Presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este viernes el cierre de varias mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica creados durante el gobierno de Gustavo Petro como parte de la política conocida como “paz total”, al tiempo que ordenó a las autoridades avanzar en las capturas y extradiciones pendientes contra integrantes de estructuras armadas y organizaciones criminales.
La decisión marca un nuevo giro en la política de seguridad del Gobierno y pone fin a varios procesos que durante la anterior administración habían sido presentados como mecanismos para buscar acercamientos con grupos armados y estructuras criminales.
Entre las medidas adoptadas se encuentra el cierre de la mesa de diálogo con el Frente Comuneros del Sur y el retiro del reconocimiento oficial como negociadores a Ángela María Robledo y Gabriel Yépez Mejía, conocido con el alias de “HH”.
El Gobierno también determinó terminar el espacio de conversación sociojurídica establecido con las estructuras armadas que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, proceso que había cobrado notoriedad pública después del denominado “tarimazo”. Dentro de esta decisión también quedó retirado el reconocimiento como negociadora a la senadora Isabel Zuleta.
De la Espriella sostuvo que las autoridades deberán retomar las acciones judiciales correspondientes contra quienes pierdan las condiciones que les permitían participar en estos procesos de diálogo.
“Las autoridades competentes y el Ministerio de Justicia han sido notificados para proceder con las capturas a que haya lugar, avanzar en las extradiciones pendientes y hacer cumplir la ley”, afirmó el mandatario.
La determinación representa una ruptura con uno de los principales pilares de la estrategia de “paz total” impulsada por Petro, que buscaba mantener simultáneamente conversaciones con diferentes organizaciones armadas y grupos criminales bajo distintas modalidades.
El Gobierno de De la Espriella ha planteado, en contraste, una política de mayor presión sobre las organizaciones ilegales y ha insistido en que cualquier eventual sometimiento a la justicia deberá producirse dentro del marco de la ley y sin otorgar a los grupos armados un papel político.
El presidente cerró su declaración con una advertencia que resume el tono de su nueva estrategia de seguridad: “Nunca más en el gobierno del tigre los delincuentes tendrán la palabra, tendrán que someterse, de lo contrario, los vamos a dar de baja”.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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