La crisis sanitaria paraguaya alcanzó este lunes un punto crítico. El Ministerio de Salud Pública confirmó 446 renuncias presentadas individualmente por profesionales de la salud, mientras casi 200 anestesiólogos formalizaron su dimisión y advirtieron que la falta de especialistas puede paralizar cirugías, procedimientos complejos y servicios de emergencia en hospitales de todo el país.

El conflicto no comenzó esta semana. Durante los últimos días, médicos del sistema público vienen denunciando problemas salariales, precarización laboral y una falta persistente de insumos esenciales. Las protestas desembocaron en una huelga nacional y posteriormente en una estrategia de renuncias masivas como mecanismo de presión para obtener una respuesta del Gobierno de Santiago Peña.

El salto más importante se produjo el 7 de septiembre, cuando un grupo de 197 anestesiólogos presentó una nómina de renunciantes ante el Ministerio de Salud. Sin embargo, existe una diferencia entre el listado gremial y los documentos efectivamente ingresados: el jefe de Gabinete de Salud, Juan Marcelo Estigarribia, informó que fueron recibidos 176 expedientes individuales durante esa jornada. Sumados a las 270 renuncias registradas previamente, el Ministerio contabilizó 446 dimisiones individuales.

La diferencia administrativa no es menor. El propio Ministerio señaló que algunos documentos incluidos en las listas gremiales no cumplen todavía con todos los requisitos formales para ser considerados renuncias individuales. Además, se identificaron 42 expedientes con firmas fotoescaneadas que, según la cartera sanitaria, no se ajustan a la reglamentación correspondiente. Por eso, las cifras de los gremios y las oficiales pueden no coincidir exactamente, aunque ambas reflejan una crisis de grandes dimensiones.

Anestesiólogos: el punto más delicado de la crisis

La situación de los anestesiólogos adquiere especial gravedad porque se trata de profesionales indispensables para una enorme cantidad de procedimientos. La doctora Nélida Caballero, del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, advirtió que la salida de estos especialistas afecta cirugías programadas y de urgencia, procedimientos diagnósticos que requieren sedación y la atención de pacientes críticos en las unidades de terapia intensiva.

El gremio sostiene que la medida involucra aproximadamente entre 70% y 80% de los anestesiólogos del país y que los 197 profesionales incluidos en su presentación representan 326 vínculos laborales dentro del sistema público. La lista abarca 18 centros asistenciales, entre ellos el Hospital Nacional de Itauguá, Hospital de Trauma, Hospital General de Luque, Hospital Pediátrico Acosta Ñu, Hospital General de Itapúa y hospitales regionales del interior.

Entre los establecimientos incluidos en la presentación figuran el Hospital Nacional de Itauguá, con 33 profesionales y 54 vínculos; el Hospital de Trauma, con 34 profesionales y 50 vínculos; el Hospital General de Luque, con 27 profesionales y 51 vínculos; y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, con 22 profesionales y 31 vínculos. También aparecen hospitales de Ciudad del Este, Villarrica, Coronel Oviedo, Hernandarias, Presidente Franco, Santa Rita, Minga Guazú, Salto del Guairá y Santa Rosa del Aguaray.

¿Por qué renuncian?

Los médicos sostienen que el problema no se limita a los salarios. Denuncian que existe un desabastecimiento de insumos básicos de reanimación y medicamentos, situación que, según los profesionales, se arrastra desde hace meses.

Entre los elementos mencionados figuran tubos endotraqueales y medicamentos inotrópicos. Los médicos afirman que, ante determinadas carencias, pacientes y profesionales terminan recurriendo a recursos propios para conseguir insumos necesarios para una atención de emergencia.

A esta situación se suma el reclamo por una estructura salarial que, según los gremios, no reconoce adecuadamente los años de formación y especialización necesarios para ejercer determinadas disciplinas. Los anestesiólogos señalan que la formación puede superar los 10 años entre carrera universitaria y especialización, mientras enfrentan jornadas exigentes, estrés elevado y responsabilidad directa sobre pacientes en situaciones críticas.

La doctora Caballero resumió la posición del sector señalando que los profesionales llegaron a un límite después de años de intentar sostener el funcionamiento del sistema pese a las carencias. Los médicos afirman que ya no están dispuestos a continuar “parchando” las deficiencias estructurales con esfuerzo personal.

La crisis alcanza a todo el país

Aunque Asunción y el área metropolitana concentran varios de los hospitales más afectados, la crisis tiene alcance nacional. Las renuncias involucran establecimientos de Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Canindeyú, Central, San Pedro y otros departamentos, lo que aumenta la preocupación por la capacidad de respuesta de los hospitales regionales.

La situación también preocupa especialmente en áreas pediátricas. A finales de agosto, especialistas en cirugía pediátrica y terapia intensiva infantil ya habían advertido que una parte significativa de sus profesionales estaba dispuesta a renunciar si no se alcanzaba un acuerdo con el Gobierno. Posteriormente, otros grupos de especialistas se sumaron a las dimisiones.

El riesgo no se limita a que se cancelen operaciones programadas. La falta de anestesiólogos puede afectar urgencias quirúrgicas, terapia intensiva, procedimientos endoscópicos y diagnósticos que requieren sedación, lo que puede repercutir directamente sobre pacientes que necesitan atención inmediata.

El Gobierno intenta contener la salida de profesionales

El Ministerio de Salud sostiene que está evaluando las renuncias y que presentó una nueva propuesta a representantes de las sociedades médicas. Según Juan Marcelo Estigarribia, la alternativa contempla un mejor escalafón médico para los profesionales, mientras que los incentivos económicos estarían orientados específicamente a especialistas y subespecialistas.

El Gobierno también debe enfrentar un problema jurídico y administrativo. De acuerdo con la explicación oficial, existen plazos para responder a las dimisiones. Para determinados funcionarios nombrados, el proceso contempla un período de preaviso, mientras que los contratados tienen condiciones diferentes. Si las autoridades no resuelven las renuncias dentro de los plazos correspondientes, la desvinculación podría avanzar.

Pero el diálogo está lejos de ser uniforme. El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), encabezado por Rossana González, cuestionó que no haya sido convocado a una de las reuniones mantenidas entre el Gobierno y representantes de sociedades médicas. El gremio considera que una negociación fragmentada podría dividir al movimiento y sostiene que los médicos mantienen una posición común.

El Senado prepara una comisión de crisis

La dimensión política del conflicto también creció. El Senado anunció la creación de una Comisión Especial de Crisis para el Estudio y Evaluación de la Situación del Sistema Nacional de Salud, destinada a analizar las causas de la crisis y proponer soluciones legislativas, presupuestarias y administrativas.

La propuesta plantea que la comisión pueda funcionar de manera permanente hasta encontrar una salida al conflicto y abarcar tanto el sistema sanitario público como aspectos vinculados al Instituto de Previsión Social. Los legisladores también reclamaron una respuesta antes de que venzan los plazos relacionados con las renuncias.

La crisis, además, ya generó críticas dentro del propio oficialismo. Senadores de la bancada disidente del Partido Colorado respaldaron la creación del comité y cuestionaron la gestión de las autoridades económicas y sanitarias frente al deterioro de las condiciones de trabajo de los médicos.

Una cuenta regresiva que puede afectar a los pacientes

El punto más preocupante es que el conflicto dejó de ser exclusivamente una disputa laboral. La discusión ahora tiene consecuencias potenciales sobre la capacidad de atención del sistema sanitario paraguayo.

Un hospital puede tener infraestructura, quirófanos, equipos y camas disponibles, pero si no dispone de los especialistas necesarios para utilizarlos, su capacidad real disminuye. En el caso de la anestesiología, esta dependencia es particularmente evidente porque numerosas cirugías y procedimientos no pueden desarrollarse de manera segura sin estos profesionales.

Por eso, las próximas jornadas serán decisivas. El Gobierno necesita evitar que las renuncias se conviertan en desvinculaciones efectivas y, al mismo tiempo, debe convencer a los profesionales de que existen garantías concretas para mejorar las condiciones de trabajo, el abastecimiento y la remuneración.

Los médicos, por su parte, sostienen que no buscan abandonar a los pacientes, sino conseguir condiciones que les permitan seguir trabajando en el sistema público sin asumir individualmente las consecuencias de sus deficiencias estructurales.

La tensión podría volver a las calles. Los gremios ya analizan nuevas medidas de fuerza y se ha mencionado una nueva huelga para los días 21 y 22 de septiembre, mientras continúa la negociación con las autoridades.

Paraguay enfrenta así una de las mayores crisis de su sistema sanitario público en los últimos años: 446 renuncias individuales registradas por el Ministerio de Salud, cerca de 200 anestesiólogos movilizados, hospitales de referencia afectados y una cuenta regresiva administrativa que puede determinar si los profesionales permanecen o abandonan definitivamente sus cargos.

El desenlace no solo definirá una disputa entre médicos y Gobierno. También determinará cuánto podrá resistir la red pública de salud si una parte sustancial de sus especialistas deja de estar disponible para atender a los pacientes.

Foto: ABC Color