En el centro de todos los avances diplomáticos, los memorandos de entendimiento y los acuerdos técnicos del Gasoducto Bioceánico hay un obstáculo normativo doméstico que puede desbloquear o bloquear el proyecto más importante de integración energética en la historia del Mercosur: la Ley del Gas Natural de Paraguay, vigente desde 1997 y absolutamente obsoleta para regular una industria que en ese año no existía en el país. El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, fue explícito sobre este punto en su presentación ante el foro de Asunción: Paraguay necesita modernizar su marco legal del gas natural antes de que cualquier inversión privada seria pueda materializarse en el proyecto del gasoducto. Sin esa modernización normativa, los inversores no tendrán la certeza jurídica necesaria para comprometer los 2.000 millones de dólares que el proyecto requiere, y ningún banco de desarrollo — ni la CAF, ni el BID, ni el Banco Mundial — podrá estructurar el financiamiento de una obra de esa envergadura sobre una base legal que data de 1997 y que no contempla ni el gas no convencional ni las inversiones transnacionales en infraestructura de transporte.
El gobierno paraguayo reconoce que la actualización de la Ley del Gas no es solo un requisito técnico: es una declaración política sobre la seriedad del compromiso del Estado con el proyecto del gasoducto. Una ley moderna que establezca con claridad el régimen de concesiones para el transporte de gas por ductos, las tarifas de acceso de terceros a la infraestructura, los mecanismos de resolución de controversias entre operadores y la autoridad regulatoria competente para supervisar el mercado gasífero es la condición sine qua non para que el gasoducto pase de ser un proyecto en carpetas a ser una obra en construcción. El estudio del proyecto figura ya en la agenda del Congreso paraguayo, pero al cierre de esta edición todavía no tenía dictamen de comisiones, lo que indica que el proceso legislativo todavía está en sus etapas iniciales y que los plazos de aprobación son inciertos.
La actualización de la Ley del Gas paraguaya también tiene implicaciones para la armonización normativa con Argentina y Brasil, que es el paso siguiente después de la aprobación doméstica. Para que el gas fluya de manera continua y predecible por una tubería que atraviesa tres países con tres marcos regulatorios distintos, es necesario construir un régimen trinacional de operación que establezca las reglas comunes sobre medición de volúmenes, calidad del gas, responsabilidades ante interrupciones de suministro y procedimientos en caso de accidentes o emergencias. Ese régimen trinacional no puede construirse mientras Paraguay tenga una ley de gas de 1997: necesita una modernización que la equipare con los marcos regulatorios más sofisticados de Argentina y Brasil. La CAF está financiando una consultoría específica para trabajar en esa armonización normativa, lo que indica que los organismos multilaterales están apostando con recursos reales al éxito del proyecto.
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