Bolivia abrió un nuevo debate sobre la distribución territorial del poder. Una propuesta de reforma busca fortalecer las autonomías y permitir que gobernaciones y regiones tengan mayor capacidad real para administrar recursos, ejecutar políticas públicas y tomar decisiones sobre asuntos que afectan directamente a sus territorios. La discusión aparece en un momento en que el Gobierno de Rodrigo Paz impulsa el denominado modelo 50/50, presentado como un intento de reducir el histórico centralismo del Estado boliviano.

La cuestión no es nueva. La Constitución Política del Estado de 2009 reconoce que la autonomía implica la elección directa de autoridades, la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas dentro de las competencias correspondientes. Sin embargo, el debate actual parte de una pregunta más profunda: ¿cuánto poder efectivo tienen realmente las regiones para decidir sobre su propio desarrollo?

El Gobierno ha colocado esta discusión en el centro de su propuesta política mediante el modelo 50/50, que plantea una nueva relación entre el Estado central, las gobernaciones y los municipios. La iniciativa busca acompañar una mayor transferencia de recursos con responsabilidades concretas para las administraciones territoriales. El presidente Rodrigo Paz ha definido este proceso como el inicio del cierre del modelo centralista y ha sostenido que Bolivia debe comenzar a construir el Estado desde las regiones.

La discusión, sin embargo, no se limita al dinero. Para que las autonomías funcionen plenamente, las regiones necesitan contar con competencias claras, capacidad administrativa, mecanismos de financiamiento y herramientas para planificar inversiones de acuerdo con sus propias necesidades. La propia Constitución establece que las entidades autónomas ejercen competencias dentro de sus respectivas jurisdicciones y contempla mecanismos de transferencia y delegación desde el nivel central.

El desafío adquiere especial importancia para departamentos con características económicas muy diferentes. Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí enfrentan realidades productivas, sociales y geográficas distintas. Una política diseñada exclusivamente desde La Paz puede no responder de la misma manera a las necesidades de una región agrícola, una zona minera, un territorio amazónico o un departamento con fuerte actividad hidrocarburífera.

La propuesta también se conecta con el debate sobre una eventual reforma constitucional. En las últimas semanas han aparecido planteamientos para modificar diferentes aspectos de la Constitución, entre ellos las autonomías, la justicia, el sistema político y las condiciones para atraer inversiones. El debate refleja una discusión más amplia sobre si las instituciones actuales son suficientes para enfrentar la nueva etapa económica y política que atraviesa Bolivia.

El propio diseño constitucional contempla distintos niveles de autonomía. Además de las autonomías departamentales y municipales, existe la posibilidad de constituir autonomías regionales, integradas por municipios o provincias que compartan características geográficas, culturales, históricas y económicas. Estas regiones pueden adquirir competencias mediante los procedimientos establecidos por la Constitución y la legislación correspondiente.

La discusión tiene además un antecedente histórico. El debate autonómico fue uno de los grandes temas de la transformación institucional boliviana de mediados de la década de 2000. El referendo autonómico de 2006 mostró profundas diferencias entre las regiones del oriente y occidente del país y se convirtió en uno de los elementos que acompañaron el proceso constituyente.

Ahora, casi dos décadas después, la cuestión vuelve a la agenda desde una perspectiva diferente. El objetivo ya no sería solamente reconocer jurídicamente la autonomía, sino determinar si las regiones disponen de los recursos y competencias suficientes para ejercerla de manera efectiva. En mayo, alcaldes de diferentes partes del país ya habían planteado una redistribución de recursos bajo el esquema 50/50 y reclamado avances en financiamiento, competencias, sostenibilidad fiscal, inversión pública y fortalecimiento institucional.

Para las regiones, la diferencia puede ser decisiva. Tener autonomía política pero depender financieramente del Gobierno central puede limitar la capacidad de ejecutar obras, mantener servicios públicos o diseñar políticas de desarrollo propias. Por eso, el debate sobre recursos y competencias aparece inevitablemente unido al debate sobre quién decide y quién responde ante los ciudadanos.

El Gobierno sostiene que una mayor autonomía debe estar acompañada de responsabilidad y eficiencia. Esta condición resulta clave: una eventual descentralización no debería significar simplemente trasladar recursos desde La Paz hacia las gobernaciones, sino establecer controles, metas, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los ciudadanos conocer cómo se utilizan los fondos públicos.

Bolivia se encuentra así ante una discusión que puede modificar el equilibrio entre el poder central y las regiones. Si la reforma consigue transformar la autonomía constitucional en capacidad efectiva para decidir, administrar y ejecutar, podría representar un cambio importante en la organización del Estado. Si se limita a redistribuir recursos sin transferir competencias y responsabilidades reales, el centralismo podría permanecer prácticamente intacto.

La pregunta que queda abierta es de fondo: ¿está Bolivia preparada para pasar de un modelo en el que gran parte de las decisiones se concentran en el poder central a otro en el que las regiones tengan verdadera capacidad para construir su propio desarrollo? La respuesta dependerá de los acuerdos políticos, de una eventual reforma constitucional y, sobre todo, de cuánto poder estén dispuestas a transferir las instituciones nacionales.

Foto: El Deber