La crisis del sistema público de salud paraguayo se profundizó este viernes con 270 renuncias de médicos formalmente presentadas ante el Ministerio de Salud. Mientras el Gobierno defiende una propuesta de reajuste basada en un nuevo escalafón, incentivos por especialización y la futura desprecarización de miles de profesionales contratados, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) considera insuficiente la oferta y mantiene una nueva huelga para el 21 y 22 de septiembre.

El conflicto dejó de ser solamente una discusión salarial y comenzó a convertirse en un problema de funcionamiento del sistema sanitario. Entre los profesionales que presentaron sus renuncias figuran especialistas de áreas críticas. Según reportes difundidos el 4 de septiembre, alrededor de 70 terapistas pediátricos presentaron su dimisión, una cifra que representa cerca del 74% de los especialistas de ese tipo, según datos citados por EFE. La salida de estos profesionales genera especial preocupación por el impacto que podría tener sobre las unidades de cuidados intensivos pediátricos.

La situación se hizo visible en distintos hospitales. En el Hospital General de San Lorenzo, por ejemplo, 20 neonatólogos presentaron sus renuncias. También fueron comunicadas dimisiones de profesionales de neonatología en otros centros asistenciales, una situación que amenaza con reducir la capacidad de atención de servicios donde la disponibilidad de especialistas resulta particularmente limitada.

¿Qué propone el Gobierno?

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Juan Marcelo Estigarribia, explicó que el Ejecutivo no está planteando simplemente aumentar de manera uniforme el salario de todos los médicos. La propuesta se estructura sobre un nuevo escalafón que toma en cuenta variables como la antigüedad, la categoría y los vínculos laborales.

Según su explicación, el Gobierno considera que la exigencia gremial implica aumentar en G. 3 millones cada vínculo médico. Como ejemplo, señaló que un profesional con tres vínculos que actualmente suma G. 15 millones mensuales podría pretender alcanzar G. 24 millones bajo esa fórmula. El gremio, sin embargo, sostiene que busca establecer un salario base de G. 8 millones por contrato, sobre el cual debería construirse posteriormente el escalafón.

El Ejecutivo afirma que su propuesta produciría mejoras particularmente para médicos que actualmente son contratados y que pasarían a incorporarse progresivamente al escalafón. Como ejemplo, Estigarribia mencionó el caso de una neonatóloga con tres vínculos y máxima antigüedad: su ingreso actual, según el Gobierno, es de G. 17,3 millones, mientras que con el nuevo esquema llegaría a G. 18,2 millones, antes de sumar el incentivo por especialización.

G. 500.000 adicionales para especialistas

Uno de los componentes nuevos de la propuesta es un incentivo mensual de G. 500.000 para médicos especialistas y subespecialistas que cuenten con residencia médica aprobada.

El Gobierno sostiene que hasta ahora el Ministerio de Salud no aplicaba de manera generalizada un sobresueldo por título o grado académico. La propuesta pretende reconocer económicamente la especialización, independientemente de que el médico tenga uno, dos o tres vínculos laborales con el Estado.

El Ministerio también habilitó una calculadora oficial para que los profesionales puedan simular cuánto recibirían bajo el nuevo escalafón, tomando en cuenta la cantidad de vínculos y la antigüedad.

El Gobierno promete regularizar a 4.000 médicos contratados

Otro de los puntos centrales es la denominada desprecarización laboral.

El Ejecutivo plantea una futura Ley de Carrera Sanitaria mediante la cual aproximadamente 4.000 médicos contratados pasarían a la categoría de permanentes. La intención declarada es eliminar diferencias salariales entre profesionales contratados y permanentes que tengan la misma antigüedad y carga horaria.

El proyecto todavía debe recorrer el proceso institucional correspondiente: el Gobierno prevé presentarlo al equipo económico y posteriormente enviarlo al Congreso Nacional con miras a una eventual aprobación durante el próximo año.

Para el Ejecutivo, la carrera sanitaria permitiría ordenar no solamente la situación de los médicos, sino la del conjunto del personal de blanco, incorporando criterios de antigüedad, capacitación y meritocracia.

Otro punto de conflicto: los feriados

La remuneración por trabajar durante feriados también se convirtió en un obstáculo en las negociaciones.

El Ministerio propone G. 1 millón por cada feriado trabajado, especialmente para profesionales de urgencias, guardias y servicios considerados esenciales. El Gobierno calcula que un médico que trabajara 13 feriados durante un año podría obtener hasta G. 13 millones adicionales por este concepto.

El gremio rechaza esa modalidad y exige el pago doble por los días feriados trabajados, argumentando que esa es la compensación que corresponde conforme a las normas laborales vigentes.

¿Cuánto ganan actualmente los médicos?

El Ministerio también presentó su propia evolución histórica de los salarios médicos para cuestionar la afirmación gremial de que no hubo aumentos desde 2012.

Según los datos expuestos por Estigarribia, entre 2009 y 2010 un médico tenía un salario base de aproximadamente G. 2,31 millones por 24 horas. En 2012 se produjo un aumento del 100%, llevando el monto a G. 4,6 millones. En 2018 aumentó a G. 4,968 millones y en 2023 se estableció un salario básico de G. 5 millones.

Para 2025–2026 se implementó además una reducción de la carga horaria a 12 horas universales manteniendo el salario base de G. 5 millones, algo que el Ministerio interpreta como una duplicación del valor de la hora médica.

El Gobierno argumenta que conceder los G. 3 millones adicionales por cada vínculo solicitados por los gremios podría provocar un efecto dominó sobre otros sectores del Estado, como docentes, funcionarios judiciales y otros trabajadores públicos.

Los médicos dicen que la propuesta no responde al reclamo

La posición del gremio es diferente. El Sinamed rechazó por unanimidad el esquema de escalafón presentado por el Ejecutivo y consideró que la propuesta no responde al pedido central de los profesionales.

Los médicos plantean un piso salarial de G. 8 millones por contrato, a partir del cual debería estructurarse la carrera y el escalafón. Además del salario, el conflicto incluye reclamos relacionados con condiciones laborales, insumos, medicamentos y la situación de los profesionales contratados.

Tras rechazar la propuesta, el sindicato confirmó una nueva huelga para los días 21 y 22 de septiembre, por lo que el conflicto está lejos de terminar.

El problema más delicado: quién atenderá a los pacientes

Más allá de las cifras salariales, la mayor preocupación está en las consecuencias que la salida de especialistas puede producir sobre los pacientes.

La situación resulta particularmente sensible en neonatología, terapia intensiva pediátrica, cirugía pediátrica y otras especialidades críticas, donde no es sencillo reemplazar rápidamente a un profesional con formación especializada. El propio Ministerio reconoce que existen déficits históricos en determinadas áreas.

Las renuncias tampoco significan necesariamente que los médicos puedan abandonar inmediatamente sus puestos. El Ministerio explicó que las dimisiones deben cumplir requisitos formales: ser individuales, ingresar oficialmente por la Mesa de Entrada de la Secretaría General y cumplir los plazos administrativos. Una vez presentada correctamente, la institución dispone de 10 días hábiles para pronunciarse; en determinadas situaciones, los contratados deben esperar hasta 30 días para desvincularse efectivamente.

Esto significa que el número de renuncias presentadas y el número de médicos que efectivamente dejan de prestar servicios no son necesariamente iguales en un mismo momento.

El Gobierno defiende la formación pública de especialistas

Otro argumento utilizado por el Ministerio es el costo de formación de los profesionales. Estigarribia sostuvo que el Estado financia buena parte de la formación médica a través de la Universidad Nacional de Asunción y del Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem).

Según el funcionario, los residentes reciben actualmente alrededor de G. 6 millones y las subespecializaciones pueden representar inversiones adicionales de aproximadamente G. 10 millones, de acuerdo con el área y el proceso formativo.

El Gobierno sostiene que esa inversión pública permitió aumentar progresivamente el número de especialistas, aunque reconoce que continúan existiendo déficits en determinadas áreas.

Una crisis que trasciende Paraguay

La dimensión del conflicto comenzó incluso a generar pronunciamientos fuera del país. Sociedades médicas de Uruguay, Argentina y México expresaron apoyo a profesionales paraguayos y preocupación por la situación del sistema sanitario, mientras en Paraguay el conflicto continúa sin una solución consensuada.

El escenario también empieza a involucrar a otros sectores públicos. Organizaciones docentes emplazaron al Gobierno y no descartan sumarse a movilizaciones relacionadas con sus propios reclamos, lo que podría ampliar la presión social sobre el Ejecutivo.

La crisis sanitaria paraguaya entra así en una etapa decisiva. El Gobierno sostiene que ofrece una reforma estructural basada en escalafón, especialización, carrera sanitaria y regularización de contratados; los médicos consideran que la propuesta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones profesionales. Mientras ambas posiciones continúan alejadas, las 270 renuncias ya formalizadas y la salida anunciada de especialistas colocan en el centro del conflicto una cuestión que trasciende los salarios: la capacidad del sistema público para garantizar atención médica a los pacientes.

Foto: EFE / Juan Pablo Pino / ABC Color