La investigación por el ataque armado contra la abogada y ex candidata política Nadia Beller entró en una nueva etapa en Bolivia después de que la víctima recibiera el alta médica y abandonara la clínica bajo custodia policial. La Fiscalía anunció que Beller contará con medidas especiales de protección y deberá ampliar su declaración cuando su estado de salud lo permita, mientras los investigadores intentan establecer quiénes ejecutaron el atentado y si existe una conexión entre los presuntos autores materiales y el consultor político argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido preventivamente por una causa de tentativa de feminicidio.

Beller fue atacada la noche del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Según la investigación, dos hombres que vestían como repartidores de comida se aproximaron a ella cuando se encontraba frente a un hotel y efectuaron varios disparos. La abogada recibió tres impactos de bala y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico. Las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron posteriormente en una de las piezas de la investigación, ya que muestran el desplazamiento de los atacantes después del tiroteo.

La gravedad de las heridas obligó a Beller a permanecer cinco días internada en la Clínica Las Américas. Finalmente fue dada de alta el sábado y abandonó el establecimiento en silla de ruedas, acompañada por efectivos policiales. Antes de retirarse, la abogada manifestó que todavía considera que su vida está en peligro. “Mi vida sigue en riesgo”, afirmó, según la información difundida sobre su salida del centro médico.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz decidió establecer un protocolo especial de protección para la víctima. La fiscal Yolanda Aguilera explicó que Beller ya había prestado una primera declaración mientras se encontraba internada, pero que esa manifestación fue tomada en circunstancias excepcionales y con asistencia psicológica. Por ello, los investigadores consideran necesario realizar una declaración ampliatoria cuando su estado físico y emocional permita hacerlo con mayores condiciones de estabilidad.

Este punto puede resultar determinante para la investigación. Beller es una de las personas que puede aportar información directa sobre los hechos y sobre las circunstancias que precedieron al ataque, pero las autoridades deberán contrastar sus declaraciones con evidencia independiente, como imágenes de seguridad, comunicaciones telefónicas, peritajes balísticos, registros de ubicación y testimonios.

La Fiscalía, de hecho, todavía evita afirmar que haya identificado a los autores materiales. Una persona se presentó voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) después de conocer que era señalada como posible participante, mientras otra persona fue aprehendida por un delito relacionado con la tenencia ilícita de armas. Sin embargo, la fiscal Aguilera aclaró que ninguno de ellos había sido confirmado hasta ese momento como autor material del ataque contra Beller.

Uno de los investigados fue identificado como Víctor Hugo C. Z., ciudadano colombiano, quien negó haber participado en el atentado. La Fiscalía indicó que deberá ser entrevistado y que su posible vinculación con el ataque tendrá que determinarse mediante la investigación. El hecho de aparecer mencionado como sospechoso no significa que haya sido establecido judicialmente como responsable.

En paralelo, otro hombre permanece aprehendido por la presunta entrega de un arma de fuego que podría haber terminado en manos de los atacantes. La Fiscalía busca establecer si esa persona tiene una conexión real con el atentado o si su detención corresponde únicamente al delito relacionado con la portación o entrega ilegal del arma. La diferencia es fundamental porque hasta ahora no existe una conclusión oficial que permita afirmar que quienes están bajo investigación sean quienes dispararon contra Beller.

Los investigadores también están analizando información extraída de teléfonos celulares. Entre las comunicaciones examinadas aparece una referencia a una persona que sería presentada como un supuesto jefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). La Fiscalía todavía no confirmó oficialmente la identidad ni el cargo de esa persona y señaló que quienes aparezcan identificados durante las pericias deberán ser citados para prestar declaración.

La investigación adquirió una dimensión política mucho mayor debido a la relación de Beller con Fernando Cerimedo, consultor político argentino que trabajó en campañas de distintos dirigentes de la región y que mantuvo vínculos políticos con el entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires, después del ataque contra Beller.

La Fiscalía boliviana sostiene que existen elementos que justifican investigar a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque y solicitó una prisión preventiva de 180 días. Un juez aceptó el pedido y ordenó su detención en la cárcel de Palmasola, argumentando principalmente riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de obstaculización de la investigación.

Cerimedo, sin embargo, niega las acusaciones a través de su defensa. Su abogado Ernesto Giraldes sostiene que el consultor no intentaba escapar de Bolivia y que el viaje hacia Argentina tenía otra explicación. Según su versión, Cerimedo había recibido información sobre el estado de Beller y regresaba a Santa Cruz para asistirla. La defensa también rechaza que exista una relación entre Cerimedo y los presuntos atacantes.

Uno de los elementos que la Fiscalía analiza son los mensajes intercambiados alrededor del momento del ataque. La defensa reconoce la existencia de determinadas comunicaciones, pero cuestiona la interpretación que hace el Ministerio Público de ellas. Giraldes sostiene que uno de los mensajes difundidos, en el que se informa que Beller había sido baleada, no representa una confirmación de que Cerimedo hubiera ordenado el ataque, sino una comunicación sobre un hecho que ya estaba ocurriendo.

Esta diferencia de interpretación será una de las cuestiones centrales del proceso. Una conversación puede constituir un indicio, pero para establecer responsabilidad penal debe analizarse su contexto, origen, autenticidad, participantes, momento y relación con otras pruebas. La Fiscalía deberá demostrar que los elementos reunidos forman una cadena probatoria coherente que vincule al acusado con la planificación o ejecución del atentado.

La defensa también rechaza una hipótesis alternativa que había comenzado a circular públicamente: que Beller pudiera haber organizado el ataque contra sí misma. El abogado de Cerimedo sostiene que su cliente no contrató, financió ni mantuvo vínculos con los hombres que atacaron a la abogada.

Mientras tanto, la investigación continúa intentando determinar quién contrató a los atacantes, cómo fueron seleccionados, quién proporcionó las armas, quién organizó el desplazamiento y cuál fue el motivo concreto del atentado.

Estas preguntas son especialmente importantes porque el ataque presenta características compatibles con una acción planificada. Los agresores, según la investigación, utilizaron vestimenta asociada a repartidores de comida, se desplazaron en motocicleta y actuaron de manera rápida, antes de abandonar el lugar.

El robo del teléfono y la cartera de Beller después de los disparos también forma parte de la investigación. Los investigadores deberán determinar si esos objetos fueron sustraídos como parte de un robo o si el verdadero objetivo era apoderarse de información almacenada en el teléfono, una cuestión especialmente relevante considerando las acusaciones y disputas que posteriormente surgieron alrededor del caso.

El teléfono de una víctima puede contener información fundamental para una investigación: mensajes, llamadas, fotografías, documentos, ubicaciones, contactos y conversaciones mantenidas antes del ataque. Si el dispositivo fue efectivamente sustraído para eliminar o recuperar información, ese elemento podría modificar significativamente la interpretación del caso. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial que establezca cuál fue el propósito de la sustracción.

El caso también tiene una dimensión política regional. Cerimedo es conocido por su participación en campañas políticas y estrategias digitales de dirigentes de derecha en América Latina. Su nombre estuvo vinculado a la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina y posteriormente apareció asociado al entorno político de Rodrigo Paz en Bolivia. Reuters también lo describió como asesor del presidente boliviano y estratega digital relacionado con Milei.

El Gobierno boliviano ha intentado marcar distancia institucional respecto de las acusaciones y ha señalado que la investigación debe continuar sin interferencias. La relevancia política del acusado aumenta inevitablemente la sensibilidad del proceso, pero judicialmente la cuestión central continúa siendo determinar quién ordenó el ataque y quiénes lo ejecutaron.

El caso también abrió investigaciones paralelas. La Fiscalía boliviana inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo después de que durante allanamientos se encontraran dinero en efectivo y otros elementos que los investigadores consideran relevantes. Esta investigación es distinta de la causa por el atentado y no implica por sí misma responsabilidad en el ataque.

La aparición de esas investigaciones paralelas significa que el caso podría terminar teniendo consecuencias que excedan ampliamente el atentado contra Beller. La Justicia deberá determinar por separado si existen delitos económicos, si existen irregularidades en actividades vinculadas con el poder político y si esos posibles hechos guardan alguna relación con el ataque.

Por ahora, sin embargo, la prioridad inmediata es proteger a la víctima y establecer quién disparó contra ella. La Fiscalía ha dejado claro que todavía no puede confirmar la identidad de los autores materiales, mientras continúa recolectando testimonios y realizando peritajes.

La ampliación de la declaración de Beller podría aportar nuevas piezas. La primera declaración fue tomada cuando todavía estaba internada y antes de someterse a procedimientos médicos, circunstancia que explica por qué los investigadores quieren volver a escucharla con mayor detalle.

Pero su testimonio deberá integrarse con pruebas objetivas. Las cámaras de seguridad, los registros de comunicaciones, los teléfonos incautados, los análisis balísticos y las posibles conexiones financieras pueden permitir establecer una reconstrucción cronológica de lo sucedido antes, durante y después del ataque.

La pregunta central será entonces quién se encontraba detrás de la operación. Identificar a los dos hombres que dispararon constituye solamente una parte de la investigación; determinar quién los contrató y quién tomó la decisión de atacar a Beller puede ser mucho más complejo.

La investigación permanece abierta y las autoridades todavía no han presentado una conclusión definitiva sobre la autoría material. Fernando Cerimedo continúa detenido preventivamente, pero la prisión preventiva no equivale a una condena, y su responsabilidad deberá ser establecida mediante el proceso judicial.

Beller, mientras tanto, enfrenta una recuperación física y una situación de seguridad extraordinariamente delicada. Después de sobrevivir a tres impactos de bala, abandonó el hospital bajo custodia y con la advertencia pública de que todavía teme por su vida.

El próximo paso será su declaración ampliatoria y el resultado de las pericias sobre los teléfonos y demás evidencias. Esos elementos podrían determinar si la investigación logra pasar de las sospechas y acusaciones cruzadas a una reconstrucción judicialmente demostrable del atentado.

El caso Nadia Beller se encuentra así en un punto crítico: una víctima que sobrevivió y permanece bajo protección, presuntos implicados que todavía deben ser vinculados formalmente con el ataque y un acusado de autoría intelectual que niega las acusaciones mientras la Fiscalía intenta reconstruir una posible cadena de responsabilidades.

La investigación deberá responder ahora las preguntas más importantes: quién ordenó el ataque, quién lo ejecutó, cuál fue el motivo y qué información —si alguna— estaba en juego. Hasta que esas respuestas estén respaldadas por pruebas, cualquier hipótesis deberá mantenerse como tal.