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El avance de la humanización en los establecimientos penitenciarios de Colombia acaba de dar un paso decisivo con la creación de la primera Unidad de Extensión Temporal dentro de una cárcel, un modelo inédito en el país que transforma la manera en que se concibe la atención médica en contextos de reclusión. Desde septiembre, este espacio instalado en el complejo penitenciario de La Picota en Bogotá comenzó a ofrecer servicios destinados a privados de la libertad que requieren cuidados posoperatorios, monitoreo permanente o tratamientos que, en condiciones normales, implicarían estancias prolongadas en hospitales externos.
La experiencia de Edison Suárez Ávila ilustra la dimensión humana de este proyecto. Tras una cirugía de urgencia en el Hospital San Carlos -donde fue intervenido por una peritonitis derivada de una apendicitis complicada-, hoy completa su recuperación en un entorno que describe como tranquilo, digno y con atención continua del personal especializado. Para él y decenas de internos con condiciones similares, el nuevo servicio ha significado una diferencia sustancial en su proceso de recuperación. “La atención ha sido muy buena”, resume, consciente de que, de no existir esta unidad, habría tenido que regresar a una celda sin condiciones para un cuidado clínico adecuado.
La iniciativa nació como respuesta a una necesidad evidente: la población privada de la libertad debe, con frecuencia, retornar a sus lugares de reclusión inmediatamente después de una intervención médica, aun cuando no cuenten con condiciones mínimas para su recuperación. Frente a esa realidad, Luz Dary Estupiñán Bautista, subdirectora de Atención en Salud del INPEC, concibió la idea de crear un centro intramural que garantizara continuidad en los tratamientos y un espacio digno para quienes enfrentan procesos de salud complejos. Su propuesta recibió respaldo institucional inmediato y articuló esfuerzos del Ministerio de Justicia, del INPEC, de la USPEC y del operador Unión Temporal Salud Central.
Con una capacidad instalada de 22 camas y personal de salud permanente, la Unidad de Extensión Temporal funciona como un nivel intermedio entre la consulta básica y la hospitalización externa, permitiendo cubrir necesidades que van desde curaciones avanzadas hasta cuidados posoperatorios prolongados. Para Katherine Lara, coordinadora administrativa del operador, la esencia del proyecto radica en devolver humanidad a un sistema históricamente marcado por la precariedad. Su labor diaria -como trabajadora social y enfermera con trayectoria en gerencia de proyectos- le ha permitido constatar la diferencia que representa un espacio diseñado no solo para tratar enfermedades, sino también para preservar la dignidad. “Si se deja de lado la humanidad, se pierde todo”, afirma con convicción.
El médico familiar José Alejandro Tovar, encargado de definir criterios de ingreso y seguimiento clínico, coincide en la relevancia de este salto en la calidad de vida de la población penitenciaria. Recuerda que, en la mayoría de los casos, los patios y celdas no ofrecen condiciones mínimas para un cuidado seguro, por lo que contar con un equipo médico permanente se convierte en un factor determinante. Para él, cada evolución positiva de un paciente reafirma el propósito de un trabajo que, aunque retador, genera una profunda satisfacción profesional y humana.
La puesta en marcha de la unidad requirió una inversión cercana a los 110 millones de pesos para adecuaciones y equipos, además del talento humano compuesto por médicos generales y familiares, enfermeras jefe, auxiliares de enfermería, personal administrativo, un regente de farmacia y apoyo en servicios generales. Su operación complementa una red de atención exclusiva para el sistema penitenciario, que incluye servicios de alta complejidad en el Hospital Fundación San Carlos, atención en salud mental en la IPS Goleman y cuidados paliativos en la IPS Multihealth.
Para el director de La Picota, Horacio Bustamante, el impacto va más allá de la disminución de riesgos en desplazamientos o de la reducción de costos operativos. Señala que este modelo representa un cambio estructural en la manera en que se entiende el derecho a la salud dentro de los centros penitenciarios. Subraya que aquí los pacientes cuentan con camas dignas, equipos clínicos adecuados, personal capacitado para tomar decisiones autónomas y suministro oportuno de medicamentos. “Eso es humanizar”, afirma sin dudas.
El proyecto no se detiene allí. La administración ya gestiona la incorporación de una unidad portátil de rayos X y un servicio de diálisis intramural que evite traslados y riesgo para quienes padecen enfermedades renales. De igual forma, se proyecta fortalecer la atención en oncología para responder a una demanda creciente.
El siguiente paso será replicar este modelo en la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde se prevé la apertura de una nueva unidad con 40 camas y servicios de cuidados paliativos intramurales. De acuerdo con Luz Dary Estupiñán, la meta a mediano plazo es que cada regional del INPEC cuente con una red sólida de servicios médicos que garantice atención de calidad, continuidad en los tratamientos y un enfoque centrado en la dignificación humana.
Con estas iniciativas, el país avanza hacia un modelo penitenciario que reconoce que la privación de la libertad no anula los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud. Y que brindar atención médica digna no es un privilegio, sino una obligación del Estado y un reflejo del compromiso con la vida y la humanidad de todas las personas, incluso aquellas que cumplen una condena.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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