Mientras los presidentes del Mercosur celebran, los juristas europeos trabajan. Y lo que están haciendo en Luxemburgo podría cambiar radicalmente el futuro del mayor acuerdo comercial de la historia del bloque. El acuerdo Mercosur–UE lleva apenas dieciséis días en vigor provisional, y ya enfrenta su mayor amenaza jurídica: un proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría suspender su aplicación definitiva por hasta dos años o incluso declararlo incompatible con los Tratados europeos. El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones una resolución solicitando una opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos. El margen fue de apenas 10 votos. Esta resolución efectivamente suspendió el procedimiento parlamentario de ratificación del acuerdo, pendiente de la revisión judicial. La votación del 21 de enero en el hemiciclo de Estrasburgo fue uno de los momentos más tensos de la historia reciente del Parlamento Europeo en materia de comercio exterior, con protestas de agricultores con tractores rodeando el edificio y enfrentamientos con la policía que dominaron las portadas de los diarios europeos. El margen de apenas diez votos ilustra perfectamente la fractura del Parlamento Europeo en torno a este asunto: ni el rechazo ni el apoyo son abrumadores, lo que hace que el futuro jurídico y político del acuerdo sea genuinamente incierto. Advfn
El Parlamento Europeo planteó al TJUE dos preguntas legales concretas y técnicas. La primera: ¿es legalmente válido dividir el acuerdo en dos instrumentos separados —el Acuerdo de Asociación EMPA y el Acuerdo Comercial Interino ITA— cuando el mandato original de negociación del Consejo de la UE preveía un único acuerdo comprensivo? La segunda: ¿el llamado «mecanismo de reequilibrio», que permite a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias si futuras leyes ambientales europeas reducen sus exportaciones, restringe la competencia de la UE para establecer sus propias políticas ambientales y de salud del consumidor? Estas dos preguntas son, en apariencia, técnicas y áridas. Pero sus implicaciones prácticas son enormes. Si el TJUE determina que la división del acuerdo en dos instrumentos es ilegal, toda la arquitectura jurídica sobre la que se construyó la aplicación provisional se derrumba. Si determina que el mecanismo de reequilibrio es incompatible con los Tratados europeos, uno de los pilares centrales del equilibrio negociado entre ambos bloques queda en entredicho, lo que podría forzar una renegociación parcial del texto. CNN Brasil
Los procedimientos de opinión ante el TJUE típicamente demoran entre 16 y 25 meses. La Opinión 2/15 del TJUE sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE–Singapur fue emitida en 22 meses. Esto significa que la opinión del TJUE sobre el acuerdo Mercosur–UE no se esperaría antes de finales de 2027, lo que deja al acuerdo en un estado de limbo jurídico durante casi dos años. Dos años de incertidumbre jurídica no son un detalle administrativo; son dos años en que empresas a ambos lados del Atlántico deben planificar inversiones, contratos y operaciones sin saber si el marco legal que los ampara seguirá siendo válido. Aunque la referencia al TJUE no bloquea legalmente la aplicación provisional del acuerdo, la decisión de la Comisión Europea de proceder con la aplicación provisional a pesar de la revisión pendiente del TJUE ha expuesto las divisiones institucionales dentro de la UE sobre el tiempo, las salvaguardias legales y el control democrático del proceso de ratificación. Esta tensión institucional entre la Comisión —que quiere acelerar— y el Parlamento —que quiere frenar para examinar— es la expresión más clara de un debate más profundo sobre quién gobierna el comercio exterior europeo y bajo qué controles democráticos. LA NACIONMercoPress
El Real Instituto Elcano de Madrid analizó en profundidad el alcance de la referencia al TJUE, señalando que la decisión no desafía el fondo político o económico del acuerdo, sino su validez legal bajo el derecho europeo, en particular la base legal y el procedimiento elegido para su negociación y aprobación. El Instituto subrayó que algunos eurodiputados que votaron a favor de la referencia al TJUE lo hicieron como precaución legal, no como rechazo sustantivo del acuerdo, y que eso no anticipa automáticamente el resultado de un futuro voto de ratificación. Esta distinción es crucial para que los países del Mercosur no interpreten erróneamente la referencia judicial como una señal de rechazo político del acuerdo. No todos los que votaron por la revisión del TJUE son enemigos del tratado; muchos son simplemente parlamentarios que consideran que un acuerdo de esta magnitud debe pasar por todos los filtros jurídicos disponibles antes de su ratificación definitiva. Sin embargo, el tiempo que demandará ese proceso judicial es tiempo que el Mercosur necesita para garantizar que el acuerdo se consolide y que sus beneficios sean irreversibles. MercoPress
Los países que votaron en el Consejo de la UE contra el acuerdo —Francia, Polonia, Irlanda, Austria y Hungría— no pueden bloquear la aplicación provisional, pero siguen ejerciendo presión política intensa. Francia, en particular, ha convertido la oposición al Mercosur en una causa de Estado que trasciende los cambios de gobierno, con los agricultores franceses como la fuerza social más movilizada de toda Europa en contra del tratado. Las protestas de agricultores con tractores frente al Parlamento Europeo el día del voto sobre la referencia al TJUE no fueron una anomalía; son el reflejo de un miedo real y de un malestar político que ningún gobierno europeo puede ignorar sin consecuencias electorales. La paradoja es que cuanto más tiempo dure el proceso judicial, más tiempo tendrán esos movimientos agrarios para consolidar su oposición y construir una mayoría parlamentaria que finalmente rechace la ratificación definitiva. El reloj corre contra el acuerdo, y el Mercosur lo sabe. Lincoln Global Partners
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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