El MERCOSUR consiguió modernizar buena parte de su estructura arancelaria y mantiene vigente un Arancel Externo Común, pero todavía está lejos de funcionar como una verdadera unión aduanera. La investigación de la normativa vigente muestra que los cuatro países aplican el AEC como regla general, pero conservan numerosas excepciones nacionales, mecanismos especiales y reducciones temporales que permiten que un mismo producto pueda recibir tratamientos diferentes según ingrese por Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay. La discusión ya no es si existe un Arancel Externo Común —existe desde 1994—, sino hasta dónde están dispuestos los socios a ceder autonomía para convertirlo en una política comercial realmente común.

El problema tiene una raíz histórica. El AEC fue adoptado en 1994, como uno de los instrumentos fundamentales para avanzar desde una zona de libre comercio hacia una unión aduanera. La idea era relativamente sencilla: los bienes producidos dentro del bloque circularían con preferencias internas y los productos provenientes de terceros países pagarían un arancel común. De esa manera, los cuatro Estados evitarían competir entre sí mediante diferentes niveles de protección frente al exterior. Tres décadas después, ese objetivo todavía no se alcanzó plenamente.

El MERCOSUR sí avanzó, pero de manera gradual

Sería incorrecto afirmar que el AEC está paralizado. El bloque continúa modificando su nomenclatura, actualizando alícuotas y aprobando cambios arancelarios. La Decisión CMC 8/2022 constituye actualmente una de las bases del AEC y su versión ha sido actualizada varias veces, incluso en marzo de 2026. Además, durante 2025 y 2026 se aprobaron nuevas modificaciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y del propio arancel.

En mayo de 2026, por ejemplo, el MERCOSUR aprobó una nueva modificación de la Nomenclatura Común y del AEC mediante la Resolución 4/2026. En junio volvió a aprobar otra modificación, mediante la Resolución 16/2026. Esta última todavía no había sido incorporada por ninguno de los cuatro Estados Parte al momento de la consulta oficial.

Esto demuestra una de las dificultades estructurales del bloque: MERCOSUR puede aprobar una regla común, pero su aplicación efectiva depende posteriormente de que cada Estado la incorpore a su ordenamiento jurídico.

La demora no es un detalle burocrático menor. El propio Protocolo de Ouro Preto establece que, para determinadas normas, los Estados deben incorporarlas internamente y comunicarlo a la Secretaría del MERCOSUR antes de que puedan entrar en vigor simultáneamente.

La gran contradicción: un arancel común lleno de excepciones

El mayor problema aparece al analizar las listas nacionales de excepciones.

Actualmente, el régimen permite que cada país mantenga una determinada cantidad de posiciones arancelarias fuera del AEC. Argentina y Brasil pueden mantener hasta 100 códigos NCM cada uno; Uruguay hasta 225 y Paraguay hasta 649. Las autorizaciones tienen además plazos diferentes.

Aquí aparece una cuestión que merece especial atención.

Paraguay tiene la lista de excepciones potencialmente más amplia del bloque.

Pero eso no significa automáticamente que Paraguay sea el país que más “traba” la integración.

La razón es que esas excepciones fueron negociadas y autorizadas colectivamente por el propio MERCOSUR, precisamente porque los cuatro países tienen estructuras productivas diferentes y no todos pueden aplicar exactamente el mismo nivel de protección a todos los productos.

Por lo tanto, tener más excepciones autorizadas no equivale necesariamente a bloquear el AEC.

La verdadera cuestión es otra: cuánto utilizan los países esas excepciones, con qué frecuencia modifican sus listas y si las utilizan para proteger sectores estructurales o para responder a situaciones coyunturales.

Brasil: el país que más utiliza su política arancelaria propia

Si la pregunta es qué país muestra actualmente la mayor tensión entre el AEC y su política comercial nacional, Brasil merece una atención especial.

El Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño reconoce expresamente que Brasil adopta el AEC como regla general, pero enumera numerosos casos en los que aplica tarifas diferentes. Entre ellos aparecen productos con aranceles consolidados ante la OMC inferiores al AEC, juguetes, sector automotor y determinados regímenes para autopartes no producidas.

Además, durante 2026 Brasil continuó modificando su propia lista de excepciones.

En junio, por ejemplo, el Gobierno brasileño publicó resoluciones que modificaron la lista de excepciones al AEC, cambiaron alícuotas y alteraron mecanismos relacionados con bienes de capital, informática, telecomunicaciones y productos automotores.

Esto muestra una tensión permanente.

Brasil necesita el AEC para preservar la integración regional, pero al mismo tiempo quiere conservar instrumentos para proteger o abaratar determinados sectores de su propia economía.

Y esa tensión es especialmente importante porque Brasil representa la mayor economía del bloque.

Cuando Brasil modifica una tarifa, el efecto potencial sobre el mercado regional es mucho mayor que cuando lo hace un socio pequeño.

Argentina: más apertura, pero también excepciones

Argentina presenta otra situación.

Durante los últimos años, el Gobierno de Javier Milei ha impulsado una política comercial más orientada hacia la reducción de costos de importación y una mayor apertura, pero eso no significa que haya abandonado el sistema del AEC.

De hecho, Argentina incorporó en 2026 modificaciones recientes de la normativa común. La Decisión CMC 1/2025, que modificó el régimen de listas nacionales de excepciones, fue incorporada por Argentina mediante el Decreto 311/2026. Brasil y Uruguay también la incorporaron, mientras que Paraguay todavía no lo había hecho en el registro oficial consultado.

Esto es relevante porque demuestra que Argentina no está simplemente rechazando la política común.

Al contrario: está incorporando las decisiones adoptadas por el bloque, aunque al mismo tiempo mantiene instrumentos nacionales de política comercial.

Uruguay: un socio que busca más flexibilidad

Uruguay ha sido históricamente uno de los países que reclama mayor flexibilidad comercial dentro del MERCOSUR.

Su problema es estructural: es una economía pequeña dentro de un bloque dominado por Brasil y Argentina, y necesita acceso a mercados y bienes importados a precios competitivos.

Para Montevideo, un AEC demasiado elevado puede encarecer maquinaria, insumos y productos que no necesariamente tienen producción regional suficiente.

Por eso Uruguay ha defendido en distintos momentos una mayor flexibilidad para negociar con terceros países y reducir costos de importación.

Pero la normativa actual demuestra que Uruguay también continúa incorporando las decisiones comunes del MERCOSUR. La Decisión 1/2025 fue incorporada mediante el Decreto 211/025 y otras modificaciones recientes del AEC también fueron incorporadas.

La posición uruguaya, por tanto, no puede reducirse a “Uruguay bloquea el AEC”.

Uruguay quiere una unión aduanera que no le impida comerciar competitivamente con el resto del mundo.

Paraguay: muchas excepciones, pero también una necesidad particular

Paraguay presenta una situación diferente.

Al ser una economía mediterránea, depende mucho de las importaciones, del comercio fronterizo y de los costos logísticos regionales.

Por eso, un arancel elevado sobre maquinaria, insumos o determinados bienes puede afectar directamente la competitividad de las empresas paraguayas.

El MERCOSUR reconoce a Paraguay una lista de excepciones mucho mayor: hasta 649 códigos NCM, frente a 100 para Argentina y Brasil y 225 para Uruguay.

Esta diferencia no es casual.

Paraguay tiene una estructura económica diferente y el bloque ha reconocido la necesidad de otorgarle mayor margen de maniobra.

Pero existe una paradoja: el mismo país que históricamente defendió una mayor apertura y que tuvo un papel importante en acuerdos externos del MERCOSUR también posee una de las listas nacionales de excepciones más amplias.

Esto no significa necesariamente contradicción.

Puede significar que Paraguay necesita una política de apertura que tenga en cuenta su dependencia de bienes importados y su posición geográfica.

¿Entonces quién pone más trabas?

La respuesta debe ser más cuidadosa que señalar a un único país.

No existe evidencia suficiente para afirmar que un solo Estado sea responsable de todo el bloqueo del AEC.

Lo que existe es una disputa estructural entre cuatro modelos económicos.

Brasil quiere conservar herramientas para su enorme industria.

Argentina necesita proteger determinados sectores mientras intenta reducir costos y abrir su economía.

Paraguay necesita importar a precios competitivos y conservar flexibilidad por sus características productivas.

Uruguay busca mayor libertad para negociar con terceros países.

Por eso, el problema del AEC es institucional y no solamente político.

Cada país tiene incentivos para mantener excepciones.

El problema aparece cuando la suma de esas excepciones hace que el arancel común deje de funcionar como una política verdaderamente común.

El dato que revela dónde está el problema real

Los documentos del propio MERCOSUR muestran que todavía existen casos en los que un país aprueba una modificación arancelaria y otro no se expide o no la incorpora.

En documentos de trabajo del Comité Técnico de Aranceles aparecen solicitudes de cambios en las cuales Brasil, Paraguay o Uruguay adoptan posiciones diferentes y Argentina figura en determinados casos como “sin expedirse”.

Esto permite observar el problema desde dentro.

No se trata simplemente de que los gobiernos no quieran integración.

El problema es que cada modificación arancelaria toca intereses productivos concretos.

Bajar el arancel de un producto beneficia al importador y al consumidor, pero puede perjudicar al fabricante regional.

Subirlo protege al productor, pero encarece el insumo para otra industria.

Por eso cada posición arancelaria puede convertirse en una negociación política.

El mundo está cambiando más rápido que el AEC

Existe además un nuevo factor.

El MERCOSUR está negociando y poniendo en funcionamiento nuevos acuerdos comerciales.

El acuerdo con Singapur comenzó a entrar en vigor durante 2026.

El acuerdo con la Unión Europea avanzó hasta su implementación provisional.

Y el bloque aprobó en junio de 2026 un mandato para negociar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón.

Esto aumenta la presión sobre el AEC.

¿Por qué?

Porque cada nuevo acuerdo comercial obliga a MERCOSUR a determinar qué productos tendrán preferencias, qué aranceles se reducirán y cómo se compatibilizarán esas concesiones con la estructura arancelaria común.

Cuantos más acuerdos tenga el bloque, más importante será contar con una política comercial común realmente coordinada.

El AEC frente al acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

La cuestión adquiere todavía más importancia con el acuerdo con la Unión Europea.

Brasil ya tiene publicada información detallada sobre las preferencias arancelarias que se aplicarán bajo el acuerdo y compara las tasas negociadas con el AEC vigente. El sistema brasileño incluso utiliza la alícuota menor entre determinados parámetros para calcular el impuesto de importación en las operaciones alcanzadas por el acuerdo.

Esto demuestra que el AEC ya no puede analizarse aisladamente.

MERCOSUR está entrando en una etapa en la que tendrá múltiples acuerdos externos y deberá administrar diferentes preferencias comerciales.

Si cada país interpreta o aplica las reglas de manera diferente, el bloque puede terminar con una integración comercial cada vez más compleja.

El gran riesgo: una unión aduanera solamente sobre el papel

El AEC fue concebido para evitar algo muy concreto: que una empresa pueda importar un producto por el país que tenga el arancel más bajo y luego introducirlo al resto del mercado regional.

Pero para que esa protección funcione, los cuatro países tienen que aplicar reglas suficientemente homogéneas.

Si existen demasiadas excepciones y diferencias, aparece el riesgo de triangulación comercial y de competencia interna basada en la política arancelaria.

Por eso la verdadera tarea pendiente del MERCOSUR no es simplemente aprobar otra tabla de aranceles.

Es reducir progresivamente la cantidad de excepciones y construir mecanismos que permitan reaccionar rápidamente ante crisis sin destruir la política común.

El nuevo problema: las excepciones temporales se vuelven permanentes

Este es uno de los aspectos que más debería observarse.

MERCOSUR utiliza mecanismos de excepción precisamente porque las economías enfrentan crisis, falta de abastecimiento o cambios bruscos de precios internacionales.

El bloque incluso aprobó en 2026 nuevas acciones puntuales en materia arancelaria debido a los desequilibrios provocados por la coyuntura internacional. Algunas de estas medidas todavía estaban pendientes de incorporación nacional.

El mecanismo tiene sentido.

El problema aparece cuando una excepción creada para resolver una emergencia termina convirtiéndose en una regla permanente.

En ese caso, la excepción deja de ser una válvula de seguridad y comienza a debilitar la unión aduanera.

¿Qué falta para completar el AEC?

La investigación permite identificar al menos cinco tareas.

Primero, reducir y ordenar las listas nacionales de excepciones.

Segundo, establecer criterios más claros para determinar cuándo un país puede apartarse temporalmente del AEC.

Tercero, acelerar la incorporación nacional de las normas aprobadas por el MERCOSUR.

Cuarto, armonizar los regímenes especiales que actualmente permiten diferentes tratamientos arancelarios.

Y quinto, definir qué tipo de unión aduanera quiere realmente el bloque.

Esta última cuestión es la más importante.

Porque el MERCOSUR puede continuar funcionando con excepciones durante décadas.

Pero si quiere convertirse en una plataforma comercial internacional capaz de negociar acuerdos importantes con Europa, Asia, Japón y otros mercados, necesitará mayor coherencia.

La conclusión de la investigación

Después de más de 30 años, MERCOSUR no fracasó en materia arancelaria, pero tampoco completó la tarea que se propuso originalmente.

Tiene un AEC.

Tiene una Nomenclatura Común.

Tiene órganos técnicos que actualizan las posiciones.

Tiene procedimientos para modificar las tarifas.

Tiene listas de excepciones autorizadas.

Y en 2025–2026 continuó aprobando modificaciones y modernizaciones.

Pero todavía no existe una política arancelaria completamente uniforme entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Y señalar a un solo país como responsable sería simplificar demasiado una disputa que es mucho más profunda.

Brasil es el actor con mayor peso y mantiene una política nacional muy activa de excepciones y modificaciones arancelarias. Uruguay reclama históricamente mayor flexibilidad. Paraguay posee la lista de excepciones autorizada más amplia. Argentina mantiene sus propias necesidades de protección y apertura y, al mismo tiempo, está incorporando nuevas normas comunes.

Por eso, la principal “traba” del MERCOSUR no es solamente un gobierno.

Es la dificultad de hacer compatible cuatro estructuras productivas diferentes dentro de una misma frontera aduanera.

El verdadero desafío para el bloque en los próximos años será decidir si quiere mantener un AEC con numerosas válvulas de escape o avanzar hacia una unión aduanera más homogénea, capaz de negociar con el mundo como un solo mercado.

Y la urgencia es mayor que nunca.

Porque mientras MERCOSUR continúa negociando con Singapur, la Unión Europea, Japón y otros socios, el comercio mundial se está reorganizando a gran velocidad.

La pregunta ya no es solamente cuánto arancel cobra MERCOSUR.

La pregunta es si Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay serán capaces de hablar con una sola voz cuando tengan que decidir cuánto quieren abrir sus mercados al resto del mundo.