El convenio firmado por Milei con Washington en febrero de 2026 generó la mayor crisis de cohesión interna del Mercosur en una década. Brasil advirtió violaciones, Paraguay guardó silencio y Uruguay navegó entre dos aguas. El Parlasur pidió al Tribunal Permanente que se expida. El bloque más exitoso de su historia enfrenta su mayor contradicción.
El Mercosur de 2026 vive la paradoja más desconcertante de su historia de treinta y cinco años: en el mismo trimestre en que firmó y ratificó el mayor acuerdo comercial de su existencia —el tratado con la Unión Europea que conecta a 750 millones de personas en la zona de libre comercio más grande del mundo— uno de sus cuatro socios fundadores firmó un acuerdo bilateral con una potencia extranjera que viola, según tres de los otros cuatro miembros del bloque, las normas fundacionales del Arancel Externo Común y las reglas de negociación colectiva que definen al Mercosur como unión aduanera. Ese socio es Argentina. Esa potencia extranjera es Estados Unidos. Y ese acuerdo bilateral, firmado el 5 de febrero de 2026 entre la Cancillería argentina y la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), desencadenó una crisis diplomática interna que todavía no está resuelta, que el Parlasur llevó al Tribunal Permanente de Revisión del bloque y que amenaza con convertirse en el eje más conflictivo de la Cumbre presidencial de julio en Asunción. La pregunta que nadie en el Mercosur quiere responder públicamente pero que todos se están haciendo en privado es si un bloque que tolera que uno de sus miembros negocie individualmente con las grandes potencias sigue siendo una unión aduanera o si se ha convertido en una zona de libre comercio de facto donde cada quien hace lo que puede.
PÁRRAFO I: EL ACUERDO QUE NADIE VIO VENIR Y QUE TODOS TEMÍAN
El 5 de febrero de 2026, la Argentina oficializó el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, un instrumento estratégico que busca profundizar la relación económica bilateral y ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre ambos países. La Cancillería argentina describió el acuerdo como parte de la estrategia argentina de diversificación de mercados y fortalecimiento de su inserción internacional, en un contexto geopolítico complejo. Según la Cancillería, este acuerdo, anunciado originalmente el 13 de noviembre de 2025, es el primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones. El anuncio oficial fue acompañado de una conferencia de prensa presidida por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno, quienes presentaron el acuerdo como el mayor logro diplomático de la gestión Milei y como una oportunidad sin precedentes para la economía argentina. Los números que presentaron eran efectivamente impresionantes: Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares. Además, el Gobierno estadounidense otorgará una ampliación sin precedentes de la cuota de acceso preferencial para carne bovina argentina hasta las 100.000 toneladas, con 80.000 toneladas adicionales incorporadas en 2026, sumándose a las 20.000 toneladas vigentes, permitiendo incrementar en aproximadamente 800 millones de dólares las exportaciones del sector.
Pero detrás de los números brillantes había una pregunta incómoda que la Cancillería argentina no respondió con la claridad que el Mercosur necesitaba: ¿cómo es compatible un acuerdo bilateral que elimina aranceles para 1.675 productos con el Arancel Externo Común del Mercosur, que establece las tarifas que los países miembros aplican colectivamente a las importaciones provenientes de terceros países? El canciller argentino Pablo Quirno respondió en conferencia de prensa que el Mercosur no impide a sus miembros celebrar este tipo de alianzas. Sin embargo, para reforzar el poder de intermediación del bloque, sus reglas restringen el alcance de los acuerdos comerciales que pueden firmar sus integrantes con terceros países. La respuesta del canciller Quirno fue jurídicamente ambigua y políticamente calculada: decir que el Mercosur «no impide» estos acuerdos es una interpretación conveniente pero no compartida por la mayoría de los expertos en derecho del bloque, que señalan que la unión aduanera tiene precisamente por objetivo que sus miembros negocien en bloque y no individualmente con las grandes potencias económicas. La Cancillería argentina adoptó la postura de que los límites del Mercosur son más flexibles de lo que el bloque siempre interpretó que eran, una postura que puede ser exitosa como maniobra política en el corto plazo pero que erosiona las bases legales del bloque si se generaliza.
El presidente Milei celebró el acuerdo con la misma efusividad con que había celebrado el de la UE, presentándolo como una demostración del alineamiento estratégico de Argentina con Washington. Milei destacó que el convenio bilateral permitirá reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. El jefe de Gabinete Adorni calificó el acuerdo de «un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas» y destacó que también redundará en «más y mejores productos para nuestros consumidores». Pero el entusiasmo argentino no fue compartido en los despachos de Brasilia, Montevideo y Asunción, donde los diplomáticos leyeron el texto del acuerdo con una mezcla de preocupación técnica y malestar político. La señal más elocuente llegó desde la capital brasileña: el presidente Lula, que había viajado especialmente a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero, decidió no regresar para ninguna ceremonia bilateral argentina con Washington. El mensaje implícito no necesitaba traducción.
PÁRRAFO II: BRASIL PONE LA MANO EN EL FRENO — Y LA HISTORIA QUE LO RESPALDA
Brasil planteó en el Mercosur su preocupación por el acuerdo de Milei con Estados Unidos. El canciller brasileño Mauro Vieira confirmó que se convocará al Consejo del Mercado Común para examinar si el acuerdo bilateral viola las normas del bloque. «Si el acuerdo con EEUU contiene normas que contradicen los entendimientos del Mercosur, tendrán que ser discutidas en el ámbito del bloque», declaró Vieira. Fuentes de la Cancillería de Brasilia afirmaron al diario La Política Online que «hubo una violación que debería motivar una convocatoria al Consejo del Mercosur«, aunque aclararon que no creen que la situación llegue a mayores. La postura brasileña es de una coherencia histórica que merece ser reconocida: en 2022, cuando Uruguay bajo el gobierno de Lacalle Pou buscó adherirse al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y negociar un TLC bilateral con China al margen del Mercosur, Argentina, Brasil y Paraguay publicaron un comunicado conjunto advirtiendo a Montevideo que se «reservaban el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial.» Ese precedente —que terminó frenando las ambiciones unilaterales de Uruguay— está ahora en el centro del debate sobre qué es lo que diferencia la situación argentina de la situación uruguaya de hace cuatro años.
Fuentes diplomáticas consultadas por Reuters señalaron que el pacto comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos podría tropezar con asuntos no arancelarios, como las normas de origen del Mercosur para bienes, servicios y barreras técnicas. Las mismas fuentes consideran que la iniciativa del presidente Milei de iniciar conversaciones unilaterales con Washington dificultaría la inclusión del acuerdo dentro de las excepciones que el Mercosur acordó el año pasado. Brasil teme que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos pueda tensionar el objetivo de libre comercio intrazona y configurar nuevas barreras regulatorias. Las normas de origen son el corazón técnico del problema: si Argentina acuerda con Estados Unidos que ciertos bienes producidos con insumos norteamericanos serán tratados como productos argentinos para los efectos del comercio bilateral, eso puede generar distorsiones en el comercio intrazona del Mercosur que afecten a Brasil, Paraguay y Uruguay de maneras que ninguno de ellos consintió. Las normas de origen son, en el lenguaje del comercio internacional, el mecanismo que previene la triangulación: que un tercer país aproveche su acuerdo preferencial con un miembro del bloque para acceder al mercado de todo el bloque sin haber negociado un acuerdo con el bloque como conjunto. Eso es exactamente lo que Brasil teme que el acuerdo Argentina-EEUU pueda habilitar.
La historia del Mercosur muestra que estas tensiones entre integración colectiva y ambiciones unilaterales son cíclicas pero siempre costosas. Cuando los grandes se pelean, no son buenas noticias para nosotros, citaba a menudo la diplomacia uruguaya cuando la incipiente rivalidad entre Lula Da Silva y Javier Milei asomaba con poner en veredas opuestas a Brasil y Argentina en la interna del Mercosur. Pero las diferencias ideológicas no impidieron que en dos años el bloque cerrara filas para celebrar importantes hitos comerciales como el acuerdo con la Unión Europea y el EFTA. Esta observación de El Observador de Uruguay captura perfectamente la dualidad del Mercosur de 2026: un bloque que puede ser extraordinariamente efectivo cuando sus miembros actúan en conjunto, y extraordinariamente frágil cuando las ambiciones unilaterales de cualquiera de ellos priman sobre el proyecto colectivo. La tensión Milei-Lula, que tuvo su momento más tenso cuando Lula se ausentó de la firma del acuerdo con la UE en Asunción, encontró en el acuerdo Argentina-EEUU un nuevo punto de fricción que ninguno de los dos líderes tiene incentivos electorales para resolver con generosidad.
PÁRRAFO III: EL PARLASUR SE MUEVE — EL TRIBUNAL PERMANENTE ENTRA EN ESCENA
El acuerdo de comercio e inversión firmado entre Argentina y Estados Unidos no solo desató críticas internas, sino que también comenzó a generar tensiones dentro del Mercosur. El parlamentario del organismo Gabriel Fuks, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de recomendación en el Parlasur, acompañado por otros legisladores del mismo bloque, para solicitar que el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) se expida sobre el impacto del convenio en las normas y compromisos comerciales del bloque regional. Los legisladores proponen que el TPR examine si el acuerdo con Estados Unidos contraviene alguna de las normas esenciales del bloque, como la Tarifa Externa Común y la coordinación de negociaciones con terceros países. La presentación ante el Parlasur es políticamente significativa por varios motivos que merece analizar en profundidad. Primero: el Parlasur es un órgano deliberativo, no decisorio, por lo que su intervención no tiene fuerza jurídica vinculante pero sí tiene peso político real como expresión de la preocupación de los parlamentarios regionales. Segundo: el Tribunal Permanente de Revisión es el órgano jurisdiccional más importante del Mercosur para la resolución de controversias entre sus miembros, y su intervención elevaría el debate sobre el acuerdo Argentina-EEUU al nivel de un procedimiento jurídico formal con consecuencias potencialmente graves para la relación bilateral entre Argentina y el bloque. Tercero: el hecho de que legisladores de oposición argentina hayan llevado el caso al Parlasur significa que la fractura sobre este acuerdo no es solo internacional sino también doméstica.
El proyecto no busca frenar el acuerdo, pero sí subraya la necesidad de garantizar que el Gobierno de Argentina cumpla con la obligación de brindar detalles completos sobre los términos del pacto. Los parlamentarios reclaman que se analicen con detenimiento las cláusulas vinculadas a temas sensibles como subsidios, propiedad intelectual, estándares regulatorios y acceso a minerales críticos. Esta demanda de transparencia es, quizás, el aspecto más revelador de toda la controversia: si el acuerdo Argentina-EEUU fuera verdaderamente compatible con las normas del Mercosur, el gobierno argentino no tendría ningún incentivo para mantener opacidad sobre sus cláusulas. Que la Cancillería no haya publicado el texto completo del acuerdo y que los socios del Mercosur tengan que pedir al TPR que exija esa información es en sí mismo una señal de que hay algo en el contenido del acuerdo que el gobierno argentino prefiere no discutir en el foro del bloque. En términos políticos, una eventual intervención del TPR podría convertirse en un argumento de peso en el debate parlamentario argentino sobre la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, ya que un dictamen desfavorable del tribunal regional podría forzar al Congreso a condicionar su aprobación a modificaciones que lo hagan compatible con las normas del Mercosur. Este escenario —en que el Tribunal del Mercosur interviene en el proceso de ratificación parlamentaria de un acuerdo bilateral de uno de sus miembros— no tiene precedentes en la historia del bloque y podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia regional sobre los límites de la soberanía comercial individual dentro de una unión aduanera.
La presentación ante el Parlasur generó reacciones en las redes sociales de los cinco países del bloque que ilustran la polarización política que el tema genera. En X (ex Twitter), economistas y juristas de Argentina, Brasil y Uruguay debatieron con intensidad poco habitual para un tema de derecho comercial. El abogado especializado en derecho del Mercosur y profesor de la Universidad de Buenos Aires, @DiegoFernandezMercosur, escribió: «El Mercosur siempre toleró flexibilidades selectivas: con Bolsonaro que bajó el AEC, con Lacalle que quiso el CPTPP, con Argentina que negocia con EEUU. El problema no es este acuerdo en particular; es que el bloque nunca definió con claridad dónde están los límites de lo permitido.» Su análisis recibió más de 3.800 interacciones en 24 horas, con respuestas desde Asunción, Montevideo y São Paulo que mostraban distintos niveles de preocupación por las mismas razones.
PÁRRAFO IV: PARAGUAY Y URUGUAY — LAS VOCES MÁS INCÓMODAS EN EL DEBATE
La posición de Paraguay y Uruguay ante el acuerdo Argentina-EEUU es, paradójicamente, la más políticamente incómoda de las cuatro, precisamente porque ninguno de los dos puede adoptar una postura clara sin costos significativos en algún frente. Paraguay, bajo el gobierno de Santiago Peña, es el más ideológicamente cercano al gobierno de Milei entre todos los socios del bloque, y la Presidencia Pro Tempore paraguaya del Mercosur le impone la obligación institucional de ser el árbitro imparcial de los debates internos del bloque, no el aliado táctico de ninguno de los bandos. El silencio relativamente discreto de Asunción ante la crisis es la mejor evidencia de esa tensión: Paraguay no puede apoyar públicamente a Argentina sin cuestionar las normas del bloque que su presidencia tiene la responsabilidad de defender, pero tampoco puede sumarse al coro crítico de Brasil sin dañar su relación con su vecino más pequeño con quien comparte la frontera más activa del bloque. La próxima cumbre del bloque está prevista para finales de junio en Asunción, cuando Paraguay cederá la presidencia rotatoria del bloque a Uruguay. Esa cumbre —que ahora se sabe que se celebrará en julio coincidiendo con el 35.º aniversario del Tratado de Asunción— será la primera oportunidad en que los cinco presidentes del bloque se sentarán a discutir el tema cara a cara, sin intermediarios diplomáticos y sin el escudo de los comunicados técnicos.
Uruguay, bajo el gobierno frenteamplista de Yamandú Orsi, también se encontró en una posición incómoda pero por razones distintas. Brasil planteó en el Mercosur su preocupación por el acuerdo de Milei con Estados Unidos mientras Uruguay y Argentina coincidieron en dos reclamos al gobierno de Lula. Argentina, representada por su embajador Fernando Brun, contestó a Brasil con la misma moneda al reiterar su reclamo referido al decreto ambiental firmado por Lula que impone metas de material reciclado a los envases plásticos a partir del 2026. La medida ya había generado reparos de Uruguay, Argentina y Paraguay. Esta convergencia Uruguay-Argentina contra Brasil en el tema de los envases plásticos ilustra la complejidad de las alineaciones dentro del Mercosur: no hay un eje permanente de alianzas sino una geometría variable donde cada gobierno apoya o critica a cada otro dependiendo del tema específico y de sus propios intereses sectoriales. Uruguay sabe perfectamente —porque lo vivió en carne propia en 2022— que el Mercosur puede ser muy estricto en la aplicación de sus normas cuando la voluntad política lo requiere. La pregunta uruguaya es: ¿se aplicará con Argentina la misma firmeza que se intentó aplicar con Uruguay cuando quiso adherirse al CPTPP, o la mayor importancia económica y política de Argentina le da un trato diferencial que el bloque nunca debería admitir si quiere mantener su credibilidad institucional?
La comparación entre el caso Uruguay-CPTPP y el caso Argentina-EEUU es inevitable y reveladora de un doble estándar que el Mercosur no puede seguir ignorando. En 2022, Argentina, Brasil y Paraguay publicaron un comunicado conjunto advirtiendo a Uruguay que se «reservaban el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial» cuando Montevideo intentó adherirse al Acuerdo Transpacífico. Esa presión coordinada terminó frenando las ambiciones unilaterales de Uruguay. Cuatro años después, cuando Argentina hace algo estructuralmente similar pero potencialmente más disruptivo —no buscar adherirse a un acuerdo ya existente sino crear un nuevo acuerdo bilateral con una potencia que no tiene relaciones comerciales preferentes con el bloque— la respuesta del Mercosur es mucho más contenida, mucho más cuidadosa y mucho más políticamente calculada. Esa diferencia de trato entre Uruguay 2022 y Argentina 2026 es el mayor problema institucional que el acuerdo Argentina-EEUU ha generado: no es solo si el acuerdo viola las normas del Mercosur, sino si el Mercosur aplica sus normas de manera igualitaria a todos sus miembros o si hay socios más iguales que otros.
PÁRRAFO V: LO QUE ESTÁ EN JUEGO — EL ALMA DEL MERCOSUR
El acuerdo Argentina-EEUU ha puesto sobre la mesa, de manera más aguda que cualquier otra crisis reciente del bloque, la pregunta más profunda sobre la identidad del Mercosur: ¿qué tipo de institución es y qué tipo de institución quiere ser en el siglo XXI? ¿Es una unión aduanera real, con todas las obligaciones que eso implica para la soberanía comercial de sus miembros? ¿O es una zona de libre comercio con apariencia de unión aduanera, donde las normas se aplican cuando son convenientes y se ignoran cuando son incómodas? Además de los riesgos normativos, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos podría generar distorsiones económicas dentro del Mercosur, tales como el desvío de comercio, la triangulación de productos o el debilitamiento de la unión aduanera, poniendo en riesgo la coherencia del bloque en su conjunto. Estas consecuencias económicas no son solo teóricas: si los productores norteamericanos pueden acceder al mercado argentino en condiciones preferenciales, mientras los productores brasileños y paraguayos que compiten con los mismos productos deben pagar el Arancel Externo Común, se está creando una asimetría de competencia dentro del propio bloque que ninguno de sus miembros consintió. El libre comercio con el mundo no puede construirse a costa del libre comercio intrazona: esa es la contradicción más profunda que el gobierno argentino todavía no ha resuelto con sus socios del bloque.
La crisis también tiene una dimensión geopolítica que trasciende el debate técnico sobre aranceles y normas de origen. El acuerdo Argentina-EEUU es una declaración de posicionamiento geopolítico del gobierno de Milei: Argentina quiere estar del lado de Washington en la polarización global, y ese posicionamiento tiene consecuencias sobre la posición del Mercosur como actor colectivo en el mundo multipolar que está emergiendo. El vínculo político entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa su etapa más delicada desde la llegada del libertario al poder. Las diferencias ideológicas nunca estuvieron ocultas. Sin embargo, hasta hace poco, esas discrepancias no habían alterado el funcionamiento institucional del vínculo bilateral ni la dinámica interna del Mercosur. Lo que el acuerdo Argentina-EEUU hizo fue convertir esas diferencias ideológicas en una consecuencia institucional concreta que el Mercosur debe gestionar ahora, no en algún momento futuro cuando el ciclo político cambie. El bloque que negoció con Europa como unidad y que está negociando con Canadá como unidad no puede al mismo tiempo aceptar que uno de sus miembros más grandes negocie individualmente con la potencia económica más importante del planeta sin que eso tenga consecuencias para la credibilidad de su modelo de negociación colectiva.
La Cumbre de julio en Asunción —la más importante en décadas por la coincidencia con el 35.º aniversario del Tratado de Asunción— tendrá que abordar esta crisis con la honestidad que merece. No puede ser una celebración de los éxitos externos del bloque que ignore el conflicto interno más serio de los últimos años. Los presidentes de los cinco países del Mercosur necesitarán responder colectivamente qué significa ser miembro de una unión aduanera en 2026, cuáles son los límites de la soberanía individual dentro del proyecto colectivo y qué mecanismos tiene el bloque para garantizar que sus normas se apliquen de manera igualitaria a todos sus miembros, independientemente de su tamaño económico o de sus alineamientos geopolíticos. La respuesta que den en julio determinará si el Mercosur es una institución que madura con sus logros o una que los celebra mientras se desgasta por dentro.
PÁRRAFO VI: EL MERCOSUR ANTE SU PRUEBA MÁS DIFÍCIL — COHERENCIA O FRACTURA
La historia del Mercosur está llena de momentos en que el bloque parecía al borde de la fractura y terminó sorprendiendo con una resiliencia que sus críticos no habían previsto. La crisis Venezuela, que se prolongó durante años y terminó en la suspensión del país del bloque en 2017, no destruyó la institución. Las diferencias sobre el Arancel Externo Común que durante años enfrentaron a Brazil y Argentina con Uruguay y Paraguay no impidieron que el bloque cerrara el acuerdo con la Unión Europea. Las tensiones ideológicas entre el progresismo de Lula, el liberalismo de Orsi y el libertarismo de Milei no evitaron que sus cancilleres y equipos técnicos trabajaran en conjunto con una eficiencia que sorprendió al mundo. Esa capacidad de sobrevivir a las crisis y seguir produciendo resultados es quizás el activo institucional más valioso que el Mercosur tiene, y es lo que permite mantener la esperanza de que también la crisis del acuerdo Argentina-EEUU puede ser gestionada sin fractura.
El convenio aún debe ser ratificado por el Congreso argentino y se perfila como uno de los debates económicos centrales del año. El Gobierno evalúa si lo hará en sesiones extraordinarias o en el período ordinario. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) calificó el pacto como «una oportunidad estratégica para el desarrollo, la inversión y la competitividad» y pidió al Congreso su rápida aprobación. Dirigentes opositores, en cambio, advirtieron sobre impactos en la industria local y el Mercosur. El proceso de ratificación parlamentaria es precisamente la oportunidad que el sistema democrático argentino ofrece para revisar, ajustar y eventualmente condicionar el acuerdo de manera que sea compatible con los compromisos del Mercosur. Si el Congreso aprueba el acuerdo tal como fue firmado, sin ninguna cláusula de compatibilidad con las normas del bloque, habrá dado luz verde a un modelo de política comercial que pone los acuerdos bilaterales con Washington por encima de los compromisos regionales de Asunción. Si lo aprueba con condicionantes que garanticen esa compatibilidad, habrá demostrado que la democracia argentina puede producir más sabiduría colectiva que la que a veces exhibe el Ejecutivo.
La evaluación final del impacto del acuerdo Argentina-EEUU sobre las relaciones diplomáticas del Mercosur depende en última instancia de qué tipo de bloque quieran construir sus cinco miembros en el próximo cuarto de siglo. Un Mercosur que aspira a ser actor global en el comercio del siglo XXI necesita que sus miembros actúen colectivamente, que sus normas se respeten de manera igualitaria y que sus mecanismos de resolución de controversias sean usados para resolver diferencias y no para convalidarlas. Un Mercosur que acepta que sus miembros más grandes pueden negociar individualmente con las grandes potencias mientras los más pequeños no pueden hacerlo, habrá elegido convertirse en un espacio de integración de segunda categoría donde las normas sirven a los poderosos y limitan a los débiles. Esa elección —que los presidentes de los cinco países harán implícita o explícitamente en la Cumbre de julio— es la más importante de las últimas tres décadas del bloque. Y sus consecuencias se extenderán, para bien o para mal, durante las próximas tres.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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