La Asamblea de la Cruceñidad elevó la presión sobre el Gobierno boliviano y fijó el 10 de octubre como fecha límite para obtener respuestas concretas frente a la crisis de abastecimiento de combustibles. La dirigencia de Santa Cruz exige abrir la importación, distribución y comercialización de carburantes al sector privado, reducir las cargas tributarias y revisar el Decreto Supremo 5676. Si no hay soluciones, se activaría un plan de movilizaciones escalonadas acompañado por una nueva ofensiva autonomista.

La resolución fue adoptada después de una reunión de la Asamblea de la Cruceñidad realizada en instalaciones de la Sociedad de Ingenieros, con participación de representantes cívicos, autoridades departamentales, municipales, sectores productivos y otras instituciones. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, fue el encargado de comunicar las conclusiones y sostuvo que la región ya no considera suficiente continuar con reuniones sin resultados concretos.

La primera demanda apunta directamente al mercado de combustibles. Los sectores cruceños plantean la liberación total de la importación, distribución y comercialización de gasolina y diésel, acompañada de una reducción de impuestos que permita abaratar las operaciones. También proponen una mayor participación privada y el impulso de los biocombustibles como parte de una estrategia para reducir la vulnerabilidad del abastecimiento.

El reclamo se produce después de semanas de dificultades para conseguir carburantes en diferentes regiones de Bolivia. La escasez ha provocado filas en las estaciones de servicio y ha generado preocupación particularmente entre transportistas y productores agropecuarios, sectores que dependen directamente del diésel para movilizar mercancías, maquinaria y cosechas. La crisis también amenaza con trasladarse a otros sectores de la economía si persisten las dificultades de suministro.

El gobernador de Santa Cruz, JP Velasco, reconoció que existen contactos con el Gobierno central, pero cuestionó la falta de resultados. Según explicó, la apertura del mercado de combustibles ya había sido solicitada anteriormente y, pese a las conversaciones, todavía no se habría concretado una respuesta que permita solucionar el problema.

Desde el municipio, el alcalde Carlos Manuel Saavedra planteó reducir temporalmente las cargas tributarias y reforzar los controles contra el contrabando. También advirtió sobre la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables frente a cualquier modificación del esquema de precios, debido a que un aumento de los costos de los carburantes puede trasladarse rápidamente al transporte y al precio de los productos básicos.

La preocupación cruceña no se limita al diésel. El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Neptaly Mendoza, alertó que los problemas podrían extenderse hacia la gasolina, el gas licuado de petróleo, el gas natural y eventualmente la electricidad. Para los sectores empresariales, la salida también requiere seguridad jurídica y condiciones que permitan aumentar la participación privada y atraer inversiones.

El 10 de octubre puede convertirse en un punto de quiebre

La fecha establecida por la Asamblea tiene además un fuerte componente político: el 10 de octubre es el Día de la Democracia en Bolivia. Si hasta entonces el Gobierno nacional no responde a las demandas, la dirigencia cruceña quedó facultada para comenzar medidas de presión de manera escalonada. Esto significa que la respuesta inicial podría aumentar progresivamente si no se alcanza un acuerdo.

La resolución introduce además una cuestión de mayor alcance: la denominada “autonomía de facto”. De acuerdo con las conclusiones anunciadas, las eventuales movilizaciones estarán acompañadas por una agenda destinada a recuperar competencias que Santa Cruz considera constitucionalmente correspondientes a las gobernaciones, municipios y universidades públicas, particularmente en áreas como salud, educación e infraestructura.

La propuesta autonomista incluye también la elaboración de leyes regionales en materias fiscal, energética, sanitaria, transporte y administración. Otro de los objetivos es que el Presupuesto General del Estado 2027 incorpore una distribución de recursos bajo el denominado modelo 50-50 entre el nivel central y las regiones, una reivindicación que forma parte de las demandas históricas de sectores cruceños.

El escenario adquiere especial importancia porque Santa Cruz es uno de los principales motores económicos y agroproductivos de Bolivia. Cualquier interrupción prolongada del suministro de diésel puede afectar la producción agrícola, el transporte de mercancías, la actividad industrial y la distribución de alimentos hacia otras regiones del país. En ese contexto, la crisis energética dejó de ser solamente un problema de los surtidores y se convirtió en un factor de presión económica y política.

La disputa también se desarrolla en un contexto nacional de fuertes dificultades económicas. Reuters informó recientemente que organizaciones cívicas, sindicales y empresariales han incrementado sus críticas al manejo de la crisis de combustibles y a las reformas asociadas al acuerdo que Bolivia negocia con el Fondo Monetario Internacional. Santa Cruz aparece entre los principales focos de resistencia a las medidas que puedan profundizar los costos energéticos para hogares y empresas.

Por ahora, el Gobierno tiene poco más de un mes para intentar evitar que el conflicto avance hacia una nueva etapa. La dirigencia cruceña asegura que continuará buscando una salida mediante el diálogo, pero al mismo tiempo dejó preparada la estructura para iniciar protestas si considera que las respuestas oficiales son insuficientes.

La cuenta regresiva ya comenzó. El 10 de octubre será la fecha en la que Santa Cruz espera comprobar si el Gobierno logró resolver el problema de los combustibles o si Bolivia entra en una nueva fase de movilizaciones, con la crisis energética como detonante y la autonomía regional nuevamente en el centro del debate nacional.

Foto: Juan Carlos Torrejón / EL DEBER