Omar Bula Escobar, canciller de Colombia
Colombia elevó su preocupación por el reclutamiento de ciudadanos nacionales para participar en conflictos armados internacionales y pidió formalmente a Rusia y Ucrania poner fin a cualquier mecanismo de vinculación de colombianos a sus fuerzas militares, mientras la Cancillería refuerza las medidas diplomáticas, consulares y preventivas para atender los casos que ya se han registrado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dejó claro que Colombia no apoya, incentiva ni autoriza la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales y exhortó a los Estados involucrados a detener la contratación de colombianos para prestar servicios militares en el exterior y facilitar el retorno de quienes ya se encuentren vinculados.
La dimensión del fenómeno también comienza a reflejarse en las solicitudes de asistencia consular recibidas por el Gobierno. A septiembre de 2026, la Cancillería registra 863 solicitudes relacionadas con colombianos en Ucrania y otras 890 vinculadas con connacionales en la Federación de Rusia.
Los casos comprenden situaciones de distinta naturaleza. Entre ellas figuran ciudadanos fallecidos cuyos restos ya fueron repatriados o sepultados en el exterior por decisión de sus familias, procesos de repatriación que aún se encuentran en curso, personas declaradas desaparecidas en combate por las autoridades competentes, ciudadanos reportados como desaparecidos por sus familiares sin que exista todavía una confirmación oficial y personas detenidas, tanto en casos reconocidos por las autoridades como en situaciones informadas inicialmente por sus familias.
Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha intensificado sus acciones de protección y asistencia consular, especialmente frente a los casos en los que la vida, la integridad, la seguridad o el ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos puedan estar en riesgo.
La Cancillería también ha identificado denuncias y testimonios sobre personas naturales y jurídicas que, presuntamente, estarían promoviendo ofertas laborales engañosas para atraer ciudadanos colombianos y facilitar su traslado hacia territorios involucrados en conflictos armados. Frente a estas situaciones, el Ministerio ha remitido información en 21 ocasiones a la Fiscalía General de la Nación y a su Dirección de Asuntos Internacionales, con el propósito de contribuir a las investigaciones correspondientes.
Como parte de la estrategia de prevención, la Cancillería puso en marcha un protocolo de atención en las sedes de expedición de pasaportes para identificar y orientar a ciudadanos que manifiesten su intención de viajar al exterior con el propósito de prestar servicios militares en escenarios de conflicto internacional. El procedimiento fue socializado con las coordinaciones de pasaportes de Bogotá, las gobernaciones departamentales y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, buscando fortalecer las acciones de prevención desde los distintos puntos de atención.
El Gobierno también diseñó una campaña de sensibilización dirigida a los ciudadanos para advertir sobre los riesgos asociados con la aceptación de ofertas para prestar servicios militares en el extranjero y sobre las consecuencias que puede implicar la participación directa en conflictos armados.
A estas medidas se suma la capacitación impartida al Centro Operativo Anti Trata del Ministerio del Interior y a los comités territoriales, con información sobre el comportamiento del fenómeno, las solicitudes de asistencia consular registradas y las posibilidades y limitaciones de la actuación diplomática y consular.
La Cancillería reiteró finalmente su llamado a los colombianos para que se abstengan de involucrarse en conflictos armados internacionales y actúen con extrema precaución frente a ofertas laborales que impliquen viajar al exterior para prestar servicios militares. El Ministerio advirtió que detrás de algunas de estas propuestas pueden existir mecanismos de captación engañosa y recordó que la participación en escenarios de guerra puede tener consecuencias graves para la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los ciudadanos y sus familias.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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