La eliminación de la subvención estatal a los combustibles desde enero de 2027 marcará uno de los cambios económicos más importantes de Bolivia en los últimos años. El Gobierno de Rodrigo Paz asumió este compromiso dentro del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por aproximadamente US$ 1.900 millones, mientras el ministro de Economía, Christian Morales, advirtió que la inflación del próximo año podría ubicarse entre el 10% y el 14%.

La noticia publicada por Hoy Bolivia señala que el impacto del retiro de la subvención se trasladará principalmente al transporte y, desde allí, al resto de la economía. El combustible es un insumo transversal: interviene en el transporte de pasajeros y mercancías, la producción agrícola, la distribución de alimentos y prácticamente todas las cadenas logísticas. Por esa razón, un aumento de los carburantes puede terminar reflejándose en los precios que pagan los consumidores.

El compromiso con el FMI es más específico de lo que inicialmente se había planteado. El Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece que el Presupuesto General del Estado de 2027 no incluirá recursos para subvencionar los combustibles, ni mediante el Tesoro ni a través de empresas estatales. El documento señala además que, desde enero, los precios nacionales deberán alcanzar un nivel de recuperación de costos.

Esto significa que Bolivia avanzará hacia un esquema en el que el precio interno de los carburantes tendrá que reflejar mucho más el costo real de abastecimiento. El Gobierno sostiene que la decisión forma parte de un programa más amplio destinado a reducir el déficit fiscal, mejorar las reservas internacionales y recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. El acuerdo con el FMI tendrá una duración de 36 meses y contempla financiamiento por unos US$ 1.900 millones.

¿Por qué el combustible puede provocar una inflación tan elevada?

El efecto no se limita al precio que aparece en una estación de servicio. Cuando aumenta el costo del diésel o la gasolina, una empresa de transporte enfrenta mayores gastos para mover mercancías. Ese incremento puede terminar incorporándose al precio final de los productos. Lo mismo ocurre con agricultores, distribuidores, industrias y comercios que dependen directa o indirectamente del transporte.

El impacto puede ser particularmente sensible en los alimentos. Un producto cultivado en una región rural debe ser trasladado hasta los centros de abastecimiento y posteriormente distribuido a mercados y supermercados. Cada etapa incorpora costos logísticos. Si el combustible aumenta, la presión puede transmitirse progresivamente desde el productor hasta el consumidor.

El propio Gobierno reconoce que la eliminación de la subvención tendrá un efecto inflacionario en el corto plazo. El acuerdo con el FMI señala que la reordenación de precios, junto con otros ajustes económicos, puede retrasar temporalmente el proceso de reducción de la inflación.

Morales habla de una inflación de entre 10% y 14%

El ministro Christian Morales explicó que las proyecciones elaboradas durante las negociaciones con el FMI contemplan una inflación que podría situarse entre 10% y 14% en 2027. La autoridad presentó ese intervalo como un techo que el Gobierno espera no necesariamente alcanzar y afirmó que se aplicarán medidas destinadas a contener el impacto sobre los hogares.

La cifra adquiere relevancia porque implicaría mantener durante otro año una inflación de dos dígitos. Según la información publicada por Hoy Bolivia, el Gobierno estima que el retiro de la subvención será uno de los principales factores detrás de la presión sobre los precios durante 2027.

Sin embargo, es importante diferenciar entre una proyección y un resultado definitivo. El 10%-14% no significa que los precios necesariamente subirán exactamente en ese porcentaje. La inflación final dependerá también de la evolución del tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo, la disponibilidad de dólares, la producción nacional, las importaciones y las políticas monetarias y fiscales que se adopten.

El Gobierno promete proteger a los sectores más vulnerables

Uno de los puntos políticamente más sensibles del acuerdo es cómo compensar a las familias que tendrán mayor dificultad para absorber el aumento de los costos.

El ministro Morales aseguró que el Gobierno incrementará el gasto específico destinado a asistencia social. También señaló que se estudian mecanismos de apoyo que podrían incluir bonos u otras formas de transferencia para los sectores considerados prioritarios.

El acuerdo con el FMI establece precisamente que, mientras se eliminan las subvenciones, deberá aumentar el gasto destinado a asistencia social. La intención declarada es evitar que el ajuste recaiga de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos.

La dificultad será determinar quiénes recibirán esa protección y cuánto será necesario transferir para compensar el encarecimiento del transporte y de los productos básicos. Un subsidio general al combustible beneficia a toda la población, mientras que una ayuda focalizada obliga al Estado a identificar y asistir específicamente a quienes más necesitan protección.

¿Y qué pasará con el GLP?

Otro punto que genera incertidumbre es el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado por millones de hogares bolivianos.

El ministro Morales evitó precisar si el precio del GLP también será llevado inmediatamente a niveles internacionales y afirmó que esa situación será evaluada cuando corresponda. Actualmente, el precio de la garrafa se mantiene por debajo de su costo económico real gracias al esquema de subvención.

La definición será particularmente importante para las familias, porque un incremento del GLP tendría un efecto directo sobre el presupuesto doméstico y podría generar presión adicional sobre otros precios.

Un cambio profundo en el modelo económico

La eliminación de la subvención debe entenderse dentro de un programa económico mucho más amplio. El acuerdo con el FMI contempla reducción del déficit fiscal, fortalecimiento de las reservas internacionales, mayor flexibilidad cambiaria y límites al financiamiento del Gobierno mediante el Banco Central.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para estabilizar las finanzas públicas y recuperar el equilibrio macroeconómico. Sus críticos, en cambio, advierten que el costo social del ajuste puede ser elevado si el incremento de los precios supera la capacidad de recuperación de los salarios y de los ingresos familiares.

Para Bolivia, por tanto, 2027 será un año de transición económica de enorme importancia. El país deberá intentar corregir una estructura fiscal que el Gobierno considera insostenible sin provocar una caída demasiado fuerte del poder adquisitivo ni afectar la actividad productiva.

La pregunta central será si los recursos obtenidos mediante el ahorro fiscal y el financiamiento internacional conseguirán compensar los efectos iniciales del ajuste.

El fin de la subvención a los carburantes no representa simplemente un cambio en el precio de la gasolina o el diésel. Puede modificar los costos de transporte, alimentos, producción y servicios y, en consecuencia, la economía cotidiana de millones de bolivianos. El Gobierno apuesta a que el ajuste permita recuperar estabilidad financiera; la población deberá enfrentar mientras tanto el desafío de atravesar una transición que podría comenzar con una inflación de dos dígitos y una importante presión sobre el costo de vida.

Foto: Hoy Bolivia / Ministerio de Economía