El debate sobre la organización territorial de Bolivia vuelve a ocupar un lugar central en la discusión política y económica del país. Un análisis publicado por Hoy Bolivia sostiene que la concentración de las decisiones políticas y financieras en el Gobierno central, combinada con problemas de corrupción e institucionalidad, ha terminado convirtiéndose en un obstáculo estructural para el desarrollo de distintas regiones.

El planteamiento parte de una discusión que acompaña a Bolivia desde su nacimiento como República: cómo distribuir el poder, los recursos y las responsabilidades entre el Gobierno nacional y las regiones. Según el análisis de Hugo Salvatierra, la excesiva concentración de decisiones habría generado problemas como desigualdad en la distribución fiscal, burocracia, ineficiencia administrativa, utilización deficiente de recursos públicos y un debilitamiento progresivo de las autonomías.

Uno de los antecedentes históricos mencionados es la Revolución Federal de 1898-1899, enfrentamiento que involucró a liberales del norte, vinculados principalmente con La Paz, y conservadores del sur, con Sucre como uno de sus principales referentes. Aunque el movimiento liberal utilizó la bandera federal durante el conflicto, su victoria terminó acompañada por el traslado de la sede de Gobierno a La Paz y la consolidación de un Estado con fuerte concentración del poder.

Santa Cruz aparece posteriormente como uno de los principales territorios impulsores de una mayor descentralización. El análisis recuerda el Memorándum de 1904 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, documento que cuestionó el abandono del oriente boliviano y planteó la necesidad de impulsar infraestructura, integración territorial y una distribución más equilibrada de oportunidades.

Otro episodio decisivo fue el movimiento por las regalías petroleras de la década de 1950. La reivindicación del 11% de la producción petrolera para Santa Cruz se convirtió en un capítulo importante de las luchas cívicas del departamento y, según el artículo, contribuyó posteriormente a generar condiciones para el desarrollo de su sector agroindustrial.

Con el retorno de la democracia aparecieron nuevos avances en materia de descentralización. La Ley de Participación Popular de 1994 impulsó la municipalización del país, mientras que en 2005 se produjo la elección directa de prefectos después de años de movilizaciones cívicas. Estos procesos modificaron parcialmente la relación entre el poder central y los gobiernos subnacionales, aunque no eliminaron las tensiones territoriales.

El análisis publicado por Salvatierra sostiene que el problema se agravó por la corrupción y el avance del narcotráfico, fenómenos que, desde su perspectiva, han generado consecuencias que exceden el ámbito económico. Entre ellas menciona el deterioro de servicios como salud y educación, problemas de seguridad, inseguridad jurídica, pérdida de empleo formal, expansión de la informalidad y una mayor polarización social.

Uno de los argumentos más llamativos del artículo relaciona el centralismo con el crecimiento demográfico de Santa Cruz. La tesis sostiene que la ineficiencia estatal habría contribuido a expulsar población de otras regiones, mientras que el departamento cruceño se convirtió en un polo de atracción debido a su actividad productiva y a las oportunidades económicas que ofrece.

El autor recurre además a la teoría del federalismo fiscal del economista Charles Tiebout para defender la idea de que una mayor competencia entre regiones puede incentivar una administración pública más eficiente. Bajo esa perspectiva, los gobiernos territoriales competirían por atraer inversiones, población y actividad económica mediante mejores servicios públicos y marcos tributarios más favorables.

El planteamiento, sin embargo, corresponde a un artículo de opinión y no a un informe institucional o a un estudio económico independiente. Su propuesta central es política: reducir el peso del centralismo y avanzar hacia un modelo territorial con mayores capacidades para las regiones. Salvatierra considera que esta discusión dejó de ser únicamente una reivindicación de Santa Cruz y pasó a convertirse, en su interpretación, en una cuestión nacional vinculada al futuro institucional de Bolivia.

El debate adquiere especial relevancia en un momento en que Bolivia enfrenta desafíos relacionados con la economía, la administración pública, la distribución de recursos y la confianza en sus instituciones. La discusión sobre cuánto poder debe permanecer en La Paz y cuánto debe ser transferido a departamentos y gobiernos locales vuelve así al centro de la agenda nacional.

Más allá de las posiciones políticas, la cuestión de fondo permanece abierta: ¿puede Bolivia mejorar su desarrollo económico y su calidad institucional manteniendo una estructura fuertemente centralizada, o necesita avanzar hacia un modelo con mayor autonomía y competencia entre sus regiones? Esa discusión, que comenzó hace más de un siglo, continúa siendo una de las grandes cuestiones pendientes de la organización del Estado boliviano.

Con información Hoy Bolivia / Hugo Salvatierra

Foto: Hoy Bolivia