El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó las declaraciones de la vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi sobre una eventual llegada a Uruguay del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y sostuvo que, si esa situación ocurriera, el país debería actuar conforme al derecho internacional y considerar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Las declaraciones generaron una nueva discusión dentro del Gobierno uruguayo, porque el presidente Yamandú Orsi había tomado distancia de la conveniencia de opinar sobre un escenario que actualmente no existe.

El debate comenzó después de que Csukasi fuera consultada la semana pasada sobre qué ocurriría si Netanyahu visitara Uruguay. La vicecanciller respondió que, aunque esa visita no está prevista y, según sus propias palabras, no ocurrirá, Uruguay tendría que actuar ante la orden de captura de la CPI. La respuesta generó un reclamo verbal de la Embajada de Israel ante la Cancillería uruguaya, según informó El País.

Pereira decidió respaldar públicamente esa posición. “Si Uruguay se apega al derecho internacional, Netanyahu tiene una solicitud de arresto a nivel planetario”, sostuvo el dirigente frenteamplista, quien agregó que, si el primer ministro israelí llegara a Uruguay, el país tendría que tomar una decisión en función de sus obligaciones internacionales. Pereira insistió en que su postura no constituye una decisión sobre una visita concreta, sino una respuesta a una pregunta sobre una situación hipotética.

La posición de Pereira, sin embargo, no coincide exactamente con la estrategia comunicacional que adoptó el presidente Orsi. Consultado en Florida sobre las declaraciones de la vicecanciller, el mandatario afirmó que no consideraba conveniente pronunciarse sobre escenarios que no están planteados y pidió evitar opiniones sobre hechos que no existen. Para Orsi, la política exterior exige combinar lo deseable con lo conveniente y actuar con cautela y precisión.

La diferencia es políticamente significativa. Mientras Pereira coloca el cumplimiento del derecho internacional como principio prioritario, Orsi pone el acento en la prudencia diplomática y en la conveniencia de no abrir conflictos sobre escenarios hipotéticos. No se trata necesariamente de una contradicción sobre las obligaciones jurídicas de Uruguay, sino de una diferencia sobre cuándo y cómo corresponde hacer pública una posición diplomática.

Pereira reconoció esa diferencia y dijo comprender lo planteado por Orsi. Consideró que la posición presidencial puede ser compartida incluso por Csukasi, pero defendió su propia manera de responder ante una consulta. “La realidad es que ante una pregunta nosotros tendemos a responder”, sostuvo, aunque admitió que quizás deberían utilizarse otros mecanismos para abordar este tipo de cuestiones.

El punto central del debate es la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, que constituye el fundamento jurídico mencionado por Csukasi y Pereira. La CPI emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, en el marco de la investigación sobre la situación en Palestina. La existencia de esa orden no significa que cualquier país pueda actuar de manera idéntica en cualquier circunstancia: las obligaciones concretas dependen del marco jurídico internacional aplicable y de la relación de cada Estado con el Estatuto de Roma.

Uruguay es Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que las cuestiones relacionadas con las obligaciones derivadas de ese instrumento tienen una relevancia particular para la política exterior uruguaya. El debate, por lo tanto, no se limita a una disputa política entre sectores de izquierda y el Gobierno israelí, sino que involucra una discusión más amplia sobre cómo Uruguay interpreta y aplica sus compromisos internacionales.

La situación también expone la delicada posición que enfrenta el Gobierno de Orsi. Uruguay procura mantener una política exterior basada en el derecho internacional, pero al mismo tiempo necesita administrar cuidadosamente sus relaciones diplomáticas con Israel y con otros actores internacionales. Una declaración pública de un alto funcionario puede tener consecuencias diplomáticas incluso cuando se refiere a un escenario hipotético que no está previsto.

La reacción de la Embajada de Israel demuestra precisamente ese punto. Aunque la posibilidad de una visita de Netanyahu a Uruguay no esté sobre la mesa, la sola discusión pública sobre su eventual detención fue suficiente para provocar una protesta diplomática. Esto explica la cautela expresada posteriormente por Orsi y su insistencia en que la diplomacia debe manejar estos asuntos con cuidado.

El episodio también llega en un momento particularmente sensible para la política internacional. La guerra en Gaza y las acusaciones relacionadas con posibles violaciones del derecho internacional humanitario han colocado a la CPI y a sus decisiones en el centro de una fuerte disputa diplomática internacional. Los países deben equilibrar sus relaciones bilaterales, sus posiciones políticas y sus obligaciones jurídicas internacionales, en un escenario donde cualquier declaración puede generar repercusiones.

Para Uruguay, que históricamente ha buscado proyectarse como un país defensor del derecho internacional, del multilateralismo y de la institucionalidad, el tema adquiere una dimensión adicional. La cuestión no es solamente qué posición adoptar frente a Netanyahu, sino cómo mantener coherencia entre los principios que Uruguay defiende en los organismos internacionales y las decisiones que eventualmente deba tomar dentro de su territorio.

Pereira, además, aprovechó la jornada del Día del Comité de Base para defender la gestión del Frente Amplio y marcar diferencias con los gobiernos de derecha. El presidente de la coalición de izquierda sostuvo que, bajo gobiernos frenteamplistas, aumentan los salarios, el empleo y el ingreso por habitante y por hogar, y destacó las prioridades sociales del actual proyecto de Rendición de Cuentas.

El dirigente también confirmó su disposición a participar en la reunión de líderes políticos convocada por Orsi para discutir política exterior antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará a fines de septiembre en Nueva York. Pereira consideró que, en el actual escenario internacional, alcanzar una posición lo más unánime posible entre los partidos uruguayos puede resultar clave.

Ese punto puede terminar siendo más importante que la controversia puntual. Uruguay necesita definir hasta dónde puede construir una política exterior de Estado capaz de sobrevivir a las diferencias partidarias. La discusión sobre Netanyahu, la guerra en Gaza, las relaciones con Israel, las decisiones de organismos internacionales y la defensa del derecho internacional son asuntos que pueden generar posiciones profundamente diferentes dentro del sistema político.

El desafío de Orsi será precisamente transformar esas diferencias en una política exterior coherente, sin permitir que las declaraciones individuales de dirigentes o funcionarios terminen definiendo por anticipado posiciones que corresponden al Gobierno y a la Cancillería. La diplomacia necesita principios, pero también coordinación institucional.

La controversia entre Pereira, Csukasi y Orsi muestra que Uruguay se encuentra ante una discusión que combina derecho internacional, política exterior y sensibilidad diplomática. Pereira sostiene que el país debe cumplir las obligaciones derivadas del derecho internacional y respalda la eventual aplicación de la orden de arresto de la CPI si Netanyahu llegara a territorio uruguayo. Orsi, por su parte, considera inconveniente anticipar decisiones sobre una visita que no está prevista y defiende una diplomacia más prudente. Entre ambas posiciones existe un punto que será determinante: Uruguay deberá mantener coherencia entre sus compromisos internacionales y la conducción institucional de su política exterior. En un escenario internacional cada vez más polarizado, el país tendrá que demostrar que puede defender sus principios jurídicos sin convertir cada declaración en un conflicto diplomático y, al mismo tiempo, evitar que la prudencia diplomática sea interpretada como abandono de sus obligaciones internacionales.

Foto: Diego Battiste / El Observador