El creciente tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las redes sociales está llevando a especialistas de América Latina a reclamar un debate regional sobre cómo proteger a los menores sin caer en prohibiciones generales que desconozcan las diferencias sociales, culturales y tecnológicas de cada país. La discusión cobra especial importancia porque Latinoamérica registra actualmente el promedio diario de uso de redes sociales más alto del mundo.

La preocupación fue planteada durante el “Encuentro en torno a la Regulación de las Redes Sociales y la Lucha Contra la Desinformación”, realizado esta semana en Costa Rica. Participaron expertos de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, quienes coincidieron en que los gobiernos de la región deberían comenzar a discutir mecanismos de protección específicos para los menores frente al creciente impacto de las plataformas digitales.

El encuentro fue organizado por el Proyecto de Apoyo al Periodismo Independiente y la Lucha contra la Desinformación, iniciativa financiada por la Unión Europea en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La discusión no se limitó al tiempo que los jóvenes permanecen conectados, sino que abordó también los desafíos relacionados con la desinformación, la protección de los menores y las responsabilidades de las grandes plataformas tecnológicas.

Latinoamérica encabeza el consumo diario

Uno de los datos que más preocupación genera es el tiempo promedio de utilización de las redes sociales. Según datos citados por el PNUD durante el encuentro, América Latina y el Caribe registra un promedio de tres horas y media diarias de consumo de redes sociales, el nivel más elevado entre las regiones del mundo.

La cifra coloca el problema más allá de una discusión sobre entretenimiento. Para los especialistas, cuando una parte significativa de la jornada de un menor transcurre conectada a plataformas digitales, aparecen interrogantes relacionados con la educación, las relaciones familiares, la exposición a contenidos inadecuados, la privacidad, la desinformación y la forma en que las propias plataformas diseñan mecanismos destinados a mantener la atención de sus usuarios.

El debate adquiere todavía mayor relevancia porque niños y adolescentes constituyen una población particularmente sensible. No solamente consumen contenidos: también producen videos, participan en comunidades digitales, interactúan con desconocidos, comparten información personal y reciben recomendaciones algorítmicas que pueden determinar qué contenidos aparecen repetidamente en sus pantallas.

¿Prohibir o regular?

Uno de los principales desafíos para los gobiernos latinoamericanos será encontrar un equilibrio entre proteger a los menores y respetar sus derechos digitales.

Los especialistas reunidos en Costa Rica plantearon que cualquier regulación debería ser discutida ampliamente y no limitarse a decisiones gubernamentales unilaterales. La propuesta incluye incorporar a los propios niños y adolescentes al debate, utilizando mecanismos adecuados a sus edades para conocer cómo viven ellos la relación con las redes sociales.

También deberían participar padres y madres, instituciones educativas, gobiernos y compañías tecnológicas. La razón es que las consecuencias de una eventual regulación pueden ser diferentes según el contexto social, económico y cultural de cada comunidad.

Una prohibición absoluta, por ejemplo, podría tener efectos distintos en una familia con acceso permanente a dispositivos y conectividad que en una comunidad donde Internet constituye una de las principales herramientas para acceder a educación, información o servicios.

Europa y Australia ya experimentan nuevas reglas

Latinoamérica tampoco parte de cero. Los expertos señalaron que existen experiencias internacionales que pueden servir como referencia, particularmente en la Unión Europea y Australia, donde se han impulsado diferentes medidas destinadas a afrontar los riesgos que las redes sociales pueden representar para los menores.

La experiencia internacional muestra que no existe una única fórmula. Las políticas pueden incluir verificación de edad, controles parentales, restricciones de determinados contenidos, protección reforzada de datos personales, límites para determinadas funcionalidades y obligaciones específicas para las empresas tecnológicas.

En Brasil, por ejemplo, el ECA Digital entró en vigor el 17 de marzo de 2026 y establece medidas de protección de datos y privacidad, verificación de edad, supervisión parental y responsabilidades para plataformas digitales accesibles a niños y adolescentes.

La experiencia brasileña resulta especialmente relevante para el Mercosur porque muestra que la discusión ya comenzó dentro de la región y que la protección de los menores puede convertirse progresivamente en una cuestión de política pública regional.

Las propias plataformas también están modificando sus reglas

Las empresas tecnológicas están respondiendo al aumento de las exigencias regulatorias. Meta, por ejemplo, anunció en agosto un acuerdo con fiscales generales de 52 estados y territorios de Estados Unidos que contempla nuevas restricciones para adolescentes en Facebook e Instagram, entre ellas límites diarios de uso, bloqueos nocturnos y silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar.

La compañía también ha reforzado las llamadas Cuentas de Adolescente de Instagram, que incorporan configuraciones de privacidad y contenidos más restrictivas para usuarios jóvenes. Meta informó además que utiliza sistemas basados en inteligencia artificial para identificar cuentas que podrían pertenecer a adolescentes y aplicarles protecciones específicas.

Estas medidas muestran que el debate ya no se limita a decidir si los jóvenes deben utilizar o no las redes. La discusión está avanzando hacia una cuestión más compleja: qué responsabilidades deben asumir las plataformas para garantizar que sus productos sean apropiados para menores y qué mecanismos deben utilizar los Estados para fiscalizar ese cumplimiento.

Un desafío que también alcanza al Mercosur

Para los países del Mercosur, la discusión puede adquirir una dimensión regional. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay enfrentan problemas similares relacionados con el uso de teléfonos inteligentes, redes sociales, desinformación y exposición de menores a contenidos digitales.

Una eventual coordinación regional podría permitir establecer criterios comunes sobre protección de datos de menores, verificación de edad, publicidad dirigida, mecanismos de denuncia, controles parentales y responsabilidades de las plataformas.

Sin embargo, cualquier política debería evitar que la protección termine generando nuevas desigualdades. El desafío consiste en garantizar seguridad digital sin impedir que los jóvenes accedan a herramientas que también son fundamentales para estudiar, comunicarse, informarse y participar en la sociedad.

El debate recién comienza

La conclusión de los expertos reunidos en Costa Rica no plantea una solución inmediata ni una prohibición general. Plantea algo anterior: la necesidad de que América Latina discuta de manera seria, coordinada y basada en evidencia qué relación quiere construir entre sus nuevas generaciones y las plataformas digitales.

El dato de las tres horas y media diarias convierte el problema en una cuestión que difícilmente pueda ser ignorada. Las redes sociales ya forman parte de la vida cotidiana de millones de jóvenes latinoamericanos, por lo que la discusión no pasa simplemente por sacarlos de Internet, sino por construir un entorno digital más seguro, responsable y compatible con sus derechos.

El desafío para los gobiernos será encontrar el punto de equilibrio entre protección, libertad, educación y acceso tecnológico. Y para las empresas, asumir que cuando sus plataformas son utilizadas masivamente por menores, la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre las familias.

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