Amnistía Internacional lanzó una fuerte advertencia sobre la expansión de las tecnologías de vigilancia utilizadas por el Estado argentino durante los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei. La organización sostiene que el país está incorporando herramientas capaces de recopilar grandes volúmenes de información, analizar redes sociales, reconocer rostros, rastrear movimientos y realizar vigilancia aérea, mientras los mecanismos de control y supervisión avanzan con mayor lentitud. El organismo advierte que esta combinación puede afectar la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación ciudadana.

El informe, denominado “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”, analiza medidas adoptadas mediante decretos y resoluciones durante 2024 y 2025 y documenta adquisiciones de tecnología por al menos US$1,2 millones. Entre ellas aparecen sistemas para monitorear redes sociales y fuentes abiertas, reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea. Amnistía Internacional elaboró el trabajo a partir de entrevistas con 21 personas, entre periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos, además del análisis de documentos de contratación y pedidos de acceso a información pública.

Uno de los aspectos más sensibles es la utilización de inteligencia artificial y análisis automatizado de grandes cantidades de datos. El Gobierno incorporó plataformas capaces de recopilar y relacionar información procedente de redes sociales, páginas web, bases de datos públicas y otras fuentes digitales. También fueron adquiridas licencias de reconocimiento facial y equipos de vigilancia aérea con cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real. Entre las compras identificadas figuran una licencia de Clearview AI para reconocimiento facial por unos US$33.500, herramientas de Maltego para investigaciones con información pública por aproximadamente US$239.000, servicios de Nosis por unos US$17.000 y drones y estaciones terrestres por cerca de un millón de dólares.

La preocupación no se concentra únicamente en cuánto dinero se destinó a estas tecnologías, sino en qué puede hacer el Estado con la información obtenida y bajo qué controles. Amnistía sostiene que la combinación de vigilancia digital, reconocimiento facial, drones y acceso ampliado a bases de datos puede permitir construir perfiles sobre personas y grupos sociales. El organismo señala además que periodistas, activistas, migrantes y participantes de protestas aparecen entre los sectores potencialmente más expuestos. Algunas de las personas entrevistadas afirmaron haber reducido su actividad pública o su participación en manifestaciones por temor a ser identificadas y posteriormente señaladas.

El debate adquiere especial importancia en Buenos Aires, donde las manifestaciones de jubilados frente al Congreso se realizan semanalmente y se convirtieron en uno de los principales focos de protesta contra las políticas del Gobierno nacional. Amnistía documentó testimonios de participantes que describieron la presencia de drones durante esas movilizaciones. La organización considera que la posibilidad de identificación permanente puede generar un efecto disuasorio: una persona puede decidir no asistir a una protesta, no publicar una opinión o no participar de una organización simplemente por temor a que sus movimientos queden registrados.

La expansión tecnológica se produce además sobre un marco institucional que Amnistía considera insuficiente. La organización cuestiona particularmente el Decreto 383/2025, mediante el cual se ampliaron las facultades de la Policía Federal para realizar tareas de vigilancia en redes sociales y acceder a bases de datos estatales, y el DNU 941/2025, que modificó aspectos del sistema de inteligencia. Según Amnistía, estas medidas ampliaron las capacidades de recopilación y procesamiento de información sin mecanismos de control judicial y legislativo considerados suficientes para evitar abusos.

El caso argentino se conecta con una tendencia internacional que preocupa cada vez más a organizaciones de derechos humanos: la transformación de la vigilancia tradicional en sistemas capaces de cruzar automáticamente enormes cantidades de información. Una cámara ya no necesita limitarse a registrar imágenes; puede integrarse con sistemas de reconocimiento facial. Un dron puede transmitir imágenes en tiempo real. Una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas puede relacionar publicaciones, nombres, ubicaciones y otros datos disponibles en internet. La combinación de estas herramientas es la que genera el mayor riesgo, porque permite construir perfiles mucho más detallados que los que podría elaborar un agente utilizando métodos tradicionales.

La discusión tampoco significa que toda tecnología de seguridad sea ilegal o que el Estado no pueda utilizar inteligencia artificial para combatir delitos. El punto central es la proporcionalidad y el control sobre su utilización. Los sistemas de reconocimiento facial pueden contribuir a localizar personas buscadas por la Justicia; los drones pueden ser útiles para operaciones de emergencia, vigilancia de fronteras o búsqueda y rescate; y el análisis de información pública puede facilitar investigaciones criminales. El problema aparece cuando estas herramientas se utilizan de manera generalizada sobre ciudadanos que no están vinculados con ningún delito, sin reglas claras, sin transparencia y sin mecanismos eficaces para cuestionar decisiones automatizadas.

Amnistía Internacional reclama precisamente regulaciones específicas para la adquisición, desarrollo, importación, exportación y utilización de tecnologías de vigilancia, además de límites al reconocimiento biométrico remoto cuando pueda producir vigilancia masiva o discriminatoria. También reclama mecanismos efectivos de rendición de cuentas y que las autoridades responsables de eventuales abusos puedan ser investigadas.

El Gobierno de Milei todavía no aparece públicamente enfrentando una prohibición general para utilizar estas herramientas. El conflicto está en otro nivel: qué límites democráticos debe tener un Estado cuando dispone de capacidades tecnológicas que hace apenas unos años eran prácticamente inaccesibles para las fuerzas de seguridad. La discusión sobre vigilancia dejó de ser exclusivamente una cuestión policial y pasó a involucrar derechos constitucionales, protección de datos, libertad de expresión y funcionamiento del sistema democrático.

La preocupación de Amnistía también se suma a cuestionamientos anteriores sobre el manejo de la protesta social y el espacio cívico durante la administración Milei. En su balance sobre Argentina correspondiente a 2025, la organización había advertido sobre restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento a periodistas, criminalización de la protesta y utilización de mecanismos de vigilancia.

El escenario plantea un desafío que trasciende al actual gobierno. Las tecnologías adquiridas por un Estado no desaparecen cuando cambia un presidente. Un sistema de reconocimiento facial, una plataforma de análisis de redes sociales, una base de datos interoperable o una flota de drones puede continuar funcionando durante años y quedar a disposición de futuras administraciones. Por eso, las reglas sobre quién puede utilizarlas, con qué autorización, durante cuánto tiempo, qué información puede conservarse y quién controla su funcionamiento tienen una importancia institucional que va mucho más allá de Javier Milei.

Argentina se encuentra así ante una discusión que ya atraviesa a Estados Unidos, Europa y numerosos países latinoamericanos: cómo aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la seguridad sin convertirla en una herramienta de vigilancia permanente sobre la sociedad. La tecnología puede hacer que el Estado sea más eficiente para encontrar a un delincuente, pero también puede hacerlo mucho más eficiente para observar a millones de personas que jamás cometieron un delito.

La advertencia de Amnistía Internacional coloca precisamente esa frontera en el centro del debate. El problema no es que Argentina tenga tecnología de vigilancia; el problema es qué límites tendrá esa tecnología y quién vigilará a quienes tienen la capacidad de vigilar a toda la sociedad.