Una nueva revisión del expediente de la investigación administrativa realizada por la Cancillería uruguaya sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset revela que la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, omitió ante la instructora uno de los intercambios más relevantes que había mantenido con Guillermo Maciel, entonces subsecretario del Ministerio del Interior. La información surge de documentación obtenida por El Observador mediante un pedido de acceso a la información pública. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las actuaciones de altos funcionarios del anterior gobierno y las dificultades que rodearon la reconstrucción de lo ocurrido durante la tramitación del documento.

Ache declaró ante la instructora Stefanie Karina Antenor el 13 de octubre de 2022 y afirmó que había mantenido solamente dos comunicaciones con Maciel relacionadas con Marset: una el 21 de septiembre de 2021 y otra el 3 de noviembre. Sobre esta última sostuvo que había sido una llamada telefónica en la que Maciel simplemente consultó si Marset continuaba detenido. Además, aseguró categóricamente que esas habían sido las únicas comunicaciones mantenidas con el subsecretario del Interior por ese asunto.

Sin embargo, la documentación posteriormente incorporada al expediente permitió establecer que existieron tres intercambios y que el omitido tenía especial relevancia. El 3 de noviembre de 2021, Maciel escribió a Ache por WhatsApp para preguntarle qué había ocurrido con Marset, a quien describió como un narcotraficante “muy peligroso y pesado”, y manifestó que sería terrible que recuperara la libertad. Ache respondió que averiguaría la situación. Dos días después, el 5 de noviembre, se produjo la llamada telefónica que ella había ubicado incorrectamente el día 3.

La diferencia no es menor. La comunicación omitida contenía precisamente una advertencia sobre la peligrosidad de Marset, mientras que Ache había explicado ante la instructora que la comunicación recibida de Maciel había sido una consulta de trámite en la que no existía ninguna advertencia. Según la documentación citada por El Observador, esa caracterización no correspondía con el contenido real del mensaje.

La investigación también estableció que Ache se negó en varias oportunidades a entregar todos los mensajes relacionados con Marset. La exsubsecretaria argumentó que esas comunicaciones excedían el objeto de la investigación administrativa y sostuvo que el procedimiento parecía haberse transformado en una investigación disciplinaria contra ella sin las garantías correspondientes. La instructora, sin embargo, concluyó que esos mensajes sí estaban comprendidos dentro del objeto de la investigación y que resultaban relevantes para determinar si habían existido comunicaciones no informadas a la superioridad durante el proceso de tramitación del pasaporte.

Otro elemento que surge del expediente es que Ache fue la única de las personas interrogadas que se negó a entregar sus mensajes vinculados al caso. La instructora también detectó diez correos electrónicos borrados relacionados con la expedición del pasaporte y seis mensajes que habían sido reenviados desde la cuenta institucional de la Subsecretaría hacia una cuenta externa de Gmail cuyo acceso no pudo ser determinado.

El caso se vuelve todavía más complejo porque, posteriormente, Ache denunció ante Fiscalía que el entonces canciller Francisco Bustillo le había sugerido que “perdiera” su teléfono celular y afirmó que Roberto Lafluf, quien entonces era asesor presidencial, les había pedido a ella y a Maciel que borraran sus intercambios. Bustillo respondió posteriormente que su expresión había sido utilizada en sentido figurado y que en aquellos días Ache le planteaba reiteradamente sus dudas sobre qué hacer con las grabaciones.

La controversia no terminó con aquella investigación. Una investigación posterior de la propia Cancillería concluyó que el documento que contenía los mensajes entre Ache y Maciel formaba parte de un expediente administrativo, contradiciendo una afirmación realizada en 2023 por el entonces presidente Luis Lacalle Pou, quien había sostenido que el acta protocolizada que contenía esas conversaciones no formaba parte de un expediente. A raíz de esa nueva investigación, la Cancillería resolvió iniciar un sumario administrativo contra Bustillo y Carlos Mata, exjefe de la división Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la destrucción del documento.

Esta nueva información debe analizarse, no obstante, sin confundir una irregularidad administrativa o una declaración considerada falsa dentro de una investigación con una condena penal. En una causa fiscal anterior sobre el caso Marset, el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado archivó la investigación al no encontrar delitos en las conversaciones entre Ache y Maciel. La Fiscalía sí consideró que los entonces ministros Heber y Bustillo habían ocultado información al Senado y a la ciudadanía durante la interpelación de 2022, pero entendió que esa conducta quedaba fuera de la competencia penal de esa Fiscalía.

La Fiscalía también había considerado “inverosímil” una versión de los hechos proporcionada por Ache y el abogado Alejandro Balbi, aunque concluyó que esa circunstancia tampoco configuraba por sí misma un delito. Este antecedente es importante porque demuestra que el expediente Marset contiene diferentes niveles de responsabilidad y que las conclusiones administrativas, políticas y penales no necesariamente coinciden.

El episodio vuelve a poner en discusión una cuestión fundamental para cualquier democracia: la obligación de los funcionarios públicos de entregar información completa cuando una institución investiga posibles irregularidades cometidas dentro del propio Estado. Las investigaciones administrativas dependen precisamente de que los funcionarios aporten documentación y comunicaciones relevantes. Cuando información potencialmente sustancial queda fuera del expediente, la capacidad del Estado para determinar responsabilidades se debilita y la ciudadanía pierde elementos para comprender qué ocurrió.

También existe una dimensión institucional. El caso Marset no se reduce a la entrega de un pasaporte, sino que involucra comunicaciones entre jerarcas, información sobre un narcotraficante considerado peligroso, procedimientos administrativos, documentos posteriormente destruidos y diferentes versiones ofrecidas a lo largo del tiempo. Cada nuevo hallazgo obliga a revisar las explicaciones anteriores y aumenta la necesidad de que las investigaciones se desarrollen con independencia, documentación completa y máxima transparencia.

La designación posterior de Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal, aprobada en octubre de 2025 con los votos de la bancada del Frente Amplio, añade además una dimensión política al debate. Ache continúa ocupando una posición diplomática relevante mientras nuevas informaciones sobre su actuación durante el caso vuelven a aparecer públicamente.

El episodio también plantea preguntas sobre la preservación de documentos públicos y comunicaciones oficiales. En una administración moderna, los mensajes electrónicos pueden contener información esencial para reconstruir decisiones de gobierno. Su conservación no debería depender de la voluntad personal de los funcionarios involucrados. Cuando esos registros desaparecen, son destruidos o son trasladados a cuentas externas, la capacidad de fiscalización del Estado y de la sociedad queda comprometida.

El nuevo contenido del expediente no permite cerrar definitivamente el caso Marset; por el contrario, vuelve a abrir interrogantes sobre la conducta de diferentes funcionarios y sobre la forma en que las instituciones uruguayas gestionaron la información relacionada con el pasaporte. La revelación de que Carolina Ache omitió un intercambio relevante con Guillermo Maciel durante la investigación administrativa constituye un nuevo elemento político e institucional, pero debe mantenerse la distinción entre las responsabilidades administrativas, las eventuales responsabilidades políticas y la responsabilidad penal, que requiere una decisión judicial. Lo que sí queda demostrado por los documentos citados es que la reconstrucción de los hechos fue mucho más compleja de lo que inicialmente se informó y que varias piezas fundamentales del caso permanecieron ocultas o fueron discutidas durante años. Para Uruguay, el desafío ahora es que las investigaciones puedan determinar con precisión quién tomó cada decisión, qué información conocía cada funcionario y por qué determinados documentos y comunicaciones no fueron incorporados oportunamente a los expedientes. En asuntos que involucran narcotráfico, pasaportes, altos funcionarios y documentos oficiales, la transparencia no puede ser una opción política: debe ser una obligación institucional.