Bolivia enfrenta un escenario cada vez más complejo en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno reportó un incremento de ciudadanos extranjeros detenidos durante los operativos antidroga, mientras las autoridades aseguran haber desmantelado numerosos laboratorios de producción de cocaína, incautado armas de grueso calibre y decomisado más de 80 avionetas vinculadas al traslado de droga hacia otros países.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que entre los extranjeros detenidos aparecen principalmente ciudadanos colombianos, brasileños y paraguayos. El funcionario no proporcionó una cifra exacta de arrestos ni precisó cuántas personas corresponden a cada nacionalidad, pero afirmó que las detenciones se producen en el marco de las operaciones de interdicción desarrolladas por las fuerzas de seguridad bolivianas.

La situación adquiere una dimensión regional porque Bolivia se encuentra en una posición estratégica dentro de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína. Según Oviedo, durante los últimos meses fueron descubiertos y desarticulados numerosos laboratorios destinados a la producción de cocaína, además de estructuras relacionadas con el almacenamiento y transporte de sustancias controladas.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el uso de aeronaves. El ministro informó que más de 80 avionetas fueron confiscadas en los últimos meses y que los análisis de microaspirado realizados sobre ellas dieron resultados positivos, indicando que habían sido utilizadas efectivamente para transportar cocaína al exterior.

La presencia de armas de grueso calibre constituye otro elemento que está siendo investigado. Oviedo calificó este aspecto como uno de los puntos más preocupantes de los operativos, debido a la capacidad de fuego que pueden adquirir las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El Gobierno sostiene que la Policía boliviana atraviesa actualmente una etapa de reinstitucionalización y fortalecimiento de sus capacidades operativas.

El anuncio coincide con un dato que revela la magnitud del desafío. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la superficie de cultivos de hoja de coca en Bolivia aumentó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 hectáreas en 2025. El crecimiento representa unas 2.400 hectáreas adicionales en un solo año.

Para las autoridades bolivianas, existe una aparente contradicción entre el aumento de los cultivos y los resultados de los operativos de interdicción. El Gobierno destaca la cantidad de laboratorios destruidos, personas detenidas, aeronaves confiscadas y droga incautada, mientras los datos de Naciones Unidas muestran que la superficie destinada al cultivo de coca continúa aumentando.

UNODC alerta sobre crimen organizado transnacional

El director de operaciones de la UNODC, Bo Mathiasen, advirtió que el problema va mucho más allá de la producción y el tráfico de cocaína. Según sus declaraciones, en Bolivia operan mafias conectadas con redes de crimen organizado transnacional.

Estas estructuras, explicó, no solamente participan en el narcotráfico. También existen vínculos con actividades como la trata de personas y la minería ilegal de oro, sectores que pueden ser utilizados para generar ingresos y posteriormente introducir dinero ilícito en la economía formal mediante operaciones de lavado de activos.

Mathiasen también sostuvo que una parte importante de la hoja de coca producida en Bolivia termina transformándose en cocaína destinada a los mercados internacionales. Esta conexión convierte al país en un punto central de una problemática que involucra a varios Estados de Sudamérica y a mercados consumidores fuera de la región.

La presencia de ciudadanos colombianos, brasileños y paraguayos entre los detenidos adquiere especial importancia para el Mercosur y Sudamérica. No significa que esas nacionalidades, en términos generales, estén vinculadas al delito, sino que las autoridades bolivianas identificaron ciudadanos de esos países dentro de investigaciones específicas relacionadas con operaciones antidroga. La información disponible no proporciona un desglose que permita establecer cuántos detenidos pertenecen a cada nacionalidad.

Bolivia presenta una nueva política antidroga

En paralelo a los operativos, el Gobierno presentó su Política Antidroga 2026-2030, una estrategia que busca enfrentar el problema desde varios frentes. El plan combina seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, con acciones destinadas tanto a reducir la oferta de drogas como a abordar la demanda.

El programa contempla una inversión de US$ 492 millones durante los próximos cinco años. De ese monto, el 56,3% procederá de la cooperación internacional, mientras que el resto será financiado por el Estado boliviano.

La nueva política tiene además una particularidad política: es la primera estrategia antidroga presentada por un Gobierno boliviano que no pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales y posteriormente con Luis Arce.

Desde la llegada del presidente Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025, Bolivia busca reforzar la cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

El desafío, sin embargo, sigue siendo considerable. El aumento de los cultivos de coca, la existencia de laboratorios clandestinos, el uso de aeronaves para transportar cocaína, la circulación de armamento pesado y la participación de redes con conexiones internacionales muestran que la lucha antidroga ya no puede ser entendida únicamente como un problema interno de Bolivia.

Para los países vecinos, particularmente Paraguay y Brasil, el escenario merece atención porque las redes criminales no respetan fronteras nacionales. El movimiento de personas, aeronaves, dinero, armas y mercancías ilícitas obliga a fortalecer el intercambio de información y la cooperación entre las fuerzas de seguridad de la región.

Bolivia se encuentra así ante una doble presión: contener el crecimiento de la producción de coca y, simultáneamente, desarticular las organizaciones transnacionales que convierten esa producción en una actividad criminal con alcance internacional. El aumento de las detenciones de extranjeros, las más de 80 avionetas confiscadas y la advertencia de Naciones Unidas sobre las mafias transnacionales muestran que la batalla contra el narcotráfico entra en una nueva etapa para el país y para Sudamérica.