Las elecciones de 2026 han dejado un fenómeno que atraviesa distintas corrientes políticas del continente americano: dirigentes y candidatos que cuestionan la seguridad de las urnas, ponen en duda resultados electorales o amenazan con desconocer victorias de sus adversarios. El problema no se limita a una ideología. La ofensiva aparece tanto desde sectores de derecha como de izquierda y, en los casos más graves, llega hasta la exclusión de opositores y la restricción de la competencia democrática.

El debate adquiere especial relevancia porque cuestionar una elección sin presentar pruebas puede producir un efecto que va mucho más allá de una disputa entre candidatos: erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar y validar el voto. La experiencia latinoamericana muestra que, cuando una parte importante de la sociedad deja de aceptar los resultados electorales, la crisis puede trasladarse rápidamente de las urnas a las calles y a las propias instituciones democráticas.

En Perú y Colombia, el cuestionamiento surgió después de elecciones presidenciales muy disputadas. En Colombia, sectores vinculados al oficialismo cuestionaron la victoria del conservador Abelardo de la Espriella y plantearon sospechas sobre la votación. Sin embargo, observadores internacionales no encontraron evidencias que confirmaran una operación fraudulenta. La misión de observación electoral de la Unión Europea calificó el proceso de transparente y eficiente y señaló que no encontró inconsistencias relevantes al comparar las actas con los votos físicos.

En Perú, la elección también estuvo acompañada por problemas logísticos y una competencia muy estrecha. Después de la derrota, el candidato Roberto Sánchez cuestionó determinados resultados, particularmente los correspondientes al voto en el extranjero, y llegó a plantear que podría no reconocer el resultado. Observadores de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, sin embargo, no encontraron evidencias de fraude. La Defensoría del Pueblo peruana coincidió en que no existían pruebas de una manipulación de la elección, aunque sí señaló problemas logísticos y de coordinación institucional.

El caso de Estados Unidos tiene características diferentes. Donald Trump continúa defendiendo acusaciones de fraude relacionadas con la elección de 2020, pese a que no se presentaron pruebas que demostraran que el resultado nacional fue alterado mediante una operación fraudulenta. Al mismo tiempo, su gobierno ha impulsado medidas destinadas a limitar o modificar determinadas modalidades de voto por correo, un mecanismo especialmente utilizado por determinados grupos del electorado.

En Brasil, el debate vuelve a adquirir una dimensión especialmente sensible debido a la proximidad de las elecciones generales. El candidato presidencial Flávio Bolsonaro ha realizado cuestionamientos sobre la seguridad de las urnas electrónicas y llegó a relacionarlas públicamente con la empresa Smartmatic. El Tribunal Superior Electoral aclaró que Smartmatic no proporciona las urnas utilizadas en las elecciones brasileñas y que el sistema de votación es desarrollado y administrado por la Justicia Electoral.

La discusión brasileña ocurre además en un momento en que el sistema electoral está sometido a mecanismos de fiscalización. En el Teste Público de Seguridad realizado sobre los sistemas electorales, investigadores externos ejecutaron distintos planes destinados a buscar vulnerabilidades. De los planes ejecutados, algunos presentaron hallazgos técnicos, pero el TSE informó que ninguno comprometió la integridad, el secreto del voto o el resultado de las elecciones, y que las mejoras correspondientes fueron posteriormente verificadas.

La Justicia Electoral brasileña también mantiene abierto el código fuente de los sistemas electorales para inspección, dentro del procedimiento establecido por la legislación. Para las elecciones de 2026 están previstas nuevamente misiones de observación electoral nacionales e internacionales. Por lo tanto, la existencia de auditorías, pruebas de seguridad y fiscalización externa forma parte del funcionamiento ordinario del sistema y no constituye una reacción extraordinaria ante las actuales controversias.

Pero el escenario más extremo aparece en Nicaragua. Allí la discusión ya no gira solamente alrededor de si una urna es segura o si un resultado fue correctamente contabilizado. El problema es estructural: el gobierno de Daniel Ortega ha avanzado en la exclusión de sectores opositores, restringiendo las condiciones necesarias para una competencia electoral abierta. En este caso, el cuestionamiento democrático alcanza al propio derecho de los ciudadanos a disponer de una competencia política efectiva.

Venezuela representa otro caso particular. Tras la captura de Nicolás Maduro, el país permanece bajo un gobierno interino y, según el panorama descrito en la investigación, no existe actualmente una perspectiva clara de celebración de elecciones competitivas. Esto coloca al país en una situación diferente a la de aquellos Estados donde existe una elección disputada: aquí el principal problema es la ausencia de un horizonte electoral definido.

El problema ya no es solamente tecnológico

La discusión sobre las urnas suele concentrarse en cuestiones técnicas: software, máquinas, transmisión de resultados, auditorías o posibilidad de ataques informáticos. Pero los especialistas advierten que la confianza electoral también depende de factores políticos e institucionales.

Una urna puede ser técnicamente segura y, aun así, convertirse en objeto de desconfianza si dirigentes políticos presentan permanentemente el proceso como ilegítimo. En sentido contrario, una elección puede tener dificultades logísticas que deben ser investigadas y corregidas sin que esas fallas sean automáticamente transformadas en una acusación de fraude.

Brasil constituye un ejemplo relevante. La urna electrónica lleva 30 años siendo utilizada y fue introducida precisamente como respuesta a problemas históricos relacionados con fraudes y manipulación durante diferentes etapas del proceso electoral. El TSE sostiene que la automatización redujo considerablemente la intervención humana en la votación, el escrutinio y la totalización.

Sin embargo, la tecnología también creó nuevos desafíos. La aparición de inteligencia artificial, videos manipulados y contenidos falsos puede generar dudas entre los electores incluso cuando el sistema de votación no presenta una vulnerabilidad real. Una imagen o un video falso difundido masivamente puede tener consecuencias políticas antes de que una institución consiga desmentirlo.

Una batalla por la confianza

La ofensiva contra las urnas revela, en última instancia, una disputa más profunda: quién tiene autoridad para determinar cuándo una elección es legítima.

En una democracia, los candidatos tienen derecho a cuestionar decisiones electorales y solicitar auditorías cuando existen indicios concretos de irregularidades. El problema aparece cuando la acusación de fraude se convierte en una afirmación política permanente sin evidencia suficiente o cuando se utiliza para desconocer sistemáticamente cualquier resultado desfavorable.

La región enfrenta así una paradoja. Las sociedades latinoamericanas tienen hoy herramientas tecnológicas y mecanismos de observación mucho más sofisticados que en décadas anteriores, pero la confianza política sigue siendo vulnerable.

El desafío para las democracias americanas no consiste únicamente en construir urnas más seguras. También consiste en garantizar instituciones electorales independientes, permitir auditorías transparentes, proteger la competencia política y exigir que las acusaciones de fraude estén respaldadas por pruebas verificables.

Cuando una elección termina, la democracia no termina con el conteo de votos. Continúa cuando los ciudadanos aceptan que las reglas fueron respetadas, cuando los derrotados reconocen el resultado o utilizan los mecanismos legales para impugnarlo y cuando los vencedores comprenden que la legitimidad de su mandato depende también de la confianza de quienes no los votaron.

La crisis de las urnas en las Américas, por eso, no es solamente una discusión sobre máquinas. Es una disputa por la credibilidad de la democracia y por la capacidad de las sociedades de resolver sus diferencias mediante votos, instituciones y reglas compartidas.

Foto: Reuters / G1