La protesta volvió a llevar a las calles de Caracas a familiares de personas detenidas por motivos políticos, quienes reclamaron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez la liberación de quienes permanecen en prisión, atención médica urgente para los detenidos en estado delicado y una respuesta institucional frente a denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos.

La concentración se realizó el viernes 11 de septiembre en la plaza O’Leary, en el centro de Caracas, a pocos metros del Palacio de Miraflores. Los manifestantes llevaron pancartas con mensajes en favor de la libertad de los detenidos y reclamaron que las autoridades investiguen las denuncias presentadas por los familiares. La movilización formó parte de la denominada “Ruta de las respuestas pendientes”, una serie de acciones que durante la semana llevó a los familiares ante diferentes organismos públicos.

Antes de llegar a la plaza O’Leary, los representantes de los detenidos habían acudido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público. El objetivo fue entregar denuncias y solicitar actuaciones concretas sobre los casos de personas que, según sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, continúan privadas de libertad sin que se hayan esclarecido completamente las circunstancias de sus procesos.

La protesta también estuvo marcada por una preocupación particularmente grave: el estado de salud de algunos detenidos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (Clippve) señaló que 37 presos políticos se encontrarían en condición crítica de salud y reclamó atención médica urgente. Las familias sostienen que determinados casos requieren intervención inmediata y cuestionan las condiciones en las que reciben asistencia dentro de los centros penitenciarios.

Aunque los manifestantes no pudieron avanzar hasta el Palacio de Miraflores, una delegación de tres integrantes del Clippve fue recibida por representantes del Despacho de la Presidencia. Las mujeres entregaron un documento que reunía denuncias de familiares y solicitaba la libertad de los detenidos, además de investigaciones sobre las presuntas vulneraciones de derechos humanos denunciadas durante los últimos meses.

Andreína Baduel, integrante del comité y familiar de personas vinculadas a casos de detención política, cuestionó el ritmo de las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno desde comienzos de año. Según sus declaraciones recogidas por EFE, más de 400 familias continúan esperando el regreso de sus parientes, mientras que las organizaciones reclaman que el proceso anunciado por las autoridades alcance a quienes todavía permanecen encarcelados.

El caso de Baduel tiene además una dimensión personal. Su padre, el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez, murió bajo custodia estatal. Su hermano Josnars Baduel permanece entre los casos defendidos por familiares y organizaciones que reclaman la libertad de detenidos considerados presos políticos.

Otro de los testimonios correspondió a Hiowanka Ávila, familiar de un detenido en Rodeo 1. Según relató, las representantes fueron atendidas durante pocos minutos y separadas de los funcionarios por un vidrio. Ávila comparó esa experiencia con las dificultades que, según afirmó, enfrentan los familiares durante las visitas a los centros penitenciarios y sostuvo que no encontraron disposición suficiente para revisar los expedientes de los detenidos.

La situación de Rodeo 1 se convirtió además en uno de los puntos de preocupación de las familias. Durante septiembre se denunciaron traslados de detenidos desde ese establecimiento sin información suficiente para sus abogados y allegados sobre el destino, las condiciones de reclusión o la situación judicial de algunas de las personas trasladadas. El Foro Penal también ha cuestionado anteriormente la realización de traslados sin comunicación adecuada a los familiares y defensores.

El Gobierno venezolano, por su parte, ha sostenido durante este año un proceso de excarcelaciones. Después de los acontecimientos políticos ocurridos a comienzos de 2026, la administración de Rodríguez anunció liberaciones y posteriormente el Parlamento aprobó una ley de amnistía. Según cifras oficiales citadas por EFE, la norma habría beneficiado a más de 8.000 personas, aunque organizaciones no gubernamentales cuestionaron su alcance porque una proporción importante de los beneficiarios se encontraba en libertad restringida y no en prisión.

Frente a esa situación, Foro Penal contabilizaba 328 presos políticos detenidos en Venezuela en el momento de la protesta del 11 de septiembre. La organización advierte que estas cifras pueden modificarse debido a nuevas detenciones, excarcelaciones, cambios en las medidas judiciales y traslados entre centros penitenciarios.

La movilización adquiere especial importancia porque se produce en medio de un discurso oficial que habla de reconciliación y de una nueva etapa política. Los familiares consideran que esas declaraciones deben traducirse en decisiones concretas y reclaman que la liberación de detenidos no sea únicamente un anuncio político, sino un proceso verificable que permita el regreso de quienes todavía permanecen privados de libertad.

La presión de las familias tampoco se limita a solicitar excarcelaciones. Sus reclamos incluyen debido proceso, acceso de los abogados a los expedientes, información sobre traslados, atención médica, investigación de denuncias y garantías para quienes permanecen detenidos. Para las organizaciones que acompañan estos casos, resolver esas cuestiones resulta indispensable para determinar si existe realmente un cambio en las condiciones de los derechos humanos en Venezuela.

La protesta terminó sin una marcha hasta Miraflores, pero con la entrega formal de las demandas a representantes de la Presidencia. Los familiares anunciaron que continuarán realizando acciones para mantener visibles los casos pendientes.

La principal pregunta que queda planteada es qué ocurrirá con los 328 detenidos que, según el registro de Foro Penal citado en esta jornada, permanecían en prisión. Para sus familias, las excarcelaciones ya realizadas no significan el final del problema mientras existan personas que continúen encarceladas y casos en los que, según denuncian, todavía no han recibido respuestas institucionales.

Foto: Reuters / Gaby Oraa / Infobae