La inflación argentina volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1% mensual, después de tres meses consecutivos de desaceleración. El dato revela una dificultad central del programa económico de Javier Milei: aunque la inflación está muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis de 2023 y comienzos de 2024, los precios todavía no encuentran una trayectoria descendente continua. El comportamiento se parece a un “serrucho”: algunos meses los precios moderan su ritmo, luego determinados sectores vuelven a aumentar y el índice general rebota. Detrás de esa resistencia aparecen servicios que siguen ajustándose, tarifas reguladas, alimentos sensibles al tipo de cambio, costos empresariales, expectativas de inflación y una economía en la que todavía existen mecanismos de actualización automática o semiautomática.

El resultado de julio interrumpió una secuencia que había generado expectativas favorables para el Gobierno. El IPC había bajado de 3,4% en marzo a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio. Con el 2,1% de julio, la desinflación dejó de avanzar por cuarto mes consecutivo y volvió a situarse por encima del 2% mensual.

La diferencia puede parecer pequeña —apenas dos décimas frente a junio—, pero tiene importancia económica. Una inflación mensual de 2,1% significa que los precios continúan aumentando a un ritmo anualizado muy superior al objetivo de estabilidad de cualquier economía desarrollada. Además, cuando la desaceleración se detiene durante varios meses, se vuelve más difícil convencer a empresas, trabajadores y consumidores de que la tendencia descendente continuará.

El problema es que la inflación argentina ya no se comporta como durante los momentos más extremos de la crisis. En aquel período, prácticamente todos los precios aumentaban de manera acelerada y simultánea. Ahora el fenómeno es más complejo: algunos precios avanzan lentamente, otros reciben ajustes puntuales y determinados servicios aumentan por encima del promedio.

Ahí aparece el denominado “serrucho”. No significa que todos los precios suban y bajen alternativamente. Significa que la inflación general puede mostrar una trayectoria irregular porque diferentes componentes de la canasta se ajustan en momentos distintos.

Un mes puede favorecer al índice una baja de alimentos o de determinados bienes. Al siguiente, los servicios turísticos, las tarifas, los alquileres o algún precio regulado pueden recuperar terreno y empujar nuevamente el promedio hacia arriba.

El comportamiento de junio ya había mostrado esa característica. Aunque la inflación general fue de 1,9%, la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— había sido de 1,6%, mientras los precios estacionales subieron 3,4% y los regulados 2,3%. Es decir, el promedio escondía comportamientos muy diferentes dentro de la misma canasta.

En julio, además, apareció un factor estacional particularmente fuerte: las vacaciones de invierno. El turismo, el alojamiento, la recreación y otros servicios asociados a los períodos de descanso suelen aumentar durante esta época del año y pueden generar un impacto importante en el índice.

Las consultoras ya habían advertido antes de conocerse el dato oficial que julio podía marcar un rebote. Un relevamiento de EcoGo proyectaba una inflación general cercana al 2,1%, mientras otros analistas señalaban que el turismo y determinados alimentos podían impedir que el índice siguiera descendiendo.

Pero sería un error atribuir todo el problema a las vacaciones. El turismo explica una parte del movimiento, pero la dificultad de fondo es más amplia.

Uno de los elementos que mantienen presión sobre los precios son los servicios. Durante buena parte de la estabilización argentina, los bienes pudieron moderar sus aumentos con mayor rapidez, especialmente en un contexto de competencia y apertura comercial. Los servicios, en cambio, tienen estructuras de costos más rígidas y dependen en mayor medida de salarios, alquileres, tarifas, impuestos y otros costos internos.

Un supermercado puede reemplazar rápidamente a un proveedor o importar determinado producto si las condiciones lo permiten. Un restaurante, una peluquería, un consultorio, una empresa de transporte o un alquiler no tienen esa misma capacidad de ajuste.

Por eso, cuando la inflación general comienza a acercarse a niveles relativamente bajos, los servicios suelen convertirse en uno de los últimos obstáculos para lograr una desinflación sostenida.

El caso de los alquileres es especialmente relevante. Los contratos pueden incorporar mecanismos de actualización que trasladan parte de la inflación pasada hacia los precios futuros. Aunque la regulación haya cambiado y existan contratos con diferentes modalidades, el principio económico permanece: una parte de los precios actuales todavía refleja aumentos ocurridos meses atrás.

Algo similar ocurre con determinados costos salariales. Cuando trabajadores y empresas negocian aumentos tomando como referencia la inflación pasada, se genera un mecanismo de retroalimentación.

Si los salarios aumentan porque los precios subieron, las empresas enfrentan mayores costos. Si las empresas trasladan esos costos a sus precios, los consumidores vuelven a enfrentar inflación. Y si los trabajadores vuelven a pedir aumentos para compensar esa nueva inflación, se forma una dinámica difícil de romper.

Ese mecanismo es conocido como inercia inflacionaria.

Argentina ha intentado reducir esa inercia mediante una combinación de disciplina fiscal, política monetaria, control de la emisión y un régimen cambiario que busca funcionar como ancla nominal. La estrategia produjo una reducción muy importante respecto del período de alta inflación, pero la última milla resulta considerablemente más difícil.

El Banco Central muestra que la política monetaria se desarrolla actualmente bajo un esquema de bandas cambiarias. Para el 14 de agosto de 2026, la banda publicada tenía un piso de aproximadamente $747,64 por dólar y un techo de $1.860,62, con actualización progresiva de esos límites.

La evolución del dólar importa porque Argentina tiene una economía donde una parte importante de los precios está vinculada directa o indirectamente con el tipo de cambio.

Un producto importado puede trasladar rápidamente una variación cambiaria a su precio. Un insumo nacional que compite con productos importados también puede verse afectado. Y determinados alimentos, especialmente aquellos relacionados con cadenas exportadoras, pueden responder a los precios internacionales y al valor del dólar.

Esto explica por qué una depreciación del peso puede generar presión inflacionaria incluso cuando la emisión monetaria y el déficit fiscal están bajo control.

Durante julio, además, las consultoras señalaron que la depreciación acumulada del tipo de cambio mayorista desde mayo había comenzado a tener algún impacto sobre determinados alimentos.

El problema para el Gobierno es que el tipo de cambio cumple simultáneamente dos funciones. Puede ayudar a mantener una referencia nominal para los precios, pero también puede convertirse en una fuente de presión si se mueve con mayor velocidad.

Ahí aparece otra tensión del modelo: el Gobierno necesita un peso relativamente estable para contener la inflación, pero una moneda demasiado apreciada puede perjudicar a sectores exportadores y generar problemas de competitividad.

El debate se vuelve todavía más delicado porque la Argentina intenta simultáneamente reducir la inflación y recuperar el crecimiento.

Una economía en expansión suele generar mayor demanda. Si la oferta responde rápidamente, el aumento de producción puede absorber ese crecimiento sin grandes presiones sobre los precios. Si la oferta responde lentamente, una parte de la demanda adicional puede terminar transformándose en inflación.

Ese riesgo es particularmente importante en sectores donde existen restricciones de capacidad.

La industria, por ejemplo, enfrenta una combinación compleja de competencia importada, costos internos, salarios, energía, impuestos y demanda doméstica. Una empresa que aumenta sus precios demasiado puede perder mercado frente a productos importados; pero si mantiene los precios congelados mientras aumentan sus costos, puede deteriorar sus márgenes.

La Unión Industrial Argentina viene reclamando precisamente mejores condiciones de competitividad y ha expresado preocupación por el impacto de la apertura comercial sobre determinadas ramas manufactureras.

Ese conflicto es una de las razones por las cuales el proceso de desinflación no puede analizarse únicamente observando el IPC.

Un precio puede no aumentar porque la empresa acepta ganar menos margen para conservar clientes. Eso ayuda al índice de inflación, pero puede perjudicar la inversión y el empleo.

Por el contrario, si las empresas recuperan márgenes mediante aumentos de precios, pueden sostener su rentabilidad, pero la inflación puede aumentar.

El desafío consiste en lograr que los precios dejen de subir porque la economía se vuelve más eficiente, y no simplemente porque las empresas están absorbiendo pérdidas.

Los alimentos constituyen otro capítulo fundamental. Son especialmente sensibles políticamente porque tienen una incidencia directa sobre el presupuesto de los hogares.

En junio, por ejemplo, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,3%, por debajo de la inflación general de ese mes, y fue uno de los factores que ayudaron a contener el índice.

Pero los alimentos son también altamente variables. Frutas, verduras, carnes y productos agrícolas pueden experimentar movimientos importantes por cuestiones climáticas, estacionales, logísticas o de oferta.

Eso significa que una buena cosecha puede contribuir a bajar la inflación durante un período, mientras un problema climático puede producir exactamente el efecto contrario.

Por eso, cuando se analiza la inflación de largo plazo, los economistas prestan especial atención a la inflación núcleo. El objetivo es separar los movimientos transitorios de aquellos que muestran una presión más persistente.

En junio, la núcleo había bajado a 1,6%, su nivel más bajo desde julio de 2025. Ese dato fue utilizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para defender la idea de que el proceso de desinflación seguía firme.

El rebote del índice general en julio, por lo tanto, no significa necesariamente que la estrategia haya fracasado.

Pero sí significa que la caída de la inflación dejó de ser lineal.

Y esa distinción es importante.

El Gobierno puede sostener que una inflación del 2,1% mensual representa un enorme avance respecto de los niveles registrados en 2023 y 2024. Esa afirmación es correcta.

Pero una familia que observa que alimentos, alquiler, transporte, salud, educación y servicios siguen aumentando todos los meses no experimenta la inflación como una estadística anual. La experimenta como una sucesión de decisiones cotidianas: qué comprar, qué postergar y qué gasto eliminar.

Ahí se encuentra una de las mayores dificultades políticas del proceso.

La inflación puede estar bajando y, al mismo tiempo, el costo de vida puede seguir aumentando.

La diferencia entre ambos conceptos suele generar confusión. Desinflación no significa que los precios bajen. Significa que suben más lentamente.

Si un producto costaba 10.000 pesos y pasa a 10.210, aumentó 2,1%. Si al mes siguiente vuelve a subir 2%, no bajó porque la inflación haya disminuido: simplemente aumentó a menor velocidad.

Para los consumidores, esa diferencia puede ser poco tranquilizadora.

El verdadero objetivo de una estabilización sostenible es conseguir que la inflación continúe reduciéndose hasta niveles suficientemente bajos y previsibles como para que las decisiones económicas puedan planificarse con normalidad.

Eso incluye contratos, salarios, alquileres, inversiones, créditos y precios.

El mercado todavía mantiene expectativas de una inflación descendente. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA correspondiente a junio, los analistas consultados proyectaban una inflación mensual de 2% para junio y una trayectoria descendente para los meses siguientes. El relevamiento, realizado entre 44 participantes, no constituye una proyección oficial del Banco Central, sino una medición de las expectativas privadas.

La realidad de julio mostró que el camino puede ser más irregular de lo previsto.

Eso no elimina las posibilidades de una nueva desaceleración en los próximos meses. De hecho, una parte del aumento de julio está vinculada con factores estacionales que pueden desaparecer posteriormente.

Pero el Gobierno deberá observar especialmente qué ocurre con los precios que no dependen de vacaciones, frutas de estación o promociones temporales.

Si la inflación núcleo vuelve a acelerarse, la señal será mucho más preocupante que un rebote provocado exclusivamente por factores estacionales.

Si, en cambio, la núcleo permanece contenida y el índice general vuelve a bajar en agosto o septiembre, el Gobierno podrá argumentar que julio fue simplemente un bache dentro de una tendencia descendente.

Ahí se decidirá si el “serrucho” es una característica temporal del proceso o una señal de que la inflación argentina encontró un piso.

El escenario también tendrá consecuencias sobre la política económica. Una inflación persistentemente cercana al 2% mensual puede dificultar la reducción de las tasas de interés reales, afectar el crédito y complicar la recuperación de la inversión.

Por otra parte, una aceleración importante obligaría al Gobierno a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, con posibles costos sobre la actividad económica.

Es la vieja tensión entre estabilidad de precios y crecimiento, pero en una Argentina que todavía está intentando reconstruir la confianza monetaria.

El Gobierno de Javier Milei ha hecho de la desinflación uno de los principales argumentos de su gestión. La reducción desde los niveles extraordinarios de 2023 constituye uno de sus mayores resultados económicos.

Pero ahora enfrenta una etapa diferente.

Ya no se trata de reducir una inflación de dos dígitos mensuales. Se trata de llevar una inflación que ronda el 2% mensual hacia niveles mucho más bajos sin provocar una recesión, una crisis cambiaria o una nueva pérdida de poder adquisitivo.

Esa es la parte difícil de la estabilización: la última parte suele ser más lenta que la primera.

La Argentina llegó a julio con una inflación interanual de aproximadamente 33,8%, muy por debajo de los niveles que precedieron al actual programa económico, pero todavía demasiado elevada para considerar que el problema está resuelto.

El Gobierno deberá conseguir que empresas y trabajadores dejen de mirar permanentemente la inflación pasada para fijar precios y salarios futuros. Esa transición requiere tiempo, credibilidad y consistencia.

También requiere que la población empiece a creer que la inflación seguirá bajando.

Porque cuando un comerciante espera que sus costos aumenten 3% el próximo mes, probablemente incorpore parte de esa expectativa al precio actual. Si el trabajador espera una nueva aceleración, reclamará una compensación. Si el consumidor cree que todo será más caro mañana, puede adelantar compras.

Las expectativas pueden terminar convirtiéndose en parte del problema que originalmente anticipaban.

Romper ese círculo es uno de los objetivos centrales de cualquier programa de estabilización.

El “serrucho” de precios muestra precisamente que Argentina todavía no ha llegado a ese punto.

Hay sectores donde la inflación ya está mucho más controlada. Otros continúan ajustándose. Algunos precios permanecen atrasados y eventualmente buscan recuperar terreno. Y otros dependen de factores internacionales o climáticos que el Gobierno no controla.

Por eso, el dato de julio debe leerse menos como una derrota y más como una advertencia.

La desinflación argentina continúa, pero no avanza en línea recta.

El Gobierno logró bajar radicalmente la velocidad de aumento de los precios, pero ahora necesita demostrar que puede atravesar la etapa más compleja: conseguir que la inflación deje definitivamente el entorno del 2% mensual y avance hacia niveles compatibles con una economía estable.

Si lo consigue, el “serrucho” será recordado como una turbulencia temporal.

Si no lo consigue, julio podría haber sido la señal de que la inflación encontró un nuevo piso.

Y esa diferencia será decisiva no solamente para la economía argentina, sino también para el poder político de Milei de cara a los próximos años.