Uruguay mantiene una de las principales fortalezas que históricamente lo diferenciaron en América Latina: estabilidad institucional, convivencia política y previsibilidad económica. Sin embargo, un grupo de especialistas de los sectores público, privado, académico y sindical coincidió en que esas condiciones, aunque siguen siendo valiosas, ya no son suficientes para garantizar un nuevo ciclo de crecimiento. El estancamiento de la productividad, la baja inversión, el envejecimiento de la población, la caída de los nacimientos, los problemas educativos y la pobreza infantil aparecen como restricciones estructurales que Uruguay deberá enfrentar si pretende acercarse a las economías desarrolladas. El diagnóstico surgió de un debate organizado por la asociación civil Rumbos y la Fundación Konrad Adenauer.

La discusión parte de una constatación que puede resultar incómoda: la estabilidad que durante décadas fue considerada una ventaja competitiva de Uruguay ya no alcanza por sí sola para sostener el desarrollo. Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), sostuvo que la calidad institucional y la convivencia política son activos importantes, pero no constituyen una estrategia de desarrollo. En términos económicos, el país necesita remover obstáculos que limitan la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, revisar cuestiones vinculadas con el frente fiscal, el gasto público, el tipo de cambio y la competitividad.

El economista Diego Aboal, exdirector del Instituto Nacional de Estadística, puso el foco en la insuficiencia de la inversión. Uruguay invierte actualmente alrededor del 16% de su Producto Interno Bruto, una proporción que, según su análisis, apenas permite reponer parte del capital que se deprecia y agregar una cantidad limitada de nueva capacidad productiva. Para elevar esa tasa hasta el 20% del PIB, todavía considerada moderada para un país que aspira a converger con las economías más desarrolladas, serían necesarios aproximadamente US$ 3.500 millones adicionales de inversión extranjera por año.

El planteamiento de Aboal va más allá de pedir una mayor promoción internacional de Uruguay. El país necesita salir a buscar grandes inversiones de manera mucho más agresiva y presentar proyectos concretos, con información sobre infraestructura, condiciones de inversión, riesgos, cronogramas y posibles retornos. El economista resumió su posición con una frase contundente: “El mundo no financia presentaciones de PowerPoint. Financia oportunidades preparadas y rentables”. La idea central es que Uruguay debe pasar de promocionar sus virtudes generales a ofrecer proyectos capaces de competir efectivamente por capital internacional.

China aparece en ese diagnóstico como uno de los mercados que Uruguay debería considerar con mayor atención para captar inversiones. La propuesta no implica necesariamente sustituir a los socios tradicionales, sino ampliar las fuentes de capital y aprovechar el interés que las grandes economías tienen en sectores estratégicos. Una política de diversificación de inversiones puede resultar especialmente relevante para un país pequeño, que necesita atraer capital externo para ampliar su estructura productiva.

El problema de la inversión está directamente relacionado con la productividad. Una economía puede mantener estabilidad macroeconómica y, aun así, crecer poco si cada trabajador y cada empresa producen prácticamente lo mismo durante largos períodos. Para Uruguay, aumentar la productividad implica incorporar tecnología, mejorar la infraestructura, capacitar trabajadores, facilitar inversiones y desarrollar sectores capaces de generar mayor valor agregado.

En este punto, la inteligencia artificial aparece como una oportunidad que puede cambiar parte de la ecuación. Bruno Gili, director ejecutivo del programa Uruguay Innova de Presidencia de la República, planteó que la IA debería utilizarse fundamentalmente para expandir las capacidades productivas y hacer crecer los negocios, no simplemente para reducir puestos de trabajo. La transformación tecnológica, desde esta perspectiva, debería estar acompañada por capacitación permanente y por una recuperación del papel de la educación como herramienta de movilidad social.

La energía constituye otro de los sectores donde los especialistas identifican una oportunidad de transformación. La exministra de Industria, Energía y Minería Elisa Facio planteó que Uruguay podría pasar de ser importador de combustibles fósiles a convertirse en exportador de combustibles sintéticos, aprovechando sus capacidades en energías renovables y las posibilidades vinculadas al hidrógeno verde. La propuesta apunta a transformar una ventaja energética existente en una nueva plataforma industrial y exportadora.

Facio también señaló la posibilidad de aprovechar la infraestructura vinculada al gas proveniente de Vaca Muerta, en Argentina, cuya expansión contempla llegar hasta Porto Alegre atravesando territorio uruguayo. Según su planteamiento, ese desarrollo podría beneficiar especialmente a las zonas del norte de Uruguay, donde existen mayores dificultades productivas y sociales. De esta manera, la infraestructura energética no sería solamente una cuestión de abastecimiento, sino también una herramienta para descentralizar oportunidades económicas.

Pero la discusión sobre crecimiento abrió una diferencia fundamental. Crecer no significa automáticamente mejorar las condiciones de vida de toda la población. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, coincidió con la necesidad de aumentar la inversión y la productividad, pero planteó que la discusión debe incluir la distribución de los resultados del crecimiento. Su posición incorpora al debate la equidad, la inversión pública, la tributación y el papel de las empresas estatales, además de una estrategia de inserción internacional adaptada a los cambios geopolíticos.

Esta discusión es particularmente relevante porque Uruguay enfrenta simultáneamente desafíos económicos y demográficos. La caída de los nacimientos y el envejecimiento de la población reducen progresivamente la disponibilidad futura de trabajadores y aumentan la presión sobre los sistemas de protección social. Si a esto se suman problemas educativos y niveles preocupantes de pobreza infantil, el país enfrenta una situación en la que el crecimiento económico debe producirse mientras también se corrigen problemas sociales que pueden limitar la capacidad productiva futura.

La pobreza infantil, por ejemplo, no puede analizarse únicamente como un indicador social. También representa un problema económico de largo plazo, porque las condiciones de vida durante la infancia influyen sobre la educación, la formación profesional, la salud y las posibilidades de incorporación futura al mercado laboral. Reducir la pobreza infantil significa, por lo tanto, no solamente mejorar la situación de las familias actuales, sino también ampliar el capital humano que Uruguay tendrá disponible en las próximas décadas.

El diagnóstico de los expertos plantea así una cuestión central para el país: ¿qué modelo de crecimiento necesita Uruguay para dejar atrás el estancamiento sin sacrificar la cohesión social? La respuesta no parece encontrarse en una única reforma. El debate identifica una combinación de inversión, productividad, energía, tecnología, educación, equilibrio fiscal, infraestructura, inserción internacional y políticas de distribución.

El contexto internacional aumenta la urgencia. Uruguay compite por inversiones con países que ofrecen mercados mucho mayores, menores costos de producción o incentivos fiscales más agresivos. Su ventaja institucional sigue siendo importante, pero debe complementarse con condiciones concretas que hagan atractivos los proyectos productivos. Para una empresa internacional, la estabilidad es necesaria, pero también importan el costo de la energía, la disponibilidad de trabajadores capacitados, la infraestructura, la logística, los impuestos, el tamaño del mercado y la posibilidad de exportar.

Aquí aparece también una oportunidad vinculada al Mercosur. Uruguay puede utilizar su estabilidad y su seguridad jurídica como plataforma para que empresas internacionales produzcan dentro del país y accedan desde allí al mercado regional. Pero para que esa estrategia funcione, necesita mejores conexiones logísticas, mayor integración productiva y una política comercial capaz de aprovechar los acuerdos internacionales del bloque.

La discusión sobre inversión también tiene una dimensión política. No existe una única visión sobre cómo debe crecer Uruguay, y eso quedó demostrado por la diversidad de participantes del encuentro. Empresarios, economistas, representantes sindicales, académicos y funcionarios coinciden en que el país necesita crecer, pero difieren sobre cuánto debe intervenir el Estado, cómo debe distribuirse el resultado del crecimiento, qué papel deben tener las empresas públicas y qué política fiscal debe aplicarse.

Esa diversidad no necesariamente constituye una debilidad. Puede convertirse en una ventaja si Uruguay logra transformar el debate en acuerdos de largo plazo. Precisamente una de las fortalezas históricas del país ha sido su capacidad para construir políticas que sobreviven a los cambios de gobierno. El desafío actual es utilizar esa capacidad institucional para acordar reformas estructurales antes de que el estancamiento se vuelva más difícil de revertir.

El diagnóstico presentado por los especialistas coincide en algo fundamental: la estabilidad no debe confundirse con inmovilidad. Un país puede ser estable políticamente y, al mismo tiempo, perder posiciones frente a economías que avanzan más rápidamente en productividad, tecnología, infraestructura y capital humano. La estabilidad crea las condiciones para reformar; no sustituye las reformas.

Uruguay tiene además activos que muchos países de la región desearían poseer: instituciones relativamente sólidas, una matriz eléctrica con fuerte presencia de fuentes renovables, seguridad jurídica, capital humano y una posición geográfica estratégica dentro del Mercosur. El problema consiste en convertir esas ventajas en nuevas inversiones, empleos de calidad y mayor productividad.

El diagnóstico surgido del encuentro organizado por Rumbos y la Fundación Konrad Adenauer deja un mensaje que debería trascender los ciclos electorales: Uruguay no necesita abandonar su estabilidad institucional, sino utilizarla como punto de partida para una transformación económica y social más profunda. El país necesita invertir más, elevar la productividad, atraer grandes capitales, desarrollar nuevas industrias vinculadas con la energía y la tecnología, preparar a sus trabajadores para la inteligencia artificial, enfrentar el envejecimiento demográfico y reducir la pobreza infantil. Al mismo tiempo, deberá resolver cómo distribuir los beneficios de ese crecimiento y qué papel tendrán el Estado, las empresas públicas y la inversión privada. El desafío es particularmente grande porque Uruguay no enfrenta una crisis de instituciones, sino algo más silencioso: el riesgo de quedar progresivamente rezagado mientras otras economías avanzan. La verdadera tarea, entonces, no es solamente preservar la paz política ni celebrar la estabilidad económica, sino transformar esas fortalezas en capacidad productiva, innovación, empleo y bienestar.

Foto: El Observador