La Fiscalía paraguaya intensificó la investigación sobre las presuntas irregularidades que habrían provocado un perjuicio de al menos G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) y solicitó nuevos informes y documentos a la previsional mientras avanza el proceso contra los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez. El fiscal Julio Ortiz busca reconstruir cómo fueron autorizadas, ejecutadas y pagadas obras vinculadas al área quirúrgica del Hospital Central que actualmente presentan cuestionamientos, además de determinar el grado de responsabilidad que pudieron tener quienes ocuparon cargos de decisión dentro del IPS. La causa adquiere mayor dimensión porque se suma a otras investigaciones abiertas durante 2026 por licitaciones, compras, contratos y presuntas irregularidades administrativas dentro de la institución.

La investigación que ahora impulsa el Ministerio Público forma parte de una ofensiva judicial que comenzó a tomar mayor fuerza durante los últimos meses sobre la administración de recursos del Instituto de Previsión Social. El fiscal Julio Ortiz emplazó a la previsional para que entregue documentación considerada relevante para reconstruir el manejo de los llamados denominados “ordenadores de gastos”, mientras la Fiscalía avanza con el proceso penal iniciado contra los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez. El objetivo no es solamente establecer si existió un perjuicio económico, sino determinar quiénes intervinieron en las decisiones que permitieron comprometer y desembolsar recursos públicos para obras que hoy son objeto de fuertes cuestionamientos.

El monto que aparece en el centro de esta investigación ronda los G. 61.000 millones, una cifra que representa una dimensión considerable para una institución que administra recursos destinados principalmente a garantizar servicios de salud y prestaciones de seguridad social a trabajadores asegurados, jubilados y sus familias. La Fiscalía sostiene que el perjuicio estaría relacionado con obras que no cumplieron el objetivo previsto y que, pese al dinero comprometido, terminaron generando interrogantes sobre su ejecución, utilidad y estado actual. El caso adquiere especial sensibilidad porque el IPS atraviesa simultáneamente problemas de abastecimiento de medicamentos, deudas con proveedores y dificultades para sostener la atención sanitaria.

La causa tiene como protagonistas a dos expresidentes de la previsional que ocuparon el máximo cargo institucional en períodos consecutivos. Vicente Bataglia estuvo al frente del IPS entre marzo de 2021 y agosto de 2023, mientras que Jorge Brítez asumió en agosto de 2023 y permaneció en la presidencia hasta abril de 2026. Actualmente, la institución está dirigida por Isaías Fretes, quien asumió en abril de este año y durante los últimos meses comenzó a realizar inspecciones de obras y dependencias que dejaron al descubierto situaciones que su administración considera necesario revisar.

Uno de los puntos que alimentó la investigación fue precisamente el estado de las obras destinadas a ampliar la capacidad quirúrgica del Hospital Central del IPS. El proyecto de nuevos quirófanos fue presentado originalmente como una inversión estratégica para aumentar la capacidad de cirugías y reducir la denominada mora quirúrgica. En febrero de 2026, el propio IPS informó que el proyecto contemplaba 11 nuevos quirófanos, con una inversión de G. 53.000 millones, y que la obra registraba avances físicos importantes. Sin embargo, posteriormente comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre modificaciones, adendas, ejecución y situación de diferentes componentes del proyecto.

La controversia aumentó cuando el actual titular del IPS realizó recorridos por las instalaciones y encontró elementos cuya utilidad o destino no estaban claramente explicados. Uno de los casos mencionados públicamente fue la adquisición de paneles solares vinculados al proyecto, cuyo costo y utilización generaron interrogantes durante una inspección. Funcionarios explicaron que el llamado original tenía un monto de G. 53.000 millones y que una adenda de aproximadamente G. 8.000 millones elevó el total hasta G. 61.000 millones, pero no pudieron explicar inmediatamente el motivo de esa ampliación. Fretes calificó la situación como un “rompecabezas” y apuntó a administraciones anteriores, entre ellas las de Bataglia y Brítez.

Ese episodio resulta relevante para entender por qué la Fiscalía busca ahora documentos adicionales. Una investigación penal de este tipo no puede basarse únicamente en la existencia de una obra inconclusa o en el hecho de que una compra parezca innecesaria. Los fiscales deben reconstruir la cadena administrativa completa: quién solicitó la contratación, quién elaboró los informes técnicos, quién autorizó el llamado, quién adjudicó, quién aprobó las modificaciones, quién certificó los trabajos y quién autorizó finalmente los pagos. Solo a partir de esa secuencia puede establecerse si hubo una decisión administrativa deficiente, negligencia, perjuicio patrimonial o una conducta deliberadamente orientada a beneficiar a terceros.

La investigación sobre Brítez ya había sido formalmente abierta en mayo de 2026. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso entonces la creación de un equipo especial de Delitos Económicos para investigar al entonces expresidente del IPS y al exgerente de Abastecimiento y Logística Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, por presuntos hechos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos. La decisión fue adoptada después de una denuncia presentada por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, quienes cuestionaron cinco procesos de contratación realizados durante la administración anterior.

Aquella denuncia no se limitaba a un contrato específico. Según la documentación presentada ante el Ministerio Público, los cinco procesos cuestionados representaban adjudicaciones por aproximadamente G. 391.574 millones. La Fiscalía comenzó entonces a solicitar información a distintas instituciones para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación y adjudicación. Entre los organismos que fueron considerados relevantes para aportar documentación se encuentran la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República, debido a sus respectivas competencias en materia de control y fiscalización.

La investigación sobre las obras quirúrgicas constituye ahora una línea especialmente sensible porque permite observar cómo decisiones adoptadas durante diferentes administraciones pueden terminar conectándose en un mismo expediente. El IPS no cambia completamente sus proyectos cada vez que cambia su presidente: muchas obras atraviesan varios períodos administrativos, acumulan contratos, modificaciones, adendas y pagos y terminan siendo ejecutadas bajo diferentes autoridades. Por esa razón, la Fiscalía tendrá que separar responsabilidades individuales y establecer qué decisiones corresponden a cada gestión, evitando atribuir automáticamente a un presidente todas las actuaciones realizadas durante un proyecto que pudo comenzar antes de su llegada o continuar después de su salida.

Ese punto será particularmente importante para Vicente Bataglia. El exfuncionario dirigió el IPS hasta agosto de 2023, mientras que Brítez asumió inmediatamente después y permaneció hasta abril de 2026. Algunas obras y contratos cuestionados pueden haber comenzado durante una administración y continuado bajo otra, lo que obliga a analizar las decisiones de cada Consejo de Administración y de los funcionarios técnicos responsables. La propia estructura del IPS establece que la conducción institucional está en manos de un Consejo de Administración, no exclusivamente del presidente, por lo que la investigación deberá determinar qué decisiones fueron individuales y cuáles fueron adoptadas colectivamente.

El antecedente es importante porque ya existen funcionarios y exfuncionarios que han planteado precisamente esa defensa. Gustavo Masi, exdirector de Obras del IPS, sostuvo públicamente que las adjudicaciones y pagos contaron con el aval de las máximas instancias institucionales y remarcó que el Consejo de Administración es la autoridad superior del organismo. También rechazó que todas las obras cuestionadas puedan ser consideradas “fantasmas” y afirmó que la mayoría de las construcciones fueron ejecutadas. Estas declaraciones forman parte de las posiciones defensivas que la Fiscalía deberá contrastar con documentos, peritajes y comprobaciones físicas.

La diferencia entre una obra “terminada”, una obra “ejecutada parcialmente” y una obra que no cumple con el objetivo para el cual fue contratada será fundamental en el proceso. Una infraestructura puede estar físicamente construida y, aun así, presentar problemas de funcionamiento, equipamiento, habilitación o utilidad. Del mismo modo, una modificación contractual puede ser legal si está debidamente justificada, pero puede convertirse en una irregularidad si fue utilizada para aumentar artificialmente el costo, alterar las condiciones originales o beneficiar indebidamente a un contratista. Por eso, los informes técnicos y administrativos que ahora solicita la Fiscalía pueden resultar más importantes que las declaraciones políticas de los involucrados.

La causa también se desarrolla en un momento en que el IPS enfrenta una situación financiera particularmente delicada. En febrero, el propio presidente de la institución, Jorge Brítez en ese momento, había reconocido ante legisladores la existencia de graves dificultades estructurales y señaló que el organismo arrastraba deudas con bancos, farmacéuticas, constructoras y otros proveedores. En esa misma etapa, el Congreso comenzó a discutir una eventual modificación de la carta orgánica del IPS y el problema de la deuda del Estado paraguayo con la previsional.

La contradicción resulta difícil de ignorar: mientras el IPS necesita recursos para medicamentos, insumos, infraestructura y atención médica, la institución está siendo investigada por decisiones administrativas y contrataciones que podrían haber provocado pérdidas millonarias. En agosto, además, una investigación periodística reveló que más de 36.000 medicamentos, valorados en aproximadamente G. 1.800 millones, habían vencido mientras los asegurados denunciaban escasez. Ese tipo de situaciones aumenta la presión sobre las autoridades para explicar cómo se administraron los recursos de la previsional durante los últimos años.

La investigación judicial también se conecta con otros expedientes abiertos dentro del IPS. En junio, la Fiscalía ya había enviado agentes a la sede de la institución para recopilar documentación relacionada con cinco licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades. Los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González solicitaron información al actual presidente Isaías Fretes y comenzaron a reunir documentación de los procesos cuestionados, además de gestionar pedidos de información ante organismos de control.

Ese expediente se originó en una denuncia que estimaba un posible perjuicio superior a G. 391.000 millones, mientras que la causa por las obras fallidas que involucra a Bataglia y Brítez apunta a un perjuicio específico de alrededor de G. 61.000 millones. Son investigaciones relacionadas con el mismo organismo, pero no deben confundirse: se refieren a hechos y montos diferentes y será la Justicia la que determine si existe una conexión entre las distintas operaciones o si se trata de episodios independientes.

La Fiscalía también tiene antecedentes de investigaciones anteriores relacionadas con el IPS que no necesariamente terminaron en acusaciones. En 2024, por ejemplo, tres fiscales habían solicitado desestimar una denuncia que hablaba de un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 1,63 billones, al considerar que no se había podido determinar la existencia del daño ni encuadrar los hechos denunciados en los delitos planteados. Ese antecedente demuestra que una denuncia por una cifra millonaria no equivale automáticamente a un perjuicio penalmente comprobado.

Por esa razón, el nuevo proceso deberá superar una etapa particularmente importante: transformar las sospechas administrativas en pruebas judiciales. Para ello, los investigadores necesitan documentos originales, informes técnicos, contratos, resoluciones del Consejo, certificaciones de obras, comprobantes de pagos, peritajes contables y, eventualmente, declaraciones de funcionarios y responsables de las empresas contratistas. La existencia de diferencias entre lo que fue contratado y lo que finalmente se construyó o utilizó puede ser un indicio, pero no sustituye la demostración de una conducta penalmente relevante.

La solicitud de informes al IPS tiene justamente esa finalidad. La Fiscalía necesita reconstruir el circuito documental para determinar quiénes fueron los ordenadores de gastos, qué autorizaciones fueron emitidas y qué funcionarios tenían competencia para comprometer recursos. También deberá establecer si existieron advertencias internas, informes de auditoría o reparos técnicos que hubieran sido ignorados antes de aprobar determinadas decisiones. Si aparecen documentos que demuestren que una autoridad conocía un problema y aun así autorizó el gasto, la relevancia jurídica del caso puede aumentar considerablemente.

En el caso de Brítez, la investigación ya había avanzado hasta una imputación por presuntos hechos relacionados con la administración de recursos de la previsional. La Fiscalía también había analizado la posibilidad de que otras personas fueran incorporadas al proceso, precisamente porque las decisiones dentro del IPS no dependen exclusivamente de su presidente. La investigación sobre los votos y actuaciones de los integrantes del Consejo de Administración puede ampliar el alcance del expediente si los investigadores encuentran elementos que vinculen a otros funcionarios con las decisiones cuestionadas.

El nombre de Bataglia agrega además una dimensión política y administrativa diferente. Su gestión terminó antes de la llegada de Brítez, pero varias de las obras actualmente cuestionadas tienen antecedentes que se remontan a períodos anteriores. Eso significa que la investigación deberá determinar si existieron decisiones adoptadas durante su administración que generaron obligaciones posteriormente ejecutadas por otras autoridades. La responsabilidad penal, en ese sentido, no se determina por haber ocupado un cargo durante un determinado período, sino por las acciones u omisiones concretas que puedan ser demostradas.

El expediente también coloca bajo presión al actual presidente del IPS, Isaías Fretes, aunque su posición es diferente a la de los investigados. Fretes asumió en abril y comenzó a revisar proyectos heredados de administraciones anteriores. Sus inspecciones y declaraciones públicas han contribuido a colocar algunos de estos casos bajo el foco de la Fiscalía, pero ahora la institución que dirige también deberá entregar la documentación requerida por el Ministerio Público y colaborar con los peritajes que correspondan.

Para los asegurados, la importancia del caso no está solamente en saber si alguien cometió un delito. Está en determinar cuánto dinero se perdió, qué obras quedaron afectadas, quién debe responder y cómo evitar que vuelva a ocurrir. El IPS administra recursos que tienen una finalidad concreta: financiar prestaciones de salud y seguridad social. Cada guaraní comprometido de manera irregular o ineficiente representa, potencialmente, recursos que dejan de estar disponibles para medicamentos, cirugías, equipamiento, infraestructura y atención.

La situación es especialmente delicada porque el sistema ya enfrenta una combinación de problemas. El IPS tiene deudas con proveedores, dificultades para garantizar medicamentos, presión sobre sus profesionales y una infraestructura que necesita inversiones constantes. En ese contexto, las investigaciones por presuntos malos manejos financieros adquieren una dimensión que va mucho más allá de una disputa entre antiguos y actuales administradores.

También está en juego la confianza pública. Cuando una institución de seguridad social aparece asociada repetidamente a denuncias por licitaciones cuestionadas, obras inconclusas, medicamentos vencidos y deudas millonarias, el problema deja de ser exclusivamente financiero y se convierte en una crisis institucional. El asegurado que paga mensualmente sus aportes espera que ese dinero se traduzca en atención médica y prestaciones; cuando observa que millones de guaraníes quedan atrapados en proyectos cuestionados, la pregunta inevitable es quién controló esas decisiones.

La investigación de la Fiscalía puede convertirse, por eso, en una prueba importante para el sistema paraguayo de control de los recursos públicos. Si existen responsabilidades, deberán ser determinadas mediante pruebas y procesos judiciales. Si las acusaciones no logran demostrarse, los investigados también tendrán derecho a que la Justicia descarte las imputaciones. El principio de presunción de inocencia sigue vigente y será indispensable mantener esa diferencia entre investigación, imputación y condena.

Ahora la atención se concentra en los documentos que entregue el IPS y en los peritajes que pueda realizar la Fiscalía. Los contratos y resoluciones permitirán reconstruir la historia administrativa de las obras; los informes técnicos podrán establecer qué se construyó y en qué condiciones; los registros contables permitirán seguir el dinero; y las declaraciones de funcionarios podrán ayudar a explicar por qué determinadas decisiones fueron tomadas.

El siguiente paso podría ser decisivo. Si los documentos confirman que existieron pagos por trabajos no realizados, modificaciones injustificadas o decisiones que provocaron un perjuicio deliberado al patrimonio de la previsional, el expediente podría ampliarse y alcanzar a más funcionarios o particulares. Si, por el contrario, los documentos muestran que las obras fueron ejecutadas conforme a contratos válidos y que las diferencias responden a problemas técnicos o administrativos sin relevancia penal, la investigación deberá reflejarlo.

Lo que ya resulta evidente es que el caso del IPS dejó de ser una discusión aislada sobre una obra cuestionada. La Fiscalía está reconstruyendo una cadena de decisiones administrativas que atraviesa diferentes presidencias y que involucra decenas de miles de millones de guaraníes, mientras el organismo intenta recuperar su capacidad financiera y sanitaria. La investigación deberá determinar si detrás de esas decisiones hubo solamente una gestión deficiente o si existió un esquema organizado para desviar recursos públicos.

El desafío será todavía mayor porque la palabra “mafia” utilizada en el debate público tiene una carga política considerable y no puede convertirse en una conclusión judicial anticipada. Para que exista una organización criminal o un esquema deliberado de corrupción, la Fiscalía tendrá que demostrarlo con pruebas. Hasta entonces, lo que existe son investigaciones, imputaciones y presuntos perjuicios que deben ser esclarecidos.

Pero el expediente ya tiene un dato imposible de ignorar: G. 61.000 millones están bajo la lupa de la Justicia mientras los antiguos responsables del IPS enfrentan un proceso por presuntas irregularidades en obras que debían fortalecer la capacidad sanitaria de la institución. La respuesta que ahora se busca en los documentos solicitados por la Fiscalía puede determinar no solo quién tuvo responsabilidad, sino también cuánto costó realmente al asegurado paraguayo una cadena de decisiones que hoy está siendo revisada judicialmente.