Una investigación judicial en Pilar, provincia de Buenos Aires, tiene como protagonistas a un matrimonio propietario de una concesionaria de vehículos de alta gama, acusado de participar en 38 hechos de estafa y defraudación. Según el expediente, los perjuicios denunciados superan los US$ 2 millones y los $500 millones argentinos, mientras que entre los 47 damnificados aparecen empresarios, inversores y figuras públicas.

Los detenidos son Carlos Alberto González, de 43 años, y su esposa Cytinhia Karina Chamoles, de 44. Ambos declararon ante el fiscal Andrés Quintana, titular de la Fiscalía N.º 2 de Pilar, y coincidieron en una explicación: sostienen que la empresa atravesó un fuerte descalce financiero provocado por la caída de las ventas, los retrasos de clientes que habían comprado vehículos financiados y las dificultades económicas del país. La Justicia, mientras tanto, investiga si ese deterioro financiero explica los incumplimientos o si detrás existió una estructura organizada para captar dinero y quedarse con los fondos.

La concesionaria, denominada “Autos Pilar Premium”, funcionaba sobre el kilómetro 39,5 de la Panamericana y estaba orientada a un público de alto poder adquisitivo. De acuerdo con la declaración de González, el negocio llegó a vender alrededor de 100 vehículos mensuales y llegó a operar en cinco edificios. El empresario afirmó que durante años la actividad funcionó con normalidad y que posteriormente comenzó una fuerte caída de ingresos.

El caso tomó especial repercusión por algunos de los vehículos involucrados. Entre ellos aparece una Tesla Cybertruck que había sido adquirida por el diputado jujeño Manuel Quintar por un valor de US$ 285.000. Según la denuncia, Quintar habría entregado US$ 98.500 y casi $293 millones argentinos, pero el vehículo finalmente nunca fue entregado.

Otro de los denunciantes es Joaquín Pichot, exjugador de rugby y hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot. Según la investigación, había entregado una Ford Ranger Raptor en consignación para que la concesionaria gestionara su venta. Los investigadores sostienen que los acusados dispusieron del vehículo y utilizaron la operación en beneficio propio sin entregar el dinero correspondiente ni restituir la camioneta.

La defensa del matrimonio sostiene que el problema comenzó cuando las ventas descendieron considerablemente. González declaró que entre mayo y diciembre de 2025 pasó de vender unos 100 vehículos mensuales a menos de 50. Afirmó además que la empresa acumuló un “descalce financiero” de aproximadamente US$ 6 millones y que, ante la falta de liquidez, comenzaron a acumularse los vehículos pendientes de entrega y las obligaciones con clientes.

El empresario aseguró que intentó mantener el negocio en funcionamiento recurriendo a inversores para conseguir fondos con los cuales atender las obligaciones pendientes. También afirmó que posee créditos por cobrar por aproximadamente US$ 2 millones, correspondientes a vehículos, lotes y pagarés, y que pretendía utilizar esos activos para afrontar las deudas reclamadas por los clientes.

Su esposa presentó una explicación similar. Chamoles sostuvo que la empresa también vendía vehículos financiados y que, durante el último período, numerosos compradores comenzaron a retrasarse en los pagos. Según su declaración, esa situación provocó un desfasaje entre el dinero que debía ingresar y los compromisos que la concesionaria debía afrontar. Dijo además que poseen pagarés de clientes por cerca de US$ 600.000.

La investigación judicial, sin embargo, apunta a una situación más compleja. Según las denuncias incorporadas al expediente, algunos vehículos supuestamente eran ofrecidos y vendidos sin que finalmente fueran entregados a los compradores. En otros casos, vehículos recibidos en consignación habrían sido vendidos, pero el dinero correspondiente no habría llegado a sus propietarios. Los investigadores sospechan que alrededor de diez personas podrían haber participado de una estructura destinada a captar dinero mediante operaciones de compraventa e importación de vehículos.

La magnitud del patrimonio automotor involucrado también llamó la atención de los investigadores. Entre los vehículos mencionados aparecen un Chevrolet Corvette, cuatro Ford Mustang, dos Mercedes-Benz, un Audi R8, dos BMW y un Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio. El conjunto de deportivos denunciados supera, según la información del expediente citada por Clarín, los US$ 700.000.

A ellos se suman camionetas y SUV de alta gama, entre ellas modelos Audi Q3, Q7 y Q8, BMW X1, Dodge RAM 1500, Ford F-150 Raptor, Mercedes-Benz y diferentes modelos Toyota. El valor conjunto de las camionetas denunciadas supera el millón de dólares.

Un elemento particularmente relevante para la investigación es que, incluso después de las primeras denuncias, la concesionaria habría continuado promocionando operaciones de compraventa de vehículos a través de redes sociales. La Justicia intenta determinar quiénes participaron de las operaciones, cómo se captaba el dinero, qué destino tuvieron los vehículos y si existió desde el comienzo una maniobra deliberada o si la empresa terminó atrapada en una crisis financiera que derivó posteriormente en incumplimientos.

La causa permanece bajo investigación y las acusaciones deberán ser determinadas judicialmente. Por ahora, las explicaciones del matrimonio constituyen su versión de los hechos y no eliminan las imputaciones formuladas por la Fiscalía ni las denuncias de los damnificados.

El caso vuelve a poner bajo la lupa un mercado donde las operaciones pueden involucrar sumas millonarias y vehículos de enorme valor. Para los investigadores, la cuestión central será establecer si se trató de una empresa que colapsó financieramente y acumuló deudas o de una estructura que utilizó la compraventa de autos de alta gama como mecanismo para captar y desviar fondos de sus clientes.

Foto: Emmanuel Dalbe / Clarín