Colombia | En alocución al país, De La Espriella anuncia defensa firme de las competencias del Estado y pone a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en primera línea

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Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estará al frente de la estrategia jurídica con la que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella buscará defender las competencias constitucionales del Ejecutivo frente a decisiones judiciales relacionadas con seguridad nacional, orden público y lucha contra el narcotráfico.

La definición fue planteada por el propio Presidente durante una alocución al país, en la que hizo un balance de sus primeros 36 días de Gobierno y dejó clara su posición frente a una de las discusiones institucionales más sensibles de su administración: hasta dónde llega el control de los jueces y dónde comienzan las responsabilidades constitucionales del Ejecutivo.

De La Espriella afirmó que las decisiones judiciales serán respetadas y que las órdenes vigentes deberán cumplirse, pero sostuvo que el Gobierno ejercerá los mecanismos jurídicos previstos por la Constitución y la ley cuando considere que una decisión puede afectar las facultades que corresponden al Presidente de la República.

“Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, afirmó el mandatario.

Su mensaje, sin embargo, estuvo acompañado de una advertencia institucional. El respeto por las decisiones de los jueces, dijo, no implica que el Gobierno deba renunciar a controvertirlas por las vías legales cuando estén comprometidas competencias constitucionales del Estado.

“La Constitución es clara. Al Presidente le corresponde dirigir la Fuerza Pública, conservar y restablecer el orden público y dirigir las operaciones de guerra”, sostuvo.

La declaración coloca a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un lugar estratégico dentro de la nueva administración. La entidad será la encargada de llevar a los escenarios jurídicos la defensa de los intereses de la Nación en las controversias que puedan comprometer las atribuciones constitucionales del Ejecutivo.

Calderón España tendrá, en ese contexto, la responsabilidad de conducir la defensa jurídica del Estado en procesos que involucren decisiones de alto impacto para la seguridad, la defensa y la política contra las organizaciones narcoterroristas.

El Presidente se refirió a dos decisiones judiciales recientes. La primera está relacionada con operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre presencia de menores de edad. La segunda ordenó provisionalmente suspender actividades de aspersión aérea en Putumayo mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.

De La Espriella aseguró que las facultades presidenciales no son ilimitadas y que cualquier operación debe respetar la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Pero sostuvo que el control judicial no puede convertirse en una sustitución de las responsabilidades del Gobierno o del mando militar.

“Una cosa es el control judicial y otra muy distinta, sustituir al Gobierno, al Presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”, afirmó.

El Gobierno buscará llevar esa discusión al terreno jurídico. De La Espriella dijo que impartió instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza, pero descartó que ello signifique abrir una confrontación con los jueces.

“No voy a convertir esto en una pelea del Presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional”, señaló.

Uno de los asuntos más delicados de la intervención fue el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. El Presidente sostuvo que los niños reclutados son víctimas y que el Estado tiene una obligación reforzada de protegerlos.

Pero también advirtió sobre el riesgo de que las estructuras criminales utilicen a los menores como una barrera frente a las operaciones de la Fuerza Pública.

“No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado”, dijo.

La respuesta, según el mandatario, deberá combinar inteligencia, precisión y una evaluación rigurosa de cada objetivo, con especial protección de los menores y respeto por los principios de distinción y proporcionalidad.

“La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado”, afirmó.

El mismo criterio, explicó, será aplicado a la lucha contra los cultivos ilícitos y a las operaciones de aspersión aérea. El Gobierno deberá contar con los soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales correspondientes y cumplir los procedimientos establecidos antes de ejecutar cualquier operación.

Cumplidas esas condiciones, sostuvo De La Espriella, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrá entonces un papel decisivo. Su misión será defender ante las instancias judiciales la posición jurídica de la Nación y respaldar las actuaciones del Gobierno cuando sean objeto de controversia.

La conducción de Calderón España adquiere especial relevancia en este escenario. Como director de la Agencia, será uno de los principales responsables de traducir la posición política del Ejecutivo en argumentos jurídicos ante los tribunales y de defender las competencias constitucionales del Estado en los procesos que lleguen a las instancias judiciales.

De La Espriella insistió en que su Gobierno respetará la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, sostuvo que el Estado de derecho exige que cada rama del poder público ejerza las funciones que la Constitución le asignó.

“Un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad”, afirmó.

La alocución presidencial deja así planteado un nuevo escenario institucional para el Gobierno colombiano. La justicia mantendrá su independencia y sus decisiones serán acatadas, pero el Ejecutivo acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para defender sus competencias cuando considere que están en riesgo.

En esa estrategia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pasa a ocupar un lugar de primera línea y Germán Calderón España se perfila como uno de los funcionarios llamados a defender en los tribunales la posición jurídica de la Nación.

El mensaje de De La Espriella es, al mismo tiempo, político y jurídico: respeto a la justicia, cumplimiento de sus decisiones y defensa firme de las facultades constitucionales del Presidente para dirigir la Fuerza Pública, preservar el orden público y enfrentar las amenazas contra la seguridad de los colombianos.

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