Reducir aranceles es la parte más visible y más fácil de un acuerdo comercial. La parte difícil —la que realmente determina si el comercio crece o se mantiene empantanado por obstáculos invisibles— es la eliminación de las barreras no arancelarias: las normas técnicas, los estándares sanitarios y fitosanitarios, los procedimientos aduaneros, los requisitos de certificación, los sistemas de trazabilidad y la interoperabilidad de los marcos regulatorios. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea redujo los aranceles con una claridad admirable y tiene un cronograma de desgravación preciso que las empresas pueden usar para planificar. Pero la dimensión no arancelaria del acuerdo es mucho más compleja, mucho más sujeta a interpretaciones discrecionales y mucho más difícil de monitorear y hacer cumplir. Las barreras no arancelarias representan uno de los principales desafíos para la plena implementación del acuerdo. El rigor de las normas ambientales y sanitarias europeas puede impedir exportaciones si los productores brasileños no consiguen comprobar la trazabilidad y la sostenibilidad de sus productos. Los sectores menos competitivos que enfrenten mayor competencia de las importaciones europeas son los que presentan mayor riesgo de sufrimiento económico durante el período de transición.
La principal barrera no arancelaria que el acuerdo Mercosur-UE no resolvió completamente es la relacionada con los estándares fitosanitarios. Europa tiene uno de los sistemas de control de inocuidad alimentaria más exigentes del mundo, con regulaciones sobre el uso de pesticidas, antibióticos, hormonas en la producción animal y contaminantes que son más estrictas que las vigentes en los países del Mercosur. Esto significa que para los exportadores del bloque sudamericano que quieran aprovechar las reducciones arancelarias del acuerdo, no alcanza con producir bien y barato: también hay que producir de acuerdo con los estándares europeos, lo que requiere adaptar procesos productivos, obtener certificaciones que a menudo tienen costos elevados y mantener sistemas de documentación y trazabilidad que muchas empresas pequeñas no tienen capacidad de gestionar de manera continua. La asimetría regulatoria entre los dos bloques no desaparece con el acuerdo: lo que el acuerdo hace es establecer una mesa de diálogo y un mecanismo de reconocimiento mutuo progresivo que puede, con el tiempo, reducir esas asimetrías, pero que en el corto plazo las deja prácticamente intactas.
Los protocolos sanitarios para la exportación de carne bovina son el ejemplo más concreto de esta asimetría. Europa acepta carne bovina de los países del Mercosur, pero con exigencias de documentación sobre el sistema de producción —que el animal no haya recibido determinadas hormonas de crecimiento, que la cadena de frío esté documentada desde el frigorífico hasta el punto de venta, que el establecimiento de faena esté habilitado por la autoridad competente de la UE— que tienen un costo de cumplimiento significativo para los exportadores. Los grandes frigoríficos del Mercosur —JBS, Marfrig, Minerva, BRF en Brasil; Friar, Swift y Mattievich en Argentina; y los frigoríficos habilitados de Uruguay y Paraguay— tienen los recursos para cumplir con esas exigencias. Los productores medianos y pequeños, que son la mayoría en número aunque no en volumen, muchas veces no los tienen. Esta brecha de capacidades es la que puede hacer que los beneficios del acuerdo se concentren en los actores más grandes del sector, reproduciendo dentro del Mercosur las mismas asimetrías de acceso que el acuerdo pretende eliminar entre el bloque y Europa.
El Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2026 para los grandes operadores, es quizás la barrera no arancelaria con mayor impacto potencial sobre las exportaciones del Mercosur. El reglamento exige que cada tonelada de soja, carne, café, cacao, palma, caucho y madera que ingrese al mercado europeo esté acompañada de documentación que pruebe que no proviene de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Para Brasil —el mayor exportador mundial de soja y carne bovina— cumplir con este requisito para el 100% de sus exportaciones hacia Europa requiere una inversión tecnológica en sistemas de trazabilidad y georreferenciación que el gobierno brasileño está realizando con urgencia pero que todavía no está completamente operativa. La ventana que queda entre el 1.º de mayo —cuando el acuerdo entró en vigor— y el 30 de diciembre de 2026 —cuando el EUDR se hace exigible— es el período en que el Mercosur debe completar esa infraestructura tecnológica para no perder acceso al mercado europeo precisamente cuando el acuerdo lo abrió con mayor amplitud que nunca.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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