El Gobierno de Paraguay abrió el debate para transformar la estructura institucional del sector energético con la creación de un Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador eléctrico independiente. La propuesta aparece mientras el país enfrenta un fuerte crecimiento de la demanda y necesita movilizar unos US$ 11.000 millones en inversiones durante los próximos 13 a 15 años para ampliar la generación, transmisión y distribución, diversificar su matriz y evitar que su histórica abundancia de electricidad termine convirtiéndose en una ventaja desaprovechada.

La iniciativa fue presentada el 14 de agosto de 2026 durante la primera reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, encabezada por el presidente Santiago Peña, con participación de representantes de la industria, empresas energéticas, especialistas y académicos. El encuentro dejó sobre la mesa dos proyectos de ley: uno destinado a crear el nuevo ministerio y otro para establecer un organismo regulador del sector eléctrico.

El cambio propuesto busca modificar una estructura que durante décadas dejó la conducción energética distribuida entre diferentes organismos públicos. Actualmente, el Viceministerio de Minas y Energía funciona dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mientras que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) concentra funciones fundamentales dentro del sistema eléctrico. La reforma pretende separar con mayor claridad la formulación de políticas, la regulación y la operación del mercado.

La idea no apareció de la noche a la mañana. Durante los últimos meses, el Gobierno ya había avanzado en la construcción de un nuevo marco regulatorio para atraer capital privado al sector. En febrero, el viceministro Mauricio Bejarano había anunciado que se trabajaba en un proyecto para crear un ente regulador independiente que pudiera actuar como árbitro ante conflictos y establecer reglas para nuevas modalidades de generación, comercialización y participación privada.

Ese cambio resulta especialmente importante porque Paraguay acaba de abrir una puerta que durante mucho tiempo permaneció prácticamente cerrada: la participación privada en la generación eléctrica. La Ley N.º 7.599/2025, sobre energías renovables no convencionales, y su posterior reglamentación permiten avanzar en esquemas de autogeneración, cogeneración, generación y exportación de electricidad procedente de fuentes como solar, eólica, biomasa y biogás.

La transformación tiene una razón económica concreta. Paraguay posee una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina y genera electricidad esencialmente a partir de hidroelectricidad, pero disponer de energía abundante no significa automáticamente tener capacidad suficiente para atender cualquier crecimiento futuro. El aumento de la demanda industrial, los proyectos de infraestructura y la expansión de actividades de alto consumo eléctrico obligan a anticipar inversiones con muchos años de margen.

Según las cifras presentadas en la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, el país podría necesitar alrededor de US$ 11.000 millones entre los próximos 13 y 15 años para ampliar infraestructura de generación, transmisión y distribución. La cifra no representa un único proyecto ni un desembolso inmediato del Estado, sino una estimación de las necesidades acumuladas del sistema y del capital que deberá movilizarse mediante diferentes mecanismos de inversión.

La magnitud se entiende mejor al compararla con el tamaño de la economía paraguaya. Un programa de US$ 11.000 millones equivale a varios años de inversión energética sostenida y requeriría una combinación de recursos públicos, financiamiento internacional y capital privado. Por eso, el Gobierno intenta que la reforma institucional funcione como una señal para inversores que necesitan algo más que recursos naturales: necesitan reglas previsibles, contratos claros, mecanismos de resolución de controversias y estabilidad regulatoria.

El sector industrial está mirando particularmente este punto. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), sostuvo durante la reunión que Paraguay necesita una estructura energética confiable, reglas tarifarias claras y seguridad jurídica para que las inversiones puedan desarrollarse. La preocupación es que el país no llegue tarde a un ciclo industrial que podría utilizar su electricidad abundante como una ventaja competitiva.

Aquí aparece uno de los principales desafíos de la reforma: atraer inversión sin trasladar todos los costos al consumidor. La apertura del mercado puede acelerar la construcción de nuevas centrales y ampliar la oferta, pero los nuevos generadores necesitarán contratos, infraestructura de conexión y mecanismos para recuperar sus inversiones. El diseño del mercado determinará quién asume esos costos y bajo qué condiciones.

La discusión ya comenzó a producir señales concretas. En mayo de 2026, la ANDE informó que la reglamentación de la Ley 7.599 abría nuevas oportunidades para proyectos privados y anunció una primera planta solar de gran escala de aproximadamente 140 MW en Loma Plata, Boquerón. La iniciativa forma parte de la estrategia para incorporar nuevas fuentes de generación al sistema paraguayo.

La diversificación es importante porque Paraguay enfrenta una paradoja energética. Su enorme capacidad hidroeléctrica le permitió disponer históricamente de electricidad renovable, pero depender excesivamente de una sola tecnología también expone al sistema a factores como las condiciones hidrológicas. Incorporar solar, eólica, biomasa, biogás y eventualmente otras tecnologías permitiría distribuir mejor los riesgos y aumentar la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

El Gobierno también está mirando mucho más lejos. En julio, una delegación de ANDE y MOPC participó en Viena en reuniones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para evaluar los requisitos de infraestructura y una eventual hoja de ruta para incorporar reactores nucleares en Paraguay. La iniciativa no significa que el país haya decidido construir una central nuclear, pero demuestra hasta qué punto la planificación energética oficial comenzó a explorar tecnologías que hace pocos años parecían fuera de la agenda nacional.

La nuclear, sin embargo, aparece como una posibilidad de largo plazo y no como respuesta inmediata al déficit futuro. Antes de llegar a ese escenario, Paraguay tiene que resolver necesidades mucho más cercanas: ampliar líneas de transmisión, fortalecer la distribución, aumentar la generación firme y aprovechar las nuevas oportunidades de generación renovable.

En ese sentido, el Plan Maestro de Generación 2024–2043 de ANDE ya contempla proyectos de generación, transmisión, distribución y comercialización. La nueva arquitectura institucional busca complementar esa planificación técnica con una estructura política y regulatoria capaz de coordinar las inversiones y ordenar el mercado.

Otro proyecto relevante es la maquinización del brazo Aña Cuá, vinculada a la represa de Yacyretá. El Gobierno espera que la obra entre en operación hacia finales de 2027 y aporte unos 270 MW de potencia firme. Para las autoridades paraguayas, se trata de una pieza importante para ampliar la disponibilidad energética y recuperar capacidad de generación firme en un momento en que la demanda comienza a ejercer mayor presión sobre el sistema.

La discusión también trasciende la electricidad. El nuevo esquema pretende abarcar un concepto más amplio de política energética que incluya hidrocarburos, gas, minería y nuevas fuentes de generación. El proyecto de ente regulador ya había sido vinculado por Bejarano con la necesidad de actualizar la legislación de hidrocarburos y crear condiciones jurídicas para proyectos como el eventual gasoducto bioceánico.

La minería representa otro frente de expansión. En julio, el Viceministerio de Minas y Energía y la Cámara Paraguaya de Minería (Capami) avanzaban en una agenda destinada a modernizar el marco regulatorio, formular una primera Política Nacional de Minería y atraer nuevas inversiones. La eventual creación de un ministerio permitiría reunir bajo una misma conducción política áreas que actualmente se encuentran dispersas.

Pero la creación de un ministerio por sí misma no garantiza una revolución energética. El riesgo sería reemplazar una estructura institucional por otra sin solucionar los problemas de fondo. El nuevo organismo tendrá que demostrar que puede coordinar a ANDE, inversores privados, industrias, organismos internacionales y otras instituciones del Estado sin generar una nueva capa burocrática.

La otra pieza decisiva será el ente regulador. Su independencia será observada especialmente por los inversores, porque deberá establecer reglas para la entrada de nuevos generadores, contratos de compra y venta, concesiones, acceso a redes y eventuales conflictos entre empresas y organismos públicos. El propio Bejarano había señalado que inicialmente el despacho de carga continuaría bajo ANDE, aunque a futuro se contempla avanzar hacia una mayor independencia del operador del sistema.

La reforma llega, además, en un momento en que Paraguay busca transformar su electricidad en una herramienta de desarrollo industrial. El objetivo ya no es únicamente exportar el excedente hidroeléctrico. El Gobierno quiere utilizar la energía como un elemento para atraer industria, centros de datos, hidrógeno verde, producción de fertilizantes y otros proyectos electrointensivos. El Ministerio de Economía ha señalado precisamente que la diversificación energética puede abrir oportunidades para industrias de alto consumo y nuevas cadenas productivas.

Ese cambio de estrategia puede ser uno de los puntos más trascendentales del nuevo tablero. Durante décadas, la pregunta paraguaya fue cómo aprovechar la electricidad que sobraba. Ahora comienza a ser otra: cómo producir, transportar y vender suficiente energía para sostener un país que pretende industrializarse utilizando precisamente esa electricidad como ventaja competitiva.

La transición, sin embargo, tendrá un costo. Construir centrales, redes y sistemas de almacenamiento requiere capital, permisos, terrenos, tecnología y tiempo. Y mientras las inversiones se materializan, la demanda seguirá creciendo. Por eso, los próximos cinco años serán especialmente importantes para determinar si los US$ 11.000 millones proyectados se convierten en obras reales o permanecen como una cifra atractiva dentro de documentos oficiales.

El Gobierno ha decidido someter los proyectos de ley a discusión antes de enviarlos al Congreso Nacional, buscando incorporar aportes del sector privado, la academia y especialistas. Ese proceso será determinante porque la reforma modificará el funcionamiento de un sector estratégico y podría afectar durante décadas la relación entre Estado, empresas generadoras, ANDE y consumidores.

Paraguay está, en definitiva, intentando pasar de una política basada principalmente en la administración de una enorme riqueza hidroeléctrica a otra centrada en planificar, diversificar y comercializar estratégicamente la energía. La creación de un Ministerio de Minas y Energía puede convertirse en un punto de inflexión si viene acompañada de una regulación independiente, planificación de largo plazo y capacidad real de ejecución.

La cifra de US$ 11.000 millones es suficientemente grande para cambiar el mapa energético paraguayo. Pero también es suficientemente grande para exigir algo más que anuncios. El verdadero desafío para el Gobierno de Santiago Peña será demostrar que el nuevo tablero no termina siendo solamente una reorganización de oficinas, sino el comienzo de una política energética capaz de convertir la electricidad paraguaya en infraestructura, industria, empleo y crecimiento durante las próximas décadas.