EL MERCOSUR MIRA HACIA TURQUÍA: COP31, COMPROMISO CLIMÁTICO Y LO QUE EL BLOQUE DEBE DEMOSTRAR ANTES DE NOVIEMBRE

A menos de cinco meses de la COP31 que se celebrará en Antalya, Turquía, el Mercosur tiene una asignatura pendiente que sus gobiernos están comenzando a abordar con una urgencia que hasta hace pocos meses no se veía con esa intensidad: demostrar que el mayor acuerdo comercial de su historia es compatible con el compromiso climático que el bloque asumió en Belém durante la COP30 de noviembre de 2025. La tensión entre las cláusulas de sostenibilidad ambiental del acuerdo con la Unión Europea y los aumentos de producción agrícola que ese mismo acuerdo incentiva está en el centro de las discusiones preparatorias para Turquía, y el Mercosur necesita llegar a la COP31 con una posición coherente que integre el crecimiento exportador con la reducción de emisiones y la protección de los biomas más vulnerables del continente. Brasil, que fue el anfitrión de la COP30 y que se comprometió a liderar las hojas de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles y para detener la deforestación para 2030, tiene la mayor responsabilidad de demostrar esa coherencia. Pero las tensiones entre el discurso verde del gobierno Lula y la expansión simultánea de Petrobras en aguas profundas complican ese mensaje.

El Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), que entra en vigor el 30 de diciembre de 2026 para grandes operadores, es el instrumento que conecta directamente el acuerdo comercial Mercosur-UE con la agenda climática de la COP31. Si el Mercosur demuestra antes de noviembre que sus sistemas de trazabilidad para soja, carne, café y cacao están operativos y que el EUDR puede aplicarse sin generar disputas comerciales masivas, llegará a Turquía con una credencial climática que ningún otro bloque del hemisferio sur puede igualar. Si en cambio el primer año de vigencia del acuerdo produce disputas entre exportadores del Mercosur y aduanas europeas por falta de documentación de origen libre de deforestación, el bloque llegará a la COP31 con una contradicción difícil de explicar ante los demás países del mundo: el mayor acuerdo de libre comercio que aumenta las exportaciones agrícolas hacia Europa y el mayor reglamento de deforestación que exige certificar que esas exportaciones no destruyen bosques son incompatibles si los sistemas de trazabilidad no están listos para el 30 de diciembre.

Las plataformas digitales de trazabilidad que Brasil, Argentina y Paraguay están desarrollando con la urgencia que el plazo del EUDR impone son el eslabón tecnológico más crítico de esta ecuación. Brasil tiene la plataforma más avanzada — Agro Brasil + Sustentável, con mapeo satelital en tiempo real — pero su cobertura del 100% de los productores exportadores todavía está lejos de ser completada. Argentina tiene avances significativos en el sector sojero pero brechas importantes en el sector cárnico, donde la trazabilidad desde el campo hasta el frigorífico no está universalmente implementada. Paraguay, con una estructura productiva más atomizada en pequeños y medianos productores, enfrenta el mayor desafío: llevar sistemas de trazabilidad digital a comunidades rurales que en muchos casos todavía no tienen conectividad de internet confiable.

La COP31 de Turquía será también el escenario donde el Mercosur presentará el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), comprometido en Belém para los países megadiversos del hemisferio sur. Brasil, Paraguay y Bolivia — todos con biomas tropicales de valor global — son candidatos naturales a recibir financiamiento de ese fondo si logran demostrar reducciones verificables en la tasa de deforestación. La conexión entre ese financiamiento climático y el acuerdo con Europa es directa: un Mercosur que deforesta menos puede también exportar más a Europa sin enfrentar las barreras del EUDR, creando un círculo virtuoso entre la política ambiental y la política comercial que ningún otro bloque del mundo tiene la oportunidad de construir con la misma combinación de recursos naturales, demanda europea y voluntad política.