoría de la Policía Nacional continúa enfrentando a las organizaciones delictivas, expertos en seguridad consideran que la penetración del crimen organizado en algunas instituciones constituye uno de los mayores desafíos para recuperar el control del territorio. La depuración de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de los mecanismos internos de inteligencia aparecen hoy como prioridades estratégicas para evitar que las bandas continúen obteniendo información privilegiada sobre operativos estatales.
El clima de intimidación también alcanza a fiscales, jueces, funcionarios públicos, guardaparques, periodistas y miembros de las propias fuerzas del orden. Diversos sectores han denunciado amenazas de muerte por parte de grupos armados que buscan impedir investigaciones, desalojos de minería ilegal o procesos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales. En la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, guardaparques han denunciado que grupos armados vinculados a la minería ilegal los interceptan durante sus recorridos, los amenazan y les advierten que conocen su identidad y la de sus familias. En otras regiones del país, fiscales y policías especializados en crimen organizado también trabajan bajo estrictas medidas de seguridad debido al elevado riesgo que enfrentan durante las investigaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.
La estrategia del presidente Daniel Noboa continúa apoyándose en la declaratoria de conflicto armado interno, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y una amplia cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos. Sin embargo, esta política también enfrenta cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que han denunciado presuntos abusos durante algunos operativos militares y reclaman mayor transparencia en las acciones conjuntas entre fuerzas ecuatorianas y agencias extranjeras. Informes recientes señalan investigaciones por supuestas detenciones arbitrarias, malos tratos y uso excesivo de la fuerza en determinadas operaciones, mientras el Gobierno sostiene que continuará utilizando todos los recursos legales para combatir a las organizaciones consideradas terroristas.
Los analistas coinciden en que Ecuador enfrenta una crisis multidimensional que ya no puede explicarse únicamente como un problema de delincuencia común. La combinación de narcotráfico transnacional, corrupción institucional, minería ilegal, tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero ha convertido al país en uno de los principales escenarios de disputa entre organizaciones criminales de América Latina. Aunque las cifras oficiales muestran importantes capturas, decomisos históricos de drogas y la neutralización de numerosas estructuras delictivas, la persistencia de las masacres y la capacidad de las bandas para amenazar a funcionarios públicos evidencian que la recuperación plena del control estatal requerirá reformas profundas en los sistemas de seguridad, justicia e inteligencia, además de una cooperación internacional sostenida para enfrentar redes criminales que operan mucho más allá de las fronteras ecuatorianas.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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