El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, planteó la convocatoria de una Asamblea Constituyente para discutir el futuro institucional del país y advirtió que una reforma constitucional parcial impulsada desde el Legislativo podría provocar un nuevo conflicto social si deja fuera a amplios sectores de la población. El planteamiento aparece en medio de una disputa cada vez más visible entre el máximo tribunal y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz por el presupuesto y la independencia del sistema judicial.
Saucedo realizó sus declaraciones desde Nueva Delhi, India, donde participa en un foro de presidentes de cortes supremas de los países BRICS. Desde allí cuestionó la estrategia del Ejecutivo de impulsar modificaciones parciales de la Constitución mediante el Parlamento, una iniciativa que el Gobierno presenta como parte de su agenda para atraer inversiones y enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia.
El magistrado sostiene que una eventual transformación de la Constitución debería involucrar a los diferentes sectores del país. Su preocupación central es que una reforma diseñada exclusivamente desde las instituciones políticas termine profundizando la polarización. En ese sentido, defendió una Constituyente como un espacio para discutir de manera más amplia qué modelo institucional necesita Bolivia y qué rumbo debe adoptar el Estado.
El presupuesto judicial está en el centro de la disputa
Detrás de la confrontación existe una cuestión concreta: los recursos destinados al Poder Judicial. Según Saucedo, el Órgano Judicial recibe actualmente alrededor del 0,35% del presupuesto nacional, una proporción que considera insuficiente para garantizar su funcionamiento y modernización.
El TSJ reclama elevar esa participación hasta el 5%, mientras que desde el Legislativo se ha planteado una alternativa menor, de aproximadamente 3%. La diferencia no es solamente presupuestaria: para Saucedo, la falta de recursos termina debilitando la independencia de la Justicia y favoreciendo su dependencia de otros poderes del Estado.
El enfrentamiento llegó a un punto de tensión en julio, cuando Saucedo llegó a advertir sobre la posibilidad de un paro judicial si no se atendían las demandas económicas del Órgano Judicial. La discusión sobre el financiamiento ocurre mientras el Gobierno intenta avanzar con reformas destinadas a enfrentar la crisis económica y generar condiciones para atraer capitales extranjeros.
Saucedo cuestiona la independencia de la Justicia
El presidente del TSJ fue particularmente crítico con la relación histórica entre el poder político y la Justicia boliviana. Según su diagnóstico, distintos gobiernos han tenido interés en mantener un Poder Judicial debilitado porque un sistema con recursos limitados y dependiente administrativamente puede ser más vulnerable a presiones políticas.
La situación adquiere especial relevancia porque Bolivia cuenta con un modelo singular: desde la Constitución de 2009, los magistrados de las principales instituciones judiciales son elegidos mediante voto popular. El sistema fue presentado en su momento como una forma de otorgar legitimidad democrática a la Justicia, pero las sucesivas elecciones judiciales también estuvieron acompañadas por bajos niveles de participación efectiva, elevados votos nulos y cuestionamientos sobre los candidatos.
El resultado ha sido una discusión que continúa abierta: si la elección popular realmente fortalece la independencia judicial o si, por el contrario, mantiene a los magistrados expuestos a dinámicas políticas.
Una Justicia que todavía funciona con expedientes de papel
Saucedo también puso el foco en otro problema: la modernización tecnológica del sistema judicial.
El magistrado cuestionó que una parte importante de los procedimientos todavía dependa de expedientes físicos. A su juicio, este modelo genera burocracia, ralentiza los procesos y puede facilitar prácticas irregulares relacionadas con el acceso a documentos y expedientes.
Frente a esta situación, aseguró que se están desarrollando proyectos de digitalización. Entre ellos figura un sistema de expediente judicial digital que permitiría a los ciudadanos consultar sus causas mediante teléfonos móviles, además de experiencias piloto con herramientas de inteligencia artificial destinadas a asistir a jueces y litigantes.
La experiencia internacional es precisamente uno de los motivos de su participación en el foro realizado en Nueva Delhi. Saucedo señaló que Bolivia busca conocer modelos de países con mayores avances tecnológicos en la administración de Justicia y evaluar qué herramientas podrían adaptarse a la realidad boliviana.
Una crisis institucional que llega en un momento económico delicado
El enfrentamiento entre el TSJ y el Ejecutivo ocurre mientras Bolivia atraviesa fuertes dificultades económicas. El Gobierno de Rodrigo Paz intenta impulsar cambios para atraer inversión, enfrentar la escasez de dólares y resolver problemas vinculados con el abastecimiento y el costo de los combustibles.
Al mismo tiempo, las medidas económicas del Ejecutivo han provocado resistencia social. Durante los últimos días se registraron protestas y bloqueos vinculados, entre otros asuntos, con el aumento del precio del diésel y las medidas de ajuste. Reuters informó recientemente que sectores sociales, sindicales y empresariales también cuestionan las reformas asociadas al acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional.
En este contexto, una reforma constitucional que modifique las reglas del Estado puede convertirse en un asunto mucho más amplio que una disputa entre instituciones. El temor expresado por Saucedo es que una reforma percibida como exclusivamente política termine generando una reacción social de mayor dimensión.
¿Constituyente o reforma desde el Parlamento?
La diferencia entre ambas vías es fundamental. Una reforma parcial impulsada desde el Legislativo permite modificar determinados aspectos de la Constitución siguiendo los mecanismos establecidos por el ordenamiento vigente. Una Asamblea Constituyente, en cambio, supone abrir un proceso político mucho más amplio para discutir la estructura constitucional del Estado.
Saucedo sostiene que Bolivia necesita precisamente ese debate amplio. Para el magistrado, no se trata únicamente de modificar artículos aislados, sino de definir qué instituciones necesita el país y cómo garantizar una Justicia verdaderamente independiente.
El Gobierno de Paz, por su parte, apuesta por utilizar reformas constitucionales como parte de una agenda orientada a transformar el marco institucional y económico sin abrir necesariamente un proceso constituyente de alcance general. El choque entre ambas posiciones coloca nuevamente a la Constitución en el centro del debate político boliviano.
Un debate que puede marcar el futuro de Bolivia
La propuesta de Romer Saucedo todavía no significa que exista una Asamblea Constituyente convocada ni que el país haya iniciado formalmente ese proceso. Se trata de una posición planteada por el presidente del TSJ en medio de una disputa institucional y presupuestaria que continúa abierta.
Pero su propuesta introduce un elemento de gran importancia en el escenario político boliviano: la posibilidad de que el debate sobre la reforma constitucional deje de concentrarse exclusivamente en el Gobierno y el Parlamento y pase a involucrar también al Poder Judicial y a sectores más amplios de la sociedad.
Para Bolivia, el desafío consiste en determinar si las reformas necesarias para recuperar la economía, atraer inversiones y modernizar el Estado pueden realizarse mediante cambios parciales o si existe un consenso suficiente para abrir una discusión constitucional de mayor profundidad.
Mientras el Gobierno de Rodrigo Paz busca avanzar con su agenda de transformación económica e institucional, el presidente del máximo tribunal judicial reclama una discusión constitucional más amplia y mayores recursos para la Justicia. El pulso entre ambos poderes recién comienza y podría convertirse en uno de los principales debates políticos de Bolivia durante esta nueva etapa.
Foto: EFE / Infobae
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