La administración de Donald Trump busca consolidar un nuevo eje de cooperación en seguridad en América Latina. La reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú reforzó la coordinación con tres gobiernos que han adoptado una postura de mayor confrontación frente al narcotráfico, las organizaciones criminales y los grupos armados que Washington identifica como amenazas terroristas. La estrategia combina cooperación militar, intercambio de inteligencia, lucha contra el tráfico de drogas y una creciente coordinación regional.

La gira, desarrollada entre el 8 y el 10 de septiembre, tuvo como objetivo profundizar las alianzas de Washington con Bogotá, Quito y Lima. El denominado Escudo de las Américas, promovido por la administración Trump como plataforma de coordinación contra organizaciones criminales transnacionales, ocupa un lugar central en esta nueva arquitectura de seguridad.

En Colombia, Rubio encontró un gobierno dispuesto a estrechar nuevamente la cooperación militar con Estados Unidos. El presidente Abelardo de la Espriella ha adoptado una política de mano dura contra las estructuras armadas y narcotraficantes, después de que las relaciones entre Bogotá y Washington atravesaran fuertes tensiones durante el gobierno de Gustavo Petro. Colombia solicitó apoyo estadounidense mediante drones, radares y otras herramientas destinadas a combatir el narcotráfico.

Washington anunció además un paquete de asistencia de aproximadamente US$1.000 millones para Colombia, sujeto a la aprobación del Congreso estadounidense. De concretarse, representaría uno de los mayores niveles de cooperación en seguridad desde el histórico Plan Colombia, iniciado durante el gobierno de Bill Clinton en 2000 para combatir el narcotráfico y a las organizaciones armadas.

El nuevo escenario también contempla una participación estadounidense más directa. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado que fuerzas de Estados Unidos participarían en operaciones conjuntas con Colombia contra redes vinculadas al narcotráfico. El giro representa un cambio importante respecto de años recientes y coloca nuevamente la cooperación militar bilateral en el centro de la relación entre Washington y Bogotá.

Colombia enfrenta además una expansión considerable de las estructuras criminales. Un informe citado por El Observador, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, estimó que las organizaciones armadas y criminales contaban en julio con unos 28.802 integrantes, aproximadamente 90% más que en 2022. El país continúa siendo, además, el principal productor mundial de coca, con unas 261.000 hectáreas cultivadas según cifras de Naciones Unidas citadas por el medio.

Ecuador constituye el segundo gran componente de esta estrategia. El presidente Daniel Noboa ha profundizado la cooperación con Washington desde el comienzo de su administración y Estados Unidos ha incrementado el apoyo a las fuerzas ecuatorianas para enfrentar a organizaciones criminales que adquirieron una capacidad de violencia sin precedentes en el país. Washington designó a Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando las herramientas para congelar activos y compartir información de inteligencia.

Durante la visita de Rubio a Ecuador, Washington anunció que solicitará al Congreso US$45 millones adicionales para reforzar la seguridad ecuatoriana. El paquete contempla equipamiento marítimo, incluidos un buque de la Guardia Costera y cinco embarcaciones interceptoras, además de recursos destinados a combatir la minería ilegal, el reclutamiento de miembros de pandillas y las redes financieras ilícitas.

La cooperación entre ambos países también se ha extendido al combate contra el tráfico marítimo de drogas. Ecuador participa junto con Estados Unidos en operaciones vinculadas con la denominada Operación Southern Spear, que Washington presenta como una campaña contra las rutas marítimas del narcotráfico. Las operaciones, sin embargo, han generado críticas de organizaciones de derechos humanos por cuestionamientos relacionados con el uso de la fuerza.

Perú, por su parte, decidió incorporarse al Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Estados Unidos para combatir organizaciones criminales transnacionales. La presidenta Keiko Fujimori anunció la adhesión durante la visita de Rubio a Lima, con el compromiso de profundizar el intercambio de inteligencia y coordinar acciones contra las redes del crimen organizado.

La situación peruana también preocupa a Washington. El país experimenta un fuerte incremento de la criminalidad: según los datos citados por El Observador, los homicidios pasaron de aproximadamente 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período. El gobierno de Fujimori ha solicitado facultades extraordinarias para adoptar medidas contra la delincuencia y ha avanzado en la clasificación de grandes organizaciones criminales como terroristas.

Pero la agenda de Rubio no se limitó a la seguridad. En Perú también estuvieron sobre la mesa el comercio, la migración, la cooperación militar y la posibilidad de asistencia ante eventuales emergencias vinculadas con el fenómeno de El Niño. Washington busca además reforzar su posición frente al creciente peso económico de China en Sudamérica.

Ese componente geopolítico es particularmente importante en Perú. China se ha convertido en un socio comercial e inversor fundamental para Lima, con grandes proyectos de infraestructura y minería. El puerto de Chancay, inaugurado en 2024 y diseñado para acortar las rutas comerciales hacia Asia, es uno de los principales símbolos de la creciente presencia china en la región.

La estrategia estadounidense, por lo tanto, tiene una dimensión que supera ampliamente la lucha contra las drogas. Washington intenta construir una red de gobiernos aliados que compartan información, coordinen operaciones y reduzcan el espacio de acción de organizaciones criminales, pero también busca contener la expansión de la influencia china y recuperar peso estratégico en América Latina.

Para Colombia, Ecuador y Perú, la cooperación representa acceso a tecnología, inteligencia, capacitación, equipamiento y recursos estadounidenses. Para Washington, significa contar con socios regionales capaces de enfrentar redes que atraviesan fronteras y que operan simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

El nuevo eje también tendrá repercusiones para el resto de Sudamérica. La coordinación de Estados Unidos con tres países ubicados en el norte y el Pacífico sudamericano puede modificar las rutas de las organizaciones criminales y aumentar la presión sobre los países vecinos. El desafío será determinar hasta dónde llegará la cooperación militar y cómo se combinará con mecanismos de inteligencia, justicia, control fronterizo y políticas sociales.

La gira de Marco Rubio marca así un cambio significativo en la política estadounidense hacia América Latina. Colombia, Ecuador y Perú aparecen como los principales socios de Washington en una nueva estrategia regional contra el crimen organizado, mientras Estados Unidos intenta recuperar influencia estratégica en un continente donde China ha ganado terreno económico. El resultado dependerá ahora de si esta alianza logra traducir el despliegue político y militar en una reducción real del narcotráfico y la violencia, sin generar nuevos conflictos sobre soberanía, derechos humanos o intervención extranjera.

Foto: AP / AFP

Con información: El Observador, Reuters y Departamento de Estado de Estados Unidos.