El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo este viernes una reunión de casi tres horas con la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) en el Seminario Metropolitano de Asunción, en un encuentro solicitado por el propio mandatario y celebrado en vísperas del tercer aniversario de su llegada al poder. Los obispos llevaron al Gobierno preocupaciones recogidas en sus comunidades sobre la situación de la salud pública, el Instituto de Previsión Social (IPS), las condiciones de los pueblos indígenas, la protección ambiental y la preparación del país ante eventuales emergencias asociadas al fenómeno de El Niño. La Iglesia buscó evitar que el encuentro fuera un acto político de respaldo o confrontación y planteó, en cambio, la necesidad de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y una institución que mantiene una fuerte presencia territorial.

La reunión se realizó por iniciativa de Santiago Peña, quien convocó a las principales autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya para mantener un intercambio que se apartara del formato habitual de las asambleas eclesiásticas. El encuentro reunió al Presidente, al vicepresidente Pedro Alliana y a varios ministros con los obispos paraguayos, en una jornada que generó especial expectativa debido al contexto político: este sábado 15 de agosto se cumplen tres años de la administración de Peña, período durante el cual el Gobierno ha recibido cuestionamientos crecientes por la situación de los servicios públicos, la corrupción, la seguridad, el empleo y particularmente la salud.

El presidente de la CEP, monseñor Pierre Jubinville, explicó después de la reunión que los obispos buscaron que la conversación tuviera un formato diferente. Según relató, el Gobierno presentó su propio balance sobre lo que está haciendo, aquello que considera avances y también aquello que todavía no consigue resolver, mientras que los representantes de la Iglesia expusieron los problemas que observan directamente en las comunidades. La intención, dijo, no fue elaborar una lista interminable de reclamos, sino aprovechar el encuentro para acercar dos perspectivas que muchas veces no coinciden: la del Estado, que trabaja con políticas generales y cifras nacionales, y la de una Iglesia que mantiene contacto cotidiano con familias, comunidades rurales, pueblos indígenas y sectores vulnerables.

La salud pública fue uno de los asuntos que adquirió mayor peso durante la conversación. Jubinville afirmó que el propio Gobierno reconoció que todavía no está cumpliendo todo lo que debería en esta área y que queda un camino importante por recorrer. La afirmación llega en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario paraguayo, con reclamos relacionados con disponibilidad de medicamentos, capacidad de atención, falta de profesionales y problemas financieros del IPS. La cuestión sanitaria dejó de ser únicamente una discusión sectorial para convertirse en uno de los principales puntos de evaluación política de la gestión de Peña, al afectar directamente a millones de personas que dependen de la red pública o del sistema previsional.

Dentro de esa discusión aparece inevitablemente el Instituto de Previsión Social, cuya situación ya había sido señalada por los obispos antes de la reunión. El IPS enfrenta problemas acumulados de financiamiento, provisión de medicamentos y disponibilidad de profesionales, mientras el Gobierno sostiene que trabaja para mejorar su funcionamiento. La Iglesia, sin embargo, observa el problema desde el impacto que tiene sobre los asegurados y sus familias: cuando una persona no consigue medicamentos o atención adecuada en el sistema previsional, la presión termina trasladándose a otros servicios públicos. Por eso, la preocupación de la CEP no se limita a la administración financiera del IPS, sino a la capacidad efectiva del Estado para garantizar atención sanitaria cuando los ciudadanos la necesitan.

La segunda gran cuestión fue la situación de las comunidades indígenas, un tema que los obispos plantearon desde una perspectiva territorial. Jubinville señaló que el Gobierno reconoció la necesidad de avanzar hacia políticas indígenas de carácter más global para atender a estas comunidades. La discusión es relevante porque la pobreza, el acceso a servicios básicos, la educación, la salud, la vivienda, la conectividad y las condiciones de vida de los pueblos indígenas no pueden resolverse mediante una sola política pública. En junio, el Ejecutivo presentó precisamente un proyecto para reorganizar los programas de transferencias sociales mediante un Registro Social de Hogares, con prioridad para poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades indígenas, buscando mejorar la focalización y evitar duplicaciones de beneficios.

La preocupación de la Iglesia tiene además una dimensión territorial que puede resultar incómoda para el Gobierno. Las instituciones eclesiásticas mantienen presencia en zonas donde el Estado tiene dificultades para llegar de manera permanente y, por esa razón, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales reciben información directa sobre problemas que pueden tardar más tiempo en aparecer en los registros oficiales. Jubinville explicó que esa cercanía constituye precisamente uno de los aportes que la Iglesia puede realizar en un diálogo con el Gobierno: mientras el Ejecutivo dispone de una visión nacional de los programas, la Iglesia puede aportar una lectura de lo que ocurre en comunidades concretas y de cómo las políticas públicas son experimentadas por las personas que deberían beneficiarse de ellas.

El tercer eje fue el medioambiente, planteado por la Iglesia bajo la idea del cuidado de la “casa común”. En Paraguay, la cuestión ambiental tiene una relación directa con la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua, los bosques, los recursos naturales y las condiciones de vida de las comunidades rurales e indígenas. Para la CEP, la protección ambiental no puede analizarse separada de la situación social, porque las poblaciones con menos recursos suelen ser también las que tienen menor capacidad para protegerse de la degradación ambiental, las sequías, las inundaciones o la pérdida de recursos naturales. El planteamiento de los obispos introduce así una dimensión social en un debate que habitualmente aparece reducido a cuestiones productivas o regulatorias.

El cuarto asunto fue la preparación ante eventuales emergencias vinculadas con el fenómeno de El Niño. La preocupación no se refiere únicamente al fenómeno climático en sí, sino a la capacidad de Paraguay para anticipar sus efectos sobre comunidades vulnerables, infraestructura, producción agrícola, salud y servicios básicos. La prevención adquiere especial importancia en un país cuya economía y vida cotidiana tienen una fuerte dependencia de las condiciones climáticas. Para los obispos, la preparación debe comenzar antes de que aparezcan las emergencias, especialmente en aquellos territorios donde una inundación, una sequía prolongada o un evento climático extremo puede dejar rápidamente a familias enteras sin ingresos, alimentos, transporte o acceso adecuado a servicios sanitarios.

La duración de la reunión —casi tres horas— generó interés precisamente porque el encuentro se produjo en un momento político particularmente sensible. Paraguay llega al tercer aniversario del Gobierno de Peña con un Ejecutivo que destaca sus resultados económicos y sus programas sociales, pero que enfrenta una evaluación más crítica en áreas como salud, empleo y corrupción. El propio escenario político quedó reflejado en las publicaciones de ABC Color de este viernes, que agrupan reclamos opositores y sociales sobre el desempeño de la administración. Incluso dentro del oficialismo surgieron evaluaciones que reconocen problemas: el senador Natalicio Chase calificó recientemente a la salud pública como la “mayor deficiencia” del Gobierno.

Jubinville buscó, sin embargo, separar la reunión de una eventual lectura partidaria. El presidente de la CEP afirmó que la Iglesia no está para “prolongar”, ayudar ni dañar a un Gobierno y sostuvo que existe un contexto político, pero que el encuentro debe entenderse como parte de una relación institucional que debería existir independientemente de quién ocupe el Palacio de López. Esa precisión es relevante porque evita interpretar la presencia de los obispos como un respaldo político a Peña. La Iglesia paraguaya puede mantener canales de diálogo con el poder de turno y, simultáneamente, formular críticas sobre las políticas públicas y reclamar respuestas frente a problemas sociales.

El antecedente demuestra que esa relación entre la Iglesia y los gobiernos paraguayos no siempre ha sido cómoda. En 2023, pocos meses después de la llegada de Peña al poder, representantes católicos y evangélicos expresaron preocupación por la falta de recursos para salud y educación y cuestionaron que determinados sectores políticos priorizaran sus propios beneficios frente a necesidades sociales. Aquella posición demuestra que la CEP no necesariamente actúa como un aliado automático del Ejecutivo y que su relación con el poder político puede oscilar entre la cooperación institucional y la crítica pública según las circunstancias.

El encuentro de este viernes parece buscar precisamente un punto intermedio entre esos dos extremos. No hubo un enfrentamiento público ni un respaldo político explícito. Hubo una conversación en la que el Gobierno expuso su gestión y los obispos trasladaron las preocupaciones que reciben desde sus comunidades. Para Peña, el diálogo ofrece la posibilidad de escuchar una red territorial que no forma parte de la administración pública y que puede funcionar como una fuente adicional de información social. Para la Iglesia, permite llevar directamente al Presidente reclamos que habitualmente circulan por parroquias, diócesis, organizaciones sociales y comunidades antes de convertirse en grandes conflictos nacionales.

La composición de la delegación gubernamental también muestra que el Ejecutivo quiso darle al encuentro un contenido práctico. Además de Peña y Alliana participaron ministros de áreas directamente relacionadas con los temas discutidos, entre ellos Educación, Salud, Agricultura y Ganadería, Interior y Vivienda y Hábitat. La presencia de esos funcionarios permite que las preocupaciones planteadas por los obispos no queden exclusivamente en el terreno político o pastoral, sino que puedan ser trasladadas a las áreas responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas.

También existe un elemento humano y religioso que el propio Jubinville destacó: varias autoridades del Gobierno pertenecen a la Iglesia Católica. Para la CEP, eso hizo posible que la reunión fuera también un espacio de escucha con personas que forman parte de la misma comunidad religiosa, aunque ocupen responsabilidades dentro del Estado. Esa circunstancia no elimina la separación entre Iglesia y Estado, pero ayuda a explicar por qué los obispos consideran legítimo mantener un diálogo directo con funcionarios y autoridades políticas sin que ello implique una subordinación institucional.

El resultado concreto de la reunión todavía está pendiente. Jubinville señaló que la CEP realizará una evaluación interna y posteriormente decidirá cómo continuar los encuentros y conversaciones con el Gobierno. La intención es que la reunión no quede como una fotografía aislada, sino que pueda abrir un espacio de diálogo regular y, eventualmente, con una agenda más precisa. Ese será el verdadero desafío: pasar de una conversación general sobre los problemas del país a mecanismos mediante los cuales las preocupaciones puedan convertirse en compromisos verificables y políticas concretas.

Para Santiago Peña, el momento no podría ser más significativo. El Presidente entra en el cuarto año de su mandato con argumentos económicos que el Gobierno considera favorables, pero también con la necesidad de demostrar que esos resultados pueden convertirse en mejoras perceptibles en servicios esenciales. El crecimiento económico, la estabilidad y las inversiones tienen un peso importante en el balance de una administración, pero para una familia que espera medicamentos, para una comunidad indígena sin servicios suficientes o para una población expuesta a una emergencia climática, la evaluación del Gobierno se realiza en términos mucho más concretos.

Ahí se encuentra la importancia política de esta reunión. La Iglesia Católica paraguaya no controla el presupuesto público ni legisla, pero posee una presencia social que le permite observar de cerca el impacto de las decisiones gubernamentales. El Gobierno, por su parte, dispone de las herramientas para transformar esas preocupaciones en programas, inversiones y políticas públicas. Si ambos canales consiguen mantenerse abiertos, la relación puede convertirse en un mecanismo útil para detectar problemas antes de que se conviertan en crisis. Si el diálogo queda reducido a declaraciones institucionales, las casi tres horas de conversación tendrán poco impacto fuera del salón donde se produjo el encuentro.

El Gobierno ya reconoció, según el propio presidente de la CEP, que en salud todavía falta mucho por hacer y que también existen tareas pendientes en las políticas destinadas a los pueblos indígenas. Esa admisión puede ser políticamente incómoda, pero también ofrece un punto de partida para una negociación más concreta. El problema será determinar qué medidas pueden implementarse, con qué recursos, en qué plazos y cómo se comprobará que las mejoras llegan efectivamente a las personas que hoy reclaman.

La Iglesia, mientras tanto, parece haber elegido una estrategia distinta a la de una oposición política convencional. En lugar de transformar la reunión en una confrontación pública, abrió un canal directo con el Ejecutivo y puso sobre la mesa problemas que considera urgentes. Eso le permite conservar autonomía frente al Gobierno y, al mismo tiempo, mantener capacidad de interlocución. El resultado puede ser más efectivo que una declaración aislada si consigue que los siguientes encuentros incorporen datos, responsables y compromisos concretos.

La reunión terminó después de casi tres horas, pero la verdadera prueba comenzará ahora. Peña consiguió escuchar directamente a los obispos y la Iglesia logró que sus principales preocupaciones llegaran a la mesa presidencial; el próximo paso será determinar si ese diálogo produce respuestas en salud, atención a los pueblos indígenas, protección ambiental y prevención de emergencias. En el tercer aniversario del Gobierno, la conversación deja una señal clara: Paraguay no necesita solamente que el Ejecutivo muestre sus avances, sino que también escuche a quienes están viendo, desde el territorio, dónde todavía no llegan las soluciones.