Los ministerios de previsión social, las carteras de economía y las agencias de estadística de las naciones del Mercosur han conformado una comisión de análisis demográfico de carácter permanente con el objetivo de diseñar estrategias de reforma previsional y prever el impacto macroeconómico del fin del bono demográfico en la región, un fenómeno social caracterizado por el aumento acelerado de la expectativa de vida y una caída histórica en las tasas de natalidad que está transformando la pirámide poblacional del Cono Sur de forma más rápida que la registrada históricamente en las economías industrializadas del hemisferio norte. Las proyecciones estadísticas regionales indican que antes de concluir las próximas dos décadas, el porcentaje de ciudadanos mayores de sesenta y cinco años duplicará su tamaño actual, una transformación demográfica profunda que pondrá bajo una presión financiera insostenible a los actuales sistemas de pensiones públicos de reparto y de capitalización individual si no se implementan modificaciones estructurales urgentes de carácter unificado en el bloque.
Este escenario de transición demográfica crítica exige la revisión de las edades de jubilación obligatoria, la modificación de las tasas de contribución patronal y laboral, y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento complementarios que no dependan de forma exclusiva de los impuestos sobre las nóminas de trabajadores formales activos. Las autoridades económicas destacan que la sustentabilidad fiscal de largo plazo del mercado común está en riesgo debido al ensanchamiento del gasto público en seguridad social y servicios de salud médica de alta complejidad para la tercera edad, un flujo de gasto que coincide temporalmente con una reducción de la fuerza laboral activa joven que financia las cajas previsionales estatales. Los analistas financieros advierten que, si los gobiernos locales posponen las decisiones políticas de reforma previsional por temor al costo electoral cortoplacista, los Estados partes enfrentarán crisis de deuda soberana recurrentes que desestabilizarán la unión monetaria de facto y desalentarán las inversiones de capital extranjero de largo plazo.
A pesar de los diagnósticos de alerta técnica presentados por los equipos macroeconómicos y los organismos de crédito multilaterales, las confederaciones de jubilados, los sindicatos del sector público y las organizaciones sociales de la región manifiestan una feroz oposición callejera a cualquier intento de elevar la edad jubilatoria o recortar el valor real de las prestaciones mensuales, argumentando que los trabajadores sudamericanos ya padecen condiciones de vida y de salud precarizadas debido a las deficiencias estructurales de los mercados de empleo locales. Los líderes gremiales denuncian en las manifestaciones públicas que proponer la extensión de la vida laboral activa en economías donde más del cuarenta por ciento del empleo es de naturaleza informal o precaria representa una condena a la desprotección absoluta para los ancianos de bajos ingresos, quienes llegan al final de su ciclo vital sin haber acumulado los años de aportes exigidos por las legislaciones estatales rígidas debido a las recurrentes crisis económicas que destruyen el empleo formal de forma periódica en el bloque comercial.
Por otra parte, los colectivos de mujeres y las asociaciones de género del Mercosur introducen en el debate público una demanda fundamental que exige el reconocimiento económico del trabajo de cuidados no remunerado y la compensación de las profundas brechas de género previsional que afectan a las mujeres de la región al momento de jubilarse. Los foros de debate social evidencian que las mujeres interrumpen sus carreras laborales formales o aceptan empleos informales de tiempo parcial para encargarse del cuidado de los hijos y de los adultos mayores de la familia, lo que resulta en pensiones significativamente menores que las de los varones o en la exclusión total del sistema de seguridad social al cumplir la edad jubilatoria teórica. Las agrupaciones feministas exigen la implementación del Programa Previsional de Cuidados del Mercosur, un mecanismo legal unificado que otorgue años de aportes computables por cada hijo nacido vivo o persona a cargo, reconociendo el valor macroeconómico invisible del trabajo doméstico dentro del Producto Bruto Interno regional.
Frente a las protestas populares y las legítimas demandas de género de la sociedad civil organizada, las secretarías de hacienda gubernamentales defienden que la única forma de garantizar la dignidad material de las futuras generaciones de ancianos sin quebrar las finanzas de las administraciones públicas es avanzar hacia la implementación de un Modelo Previsional Mixto del Mercosur que combine una pensión básica universal financiada por impuestos generales con un pilar de ahorro complementario voluntario. Las autoridades ministeriales trabajan en la armonización de los convenios bilaterales de seguridad social en vigor para garantizar la portabilidad total de los aportes jubilatorios de los trabajadores migrantes dentro de las fronteras del bloque común, permitiendo que un ciudadano que prestó servicios laborales en Buenos Aires, San Pablo y Montevideo pueda unificar sus antecedentes de cotización de forma electrónica y automatizada sin perder sus derechos adquiridos al momento del retiro definitivo de la actividad laboral formal.
Finalmente, la adaptación de las sociedades sudamericanas al envejecimiento poblacional masivo requerirá el desarrollo urgente de la economía plateada o silver economy, un sector productivo y de servicios enfocado en atender las necesidades específicas de consumo, salud, entretenimiento y vivienda adaptada para la población de la tercera edad, transformando un desafío demográfico en un nuevo vector de crecimiento económico. La inversión pública y privada en industrias de tecnología médica, centros de atención geriátrica de día de alta calidad y programas universitarios de formación para cuidadores profesionales especializados es considerada la estrategia crítica definitoria para mitigar el gasto hospitalario pasivo y convertir a la población adulta mayor en un actor social activo, saludable y productivo. La capacidad del bloque para articular políticas de inclusión previsional justa, sostenibilidad fiscal profunda y desarrollo humano integral determinará la paz social profunda y la calidad civil del proyecto de integración del Cono Sur en las próximas décadas de transformación demográfica global.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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