Las comisarías de Paraguay enfrentan un problema que se repite en distintos puntos del país: vehículos abandonados, chocados, quemados o retenidos en procedimientos policiales permanecen durante largos períodos dentro y alrededor de los predios policiales. La acumulación genera problemas de espacio, contaminación visual y ambiental, además de convertirse en un refugio para alimañas.

El problema puede observarse incluso en zonas de Asunción. En las inmediaciones de la Comisaría 10ª, por ejemplo, permanecen automóviles deteriorados que ocupan espacios destinados al funcionamiento policial. La situación no se limita a vehículos que fueron simplemente dejados en la vía pública: muchos rodados llegan a dependencias policiales después de accidentes, procedimientos judiciales, investigaciones o situaciones en las que deben quedar bajo resguardo de las autoridades.

Con el paso del tiempo, muchos de estos automóviles terminan prácticamente convertidos en chatarra. La exposición permanente al sol y a la lluvia acelera el deterioro de carrocerías, vidrios, neumáticos y componentes mecánicos. A esto se suma la acumulación de vegetación y residuos alrededor de los vehículos, creando condiciones favorables para la presencia de insectos y otros animales.

El problema tiene además una dimensión judicial y administrativa. Un vehículo retenido por una causa no puede simplemente ser retirado o destruido mientras continúe sujeto a una investigación o a una orden judicial. Esto genera una cadena burocrática que puede prolongar durante meses o incluso años la permanencia de los rodados en depósitos y comisarías.

La situación adquiere especial relevancia porque Paraguay ya discute una modificación del régimen legal para resolver el problema de los vehículos abandonados. El Senado aprobó recientemente modificaciones al proyecto que amplía la Ley N.º 6245/2018, que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados, y devolvió el texto a Diputados para continuar el trámite constitucional.

La propuesta busca incluir vehículos que permanecen vinculados a procesos judiciales y establecer mecanismos para acelerar su disposición cuando no son reclamados. Entre las alternativas contempladas aparecen la subasta, la adjudicación a municipios para determinados usos y la compactación para reciclaje, siempre después de cumplir los procedimientos legales correspondientes.

El debate legislativo resulta particularmente importante porque el problema no afecta solamente la estética de las ciudades. Las autoridades municipales han advertido que los vehículos abandonados pueden representar riesgos para la circulación, el medioambiente y la salud pública. La propia Policía Municipal de Tránsito de Asunción recibe entre 10 y 15 denuncias formales por semana relacionadas con vehículos abandonados, según datos proporcionados por su director, Rodrigo Delvalle.

En la capital, los vecinos pueden denunciar estos casos presencialmente ante la Municipalidad o mediante los canales digitales habilitados, acompañando fotografías y la ubicación precisa del automóvil. La denuncia permite generar un expediente para que la autoridad pueda iniciar el procedimiento correspondiente.

Pero existe otro escenario todavía más complejo: los depósitos institucionales. Días atrás, ABC documentó el colapso de la Unidad de Excedentes de la Municipalidad de Asunción, donde se acumulan camiones recolectores, grúas, camionetas, maquinaria pesada e incluso un vehículo de bomberos fuera de servicio. Parte de los rodados permanece expuesta a la intemperie y algunos presentan un avanzado estado de deterioro.

Los trabajadores municipales cuestionan que el mantenimiento deficiente haya acelerado el deterioro de vehículos que todavía podrían haber tenido una vida útil mayor. La administración comunal, por su parte, sostiene que los bienes almacenados ya fueron dados de baja y que la acumulación está relacionada principalmente con las demoras burocráticas necesarias para concretar una subasta pública.

La existencia de mecanismos de subasta demuestra que el Estado ya dispone de instrumentos para transformar determinados bienes abandonados o comisados en recursos económicos. La Senabico, por ejemplo, tiene prevista para el 24 de septiembre una subasta pública de vehículos, camiones, herramientas, maquinaria y otros bienes, con jornadas previas para que los interesados puedan verificar físicamente los lotes.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en retirar los automóviles de las comisarías. Paraguay necesita un procedimiento que permita determinar rápidamente la situación jurídica de cada vehículo, identificar a su propietario cuando corresponda, cumplir las órdenes judiciales y, una vez agotadas las instancias legales, decidir si debe ser devuelto, subastado, reutilizado o enviado a reciclaje.

Mientras ese circuito no funcione con mayor rapidez, las comisarías continuarán transformándose en depósitos improvisados de vehículos que pierden valor cada día. Lo que comenzó como un automóvil retenido por una investigación o abandonado después de un accidente termina convertido en una carcasa oxidada que ocupa espacio policial, deteriora el entorno y puede permanecer durante años sin una solución definitiva.

El problema de las “comisarías-chatarrería” es, en definitiva, el reflejo visible de una dificultad mucho mayor: la falta de un sistema suficientemente ágil para administrar los vehículos abandonados, judicializados o fuera de circulación desde el momento en que son retirados de las calles hasta su destino final.

Foto: Pablo Otazú / ABC Color