América Latina enfrenta una creciente presión sobre sus sistemas digitales. Un informe de Digi Americas citado por Infobae estima que la región registra más de 18,5 millones de ciberataques al año, mientras gobiernos, empresas y servicios esenciales aceleran su digitalización. El problema no es solamente la cantidad de ataques: también preocupa que las capacidades de prevención, detección y respuesta todavía avanzan a un ritmo desigual entre los países.

La expansión de los servicios públicos digitales, la infraestructura en la nube y las herramientas de inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades para la región, pero también aumenta la superficie que puede ser explotada por delincuentes informáticos. Ransomware, robo de credenciales, filtraciones de datos, fraudes digitales y operaciones atribuidas a actores patrocinados por Estados forman parte de un escenario cada vez más complejo.

El informe advierte además sobre una importante diferencia entre la magnitud de las amenazas y la preparación institucional. De los 32 países latinoamericanos analizados, solamente siete cuentan con marcos regulatorios específicos para proteger servicios esenciales y 20 disponen de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT. Esta fragmentación dificulta una respuesta coordinada frente a ataques que, por naturaleza, no respetan fronteras.

Costa Rica dejó una advertencia para toda la región

Uno de los antecedentes que más preocupa a los especialistas es el ataque sufrido por Costa Rica en 2022. El 17 de abril de aquel año, el grupo de ransomware Conti ingresó a los sistemas del Ministerio de Hacienda y afectó plataformas tributarias y aduaneras. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar la información robada.

La crisis no quedó limitada a un organismo. El 31 de mayo, el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social y la institución tuvo que desconectar sistemas críticos. El expediente digital de salud y otras plataformas quedaron fuera de servicio, mientras distintos trámites públicos experimentaron interrupciones. Durante las primeras 48 horas, el impacto económico fue estimado en 125 millones de dólares.

El Gobierno costarricense decidió no pagar los rescates y declaró una emergencia nacional. La recuperación requirió meses de trabajo, asistencia técnica internacional y el restablecimiento progresivo de sistemas y procedimientos manuales. Para otros países latinoamericanos, el episodio dejó una conclusión concreta: la ciberseguridad no consiste únicamente en impedir un ataque, sino también en garantizar que el Estado pueda continuar funcionando cuando una parte de su infraestructura digital queda inutilizada.

Otro antecedente regional ocurrió en 2023, cuando un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y más de 760 empresas privadas. El episodio demostró que una vulnerabilidad en un proveedor tecnológico puede generar consecuencias simultáneas en numerosas organizaciones y trascender las fronteras nacionales.

Argentina acelera su estrategia de defensa

Argentina se encuentra entre los países que están reforzando su estructura institucional. El Gobierno creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), encargado de trabajar en la protección del sector público nacional y de las infraestructuras consideradas críticas.

Uno de los proyectos principales es la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que permitirá concentrar alertas provenientes de organismos públicos y compartir información sobre amenazas. La previsión oficial es que comience a funcionar a principios de 2027, aunque el calendario depende de los procesos de adquisición y de la disponibilidad internacional de equipamiento tecnológico.

La magnitud del problema también aparece en los registros de incidentes. CERT.ar, que durante períodos recientes recibía entre 200 y 400 reportes anuales, ya superó los 700 casos durante 2026. El CNC, sin embargo, advierte que ese crecimiento no demuestra por sí mismo que hayan aumentado los ataques: puede reflejar también una mayor detección y notificación. El subregistro continúa siendo uno de los principales obstáculos para conocer el tamaño real de la amenaza.

Para mejorar la situación, el Gobierno argentino estableció que los organismos públicos deben designar responsables de ciberseguridad, elaborar planes de recuperación ante desastres e identificar cuáles de sus sistemas son más críticos. Cada dependencia deberá determinar cuánto tiempo puede permanecer fuera de servicio y qué cantidad de información podría perder en caso de una intrusión.

La inteligencia artificial cambia el escenario

La inteligencia artificial introduce una nueva dimensión. Las mismas tecnologías que pueden ayudar a detectar comportamientos anómalos, analizar grandes volúmenes de información y responder rápidamente a incidentes también pueden proporcionar nuevas herramientas a los atacantes.

Por eso, los especialistas plantean que la protección debe comenzar antes de que ocurra el incidente. La seguridad desde el diseño, el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la protección de datos y la diversificación de proveedores tecnológicos aparecen como elementos centrales de una estrategia moderna.

El director del CNC argentino, Ariel Waissbein, también señaló que una interrupción informática puede afectar mucho más que una computadora o una página web. Energía eléctrica, hospitales, telecomunicaciones, centros de datos y sistemas de pago pueden convertirse en puntos críticos si pierden disponibilidad. Incluso una empresa pequeña puede tener una importancia estratégica si ocupa una posición indispensable dentro de una cadena de servicios.

Argentina prepara una “ciberarena” para entrenar frente a ataques

Entre las iniciativas más llamativas se encuentra una plataforma de simulación denominada “ciberarena”. La idea es recrear ambientes similares a los que utilizan realmente los servicios públicos y las infraestructuras críticas para que los equipos puedan entrenarse ante diferentes escenarios.

El sistema permitirá simular redes, centros de monitoreo, sistemas de seguridad y controles industriales vinculados con sectores como la energía y la salud. Los especialistas podrán entonces provocar virtualmente un incidente y comprobar cuánto tardan los equipos en detectarlo, contenerlo y recuperar los servicios.

La capacitación tendrá también un componente más amplio. Los empleados públicos recibirán formación sobre prevención de estafas y phishing, mientras que autoridades, desarrolladores y especialistas técnicos tendrán programas específicos de mayor complejidad.

El desafío para el Mercosur

Para los países del Mercosur, el problema adquiere una dimensión adicional debido a la creciente integración económica y digital. Sistemas bancarios, comercio exterior, logística, aduanas, comunicaciones, transporte y servicios públicos dependen cada vez más de redes conectadas y de proveedores tecnológicos que operan en varios países.

Un ataque contra un proveedor común puede, por lo tanto, producir efectos más allá del territorio donde se inició. El antecedente de IFX Networks mostró precisamente cómo una vulnerabilidad puede propagarse por diferentes organizaciones y países.

La cooperación regional aparece así como una de las herramientas más importantes. Compartir alertas, indicadores técnicos, información sobre amenazas y mecanismos de respuesta permitiría que un ataque detectado en un país pueda servir de advertencia inmediata para los demás.

La amenaza ya no puede ser tratada como un problema exclusivamente informático. Un ciberataque puede detener trámites públicos, afectar hospitales, comprometer información de ciudadanos, interrumpir comunicaciones, paralizar operaciones comerciales o poner en riesgo servicios esenciales.

América Latina se encuentra ante una oportunidad y, al mismo tiempo, frente a una advertencia. La expansión digital puede acelerar el desarrollo económico y mejorar los servicios públicos, pero solamente será sostenible si la seguridad avanza al mismo ritmo. Los 18,5 millones de ataques anuales señalados por el informe muestran la dimensión del desafío; los casos de Costa Rica, IFX Networks y la creciente actividad registrada en Argentina muestran lo que puede ocurrir cuando una vulnerabilidad alcanza sistemas estratégicos.

Para el Mercosur, el siguiente paso no debería limitarse a proteger cada red nacional por separado. La integración digital exige también una integración de la ciberseguridad: mecanismos comunes de alerta, cooperación técnica, intercambio de información y capacidad coordinada para responder cuando un ataque atraviesa las fronteras.

Foto: Imagen ilustrativa / Infobae