La decisión del Gobierno de Javier Milei de entregar a Mendoza el 100% de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles reavivó una disputa que combina recursos económicos, agua, decisiones judiciales e internas políticas. La Pampa perderá desde ahora la mitad de esos ingresos, mientras Mendoza prepara además un reclamo por unos US$ 680 millones correspondientes a regalías compartidas de años anteriores.

El punto central de la controversia es el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel, en territorio de Mendoza. Durante más de cinco décadas, las regalías fueron distribuidas entre Mendoza y La Pampa en partes iguales a partir del Decreto 1560/73. El nuevo Decreto 982/2026 dejó sin efecto ese esquema y estableció que las regalías que se generen desde su entrada en vigencia corresponderán íntegramente a Mendoza.

La modificación se apoya en el régimen general de regalías hidroeléctricas previsto por la Ley 15.336. El Gobierno nacional sostiene que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente en Mendoza y que, por ese motivo, corresponde aplicar el criterio según el cual las regalías pertenecen a la provincia donde está ubicada esa fuente. El decreto también cita antecedentes de la Corte Suprema para fundamentar su decisión.

El impacto económico inmediato para La Pampa no es menor, aunque tampoco debe confundirse con los US$ 680 millones que aparecen en el conflicto. Según Clarín, el año pasado las regalías compartidas representaron alrededor de US$ 2,5 millones para ambas provincias en conjunto, en un contexto de precios de la energía considerados bajos. Con la nueva licitación del sistema, Mendoza espera que el valor de esos ingresos pueda aumentar durante los próximos años.

Pero el conflicto adquiere otra dimensión porque Mendoza pretende recuperar también regalías del pasado. La ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre, explicó que la provincia reclamará la actualización de una demanda que en 2022 calculaba en aproximadamente US$ 680 millones el monto relacionado con las regalías que, según Mendoza, debieron haber sido percibidas íntegramente por esa provincia.

Ese reclamo no significa que La Pampa deba automáticamente pagar US$ 680 millones. Se trata de una pretensión judicial de Mendoza, que deberá ser discutida en el ámbito correspondiente. La provincia cuyana ya había llevado la controversia ante la Corte Suprema en 2022 y ahora busca adecuar esa demanda al nuevo escenario creado por el decreto presidencial.

El problema de fondo: el agua del río Atuel

La discusión económica no puede separarse de un conflicto mucho más antiguo: la distribución del agua del río Atuel.

La Corte Suprema declaró en 1987 que el Atuel es un río interjurisdiccional y posteriormente se desarrollaron distintos procesos para determinar cómo deben distribuirse sus aguas. En 2020, el máximo tribunal estableció que Mendoza debía garantizar un ingreso de 3,2 metros cúbicos por segundo hacia La Pampa en el punto ubicado al norte del Puente de los Vinchuqueros.

La Pampa sostiene que Mendoza no cumple adecuadamente esa decisión y vincula la falta de agua con graves consecuencias ambientales, productivas y sociales en su territorio. Mendoza, por su parte, sostiene que el cumplimiento debe considerar la disponibilidad real de agua de la cuenca y afirma que La Pampa tampoco habría realizado las obras necesarias para recibir, conducir y aprovechar ese caudal.

Por eso, para el Gobierno pampeano, el nuevo decreto no representa solamente una discusión sobre dinero. El gobernador Sergio Ziliotto considera que la decisión nacional profundiza un problema histórico relacionado con el control y aprovechamiento del Atuel. La Pampa prepara una presentación judicial para intentar frenar o cuestionar la nueva distribución de las regalías.

Una alianza política poco habitual en La Pampa

El conflicto también produjo un fenómeno político significativo: dirigentes de la oposición pampeana respaldaron al gobernador peronista Ziliotto en la defensa de los recursos provinciales.

El senador radical Daniel Kroneberger sostuvo que los intereses de La Pampa están por encima de cualquier gobierno y reclamó utilizar todas las herramientas institucionales disponibles. Desde el PRO, Victoria Huala y Martín Ardohain también cuestionaron la pérdida de las regalías y pidieron combinar acciones judiciales con diálogo político con la Nación.

El radical Martín Berhongaray fue incluso más crítico con la administración provincial y sostuvo que La Pampa debería haber tenido una posición más firme durante el proceso administrativo. Es decir, existe coincidencia sobre la defensa del interés pampeano, pero no necesariamente sobre la estrategia que debe seguir Ziliotto.

La disputa también llegó a la interna radical de Mendoza

Mientras La Pampa muestra una convergencia entre dirigentes de diferentes partidos, en Mendoza el decreto abrió una disputa dentro del radicalismo.

El diputado nacional Luis Petri reivindicó la decisión de Milei y recordó que en 2020 había presentado un proyecto para terminar con el reparto de las regalías establecido en 1973. Su argumento es que la energía se genera en territorio mendocino y que, por lo tanto, los ingresos deben permanecer en Mendoza.

Pero el exgobernador mendocino y actual senador Rodolfo Suárez cuestionó que Petri se atribuyera el resultado. Suárez afirmó que la provincia ya había iniciado en 2020 las acciones institucionales para reclamar la nulidad del régimen de 1973 y que en 2022 presentó una demanda ante la Corte Suprema. El enfrentamiento es leído como una señal de las internas que comienzan a tomar forma dentro del radicalismo mendocino de cara a las próximas elecciones provinciales.

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo, en cambio, presentó el decreto como el resultado de una defensa institucional sostenida durante años y celebró que Mendoza pase a recibir el 100% de las regalías futuras.

¿Por qué Nación tomó la decisión ahora?

El momento elegido tampoco es casual. El Gobierno nacional está avanzando en una nueva licitación para la concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por los próximos 30 años. La concesión vigente está llegando a su final y Nación argumenta que esta transición era una oportunidad para establecer un criterio regulatorio único y dar mayor seguridad jurídica al futuro operador.

Por eso, el decreto no solamente modifica quién cobra las regalías: también busca establecer las reglas económicas bajo las cuales funcionará el complejo hidroeléctrico durante la próxima concesión.

El escenario, sin embargo, está lejos de cerrarse. La propia normativa deja abierta la vía judicial y la disputa entre las dos provincias continúa en los tribunales. La Pampa analiza acciones contra la decisión nacional, mientras Mendoza prepara la actualización de su reclamo económico.

La verdadera dimensión de esta disputa está, entonces, en tres frentes diferentes que ahora volvieron a cruzarse: quién recibe las regalías de la energía, quién tiene derecho a utilizar el agua del Atuel y qué obligaciones deben cumplir Mendoza, La Pampa y el Estado nacional frente a las decisiones de la Justicia. La pelea económica por los US$ 680 millones es solamente una parte de un conflicto mucho más profundo que lleva décadas y que vuelve a convertirse en un problema político nacional.