La disputa entre el Gobierno de Bolivia y Evo Morales entró nuevamente en una fase de alta tensión. Organizaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba instalaron una vigilia permanente alrededor del exmandatario y advirtieron que podrían responder si fuerzas policiales o militares ingresan a la región para detenerlo. La movilización se produce después de que Morales denunciara la existencia de un supuesto operativo para acabar con su vida y acusara al presidente Rodrigo Paz y a su ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, de estar detrás de una acción coordinada con Estados Unidos. Hasta ahora, esa acusación no ha sido confirmada oficialmente, pero las amenazas públicas de los dirigentes del Chapare elevan considerablemente el riesgo de un enfrentamiento.

El conflicto tiene como escenario principal el Trópico de Cochabamba, territorio que durante décadas constituyó la principal base política y sindical de Morales. Las seis federaciones cocaleras de la región aprobaron cinco resoluciones durante una reunión realizada el domingo 23 de agosto y decidieron reforzar la protección del expresidente en Lauca Ñ. La primera de esas resoluciones contiene una advertencia directa contra policías y militares: si ingresan al territorio con la intención de atacar a Morales o la vigilia, las organizaciones afirmaron que no garantizarán la seguridad de los efectivos. Un dirigente incluso utilizó una expresión todavía más contundente al señalar que quienes ingresen al Chapare “no van a salir”.

La tensión aumentó después de que Evo Morales denunciara públicamente un supuesto plan para asesinarlo. El expresidente aseguró que recibió información de militares y policías que consideró “patriotas” y sostuvo que estaría preparándose un operativo en el Trópico de Cochabamba por instrucciones del Gobierno. También afirmó que el ministro de Defensa habría permanecido aproximadamente dos semanas en Estados Unidos para preparar la operación junto con autoridades estadounidenses. Morales llegó a señalar que un coronel, cuya identidad no reveló, le recomendó utilizar permanentemente un chaleco antibalas. Estas afirmaciones forman parte de la versión difundida por el propio Morales y sus seguidores y no constituyen, por sí mismas, una confirmación de que exista un plan de asesinato.

La reacción de las organizaciones cocaleras muestra que la defensa de Morales dejó de ser solamente una cuestión política y comenzó a adquirir características de confrontación territorial. La vigilia tiene como objetivo impedir que las fuerzas de seguridad puedan acercarse al lugar donde permanece el expresidente. En los últimos meses ya se habían registrado episodios similares, incluyendo movilizaciones, bloqueos y vigilancia de instalaciones policiales y militares después de situaciones que los seguidores de Morales interpretaron como posibles preparativos para su captura. En mayo, por ejemplo, un apagón de más de dos horas en el Chapare provocó alarma entre sus seguidores y terminó con el refuerzo de la guardia que protege al exmandatario.

El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta así una situación particularmente delicada. Morales permanece en el Chapare desde hace casi dos años y cuenta con una estructura sindical capaz de movilizar rápidamente a miles de personas, mientras sobre él pesan órdenes judiciales relacionadas con una investigación por presunta trata de personas y otros procesos vinculados con las movilizaciones de 2026. El expresidente no se presentó a varias convocatorias judiciales y fue declarado en rebeldía, situación que permitió mantener vigente una orden de aprehensión. Morales, por su parte, sostiene que las causas judiciales forman parte de una persecución política.

El problema para las autoridades es que ejecutar una orden de captura en el Chapare no equivale a detener a una persona en una ciudad cualquiera. La presencia de organizaciones sindicales que consideran a Morales su principal dirigente, sumada a la vigilancia permanente de sus seguidores, puede convertir cualquier intento de ingreso policial en un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Ya existen antecedentes de bloqueos, cercos y resistencia a la presencia de las fuerzas de seguridad en la región. El Gobierno debe, por tanto, equilibrar el cumplimiento de las decisiones judiciales con el riesgo de que una operación produzca violencia y una nueva escalada política.

La situación se vuelve todavía más sensible porque el país continúa bajo un estado de excepción decretado en junio por el presidente Rodrigo Paz. La medida fue adoptada durante una ola de protestas y bloqueos y tiene una duración de 90 días. Entre sus disposiciones se encuentran restricciones a los bloqueos de carreteras, la portación de armas y explosivos durante movilizaciones y determinadas formas de transporte de combustible en zonas de conflicto. El mitin convocado por los cocaleros para este miércoles 26 de agosto tendrá lugar cuando resten 23 días para la finalización de ese régimen excepcional.

La movilización también tiene un componente político de largo alcance. Evo Morales conserva una capacidad de movilización territorial que sobrevivió a su salida de la Presidencia y a la pérdida del control del Gobierno por parte de su corriente política. El Chapare continúa siendo su principal bastión y las organizaciones cocaleras mantienen una relación histórica con su liderazgo. Morales llegó a la política nacional precisamente desde la dirigencia sindical de los productores de coca y utilizó esa estructura para construir posteriormente el movimiento político que lo llevó a la Presidencia en 2006. Esa conexión explica por qué cualquier amenaza contra su permanencia en el Trópico puede generar una reacción inmediata de las organizaciones locales.

Ahora la región se prepara para una concentración en Ivirgarzama, convocada para el miércoles 26 de agosto. La movilización busca expresar respaldo a Morales y rechazar cualquier eventual operación de las fuerzas de seguridad. La concentración puede convertirse en una prueba para el Gobierno de Paz: una presencia policial o militar masiva podría ser interpretada por los cocaleros como el comienzo de una operación de captura, mientras una ausencia de las fuerzas de seguridad podría ser utilizada políticamente para cuestionar la capacidad del Estado de hacer cumplir las decisiones judiciales.

El episodio también refleja una paradoja institucional: un expresidente con órdenes de captura permanece protegido por una organización sindical dentro de una región donde las autoridades nacionales tienen dificultades para ejercer plenamente el control territorial. La situación no significa que el Estado haya perdido el control del Chapare, pero sí evidencia que cualquier intervención debe considerar una estructura social organizada y con capacidad de resistencia.

La tensión llega además en un momento en que Bolivia atraviesa una etapa de reacomodo político después de años de división dentro del movimiento que gobernó el país durante casi dos décadas. Morales mantiene una disputa histórica con Luis Arce y ahora confronta con el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz. La crisis alrededor de su posible captura puede convertirse nuevamente en un factor de movilización nacional si las organizaciones del Trópico deciden trasladar la protesta fuera de Cochabamba.

Por ahora, la situación permanece en un peligroso punto de equilibrio. Los cocaleros aseguran que defenderán físicamente a Morales; el expresidente afirma que existe una amenaza contra su vida; y las autoridades enfrentan la obligación de hacer cumplir las decisiones judiciales. Una intervención mal calculada podría transformar una operación policial en una crisis política y social de mayores dimensiones.

El próximo miércoles puede ser determinante. Si la concentración de Ivirgarzama transcurre sin incidentes, el Gobierno todavía tendrá margen para buscar una salida institucional. Si se produce un choque entre manifestantes y fuerzas de seguridad, el conflicto podría adquirir una dinámica mucho más difícil de controlar.

El Chapare vuelve así a ocupar el centro de la política boliviana. Y esta vez, la pregunta ya no es solamente qué ocurrirá con Evo Morales, sino hasta dónde están dispuestos a llegar sus seguidores para impedir que el Estado llegue hasta él y hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno para ejecutar las decisiones judiciales sin provocar una nueva crisis nacional.