El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) solicitó a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) trasladar e instalar en dependencias del Ministerio del Interior los equipos destinados a escuchas telefónicas que actualmente se encuentran bajo administración de la institución antidrogas. El pedido, realizado en julio, abre un nuevo capítulo en torno al manejo estatal de una tecnología especialmente sensible por su capacidad de interceptación de comunicaciones.

Según la información publicada por ABC Color, el MITIC, encabezado por Gustavo Villate, remitió una nota al titular de la Senad, Jalil Rachid, en la que estableció que los equipos debían ser trasladados e instalados de manera obligatoria en las dependencias del Ministerio del Interior. La adquisición de estos dispositivos se produjo aproximadamente un año atrás y ya había generado cuestionamientos públicos por la naturaleza de la tecnología y los controles que deberían acompañar su utilización.

Rachid confirmó la existencia del pedido, aunque sostuvo que el traslado de los equipos al Ministerio del Interior no implicará, según su explicación, la pérdida de la independencia operativa de la Senad. La cuestión adquiere especial importancia porque las herramientas de interceptación de comunicaciones están destinadas a investigaciones que requieren autorización judicial y deben utilizarse dentro de los límites establecidos por la legislación paraguaya.

El movimiento también plantea interrogantes sobre quién tendrá el control técnico y operativo de los dispositivos. Una cosa es la ubicación física de los equipos y otra su administración, autorización de operaciones, acceso a la información obtenida y conservación de los registros. Precisamente por tratarse de comunicaciones privadas, estos aspectos requieren mecanismos de trazabilidad y controles institucionales que permitan determinar quién accedió a una interceptación, bajo qué orden judicial y dentro de qué investigación.

El antecedente paraguayo hace que el asunto sea particularmente delicado. El país ya tuvo episodios controvertidos relacionados con tecnologías de vigilancia. Un informe regional sobre prácticas de vigilancia documentó, por ejemplo, la adquisición por Paraguay del software FinFisher en 2012 y también recordó antecedentes vinculados con equipos de escucha telefónica adquiridos por el Ministerio del Interior. El mismo estudio señala que estos antecedentes generaron preocupación por la falta de transparencia y controles públicos suficientes.

La discusión actual, sin embargo, corresponde a una tecnología diferente y a una estructura institucional distinta. Por eso, no debe confundirse automáticamente el pedido del MITIC con aquellos antecedentes históricos. Lo que sí vuelve a poner sobre la mesa es una cuestión fundamental: cómo garantizar que una herramienta capaz de interceptar comunicaciones sea utilizada exclusivamente para fines legales y bajo controles verificables.

En investigaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, las escuchas telefónicas pueden constituir una herramienta relevante para identificar estructuras, establecer vínculos entre sospechosos y obtener elementos que posteriormente deben ser sometidos al control de la Justicia. Pero precisamente por su capacidad invasiva, su utilización requiere límites estrictos y supervisión judicial.

El traslado también puede interpretarse dentro de un proceso más amplio de reorganización de las capacidades tecnológicas del Estado paraguayo en materia de seguridad. La concentración de infraestructura especializada en el Ministerio del Interior podría facilitar una coordinación mayor con la Policía Nacional y otras instituciones, aunque también aumenta la necesidad de establecer claramente las responsabilidades de cada organismo.

La experiencia internacional demuestra que las tecnologías de vigilancia requieren controles especialmente rigurosos. No basta con disponer de equipos modernos: debe existir una cadena documentada de autorización, operación, almacenamiento y eliminación de los datos obtenidos. También resulta fundamental impedir que herramientas creadas para investigaciones criminales terminen siendo utilizadas con objetivos políticos, personales o ajenos a una causa judicial.

Por ahora, el dato confirmado es que MITIC pidió a la Senad que sus equipos de escucha sean trasladados al Ministerio del Interior, mientras Jalil Rachid confirmó la solicitud y aseguró que la Senad conservará independencia operativa. El alcance definitivo de la medida y la forma en que quedarán distribuidas las responsabilidades deberán ser aclarados por las instituciones involucradas.

El traslado coloca nuevamente bajo la atención pública una cuestión que trasciende la tecnología: quién controla las herramientas capaces de ingresar al ámbito más privado de los ciudadanos. En Paraguay, donde ya existen antecedentes de controversias relacionadas con sistemas de vigilancia, la transparencia, las órdenes judiciales y los mecanismos de fiscalización serán determinantes para evitar que una herramienta destinada a combatir el crimen se convierta en una fuente de vulneración de derechos.

Foto: ABC Color