Uruguay logró una de las transformaciones energéticas más importantes de América Latina al construir una matriz eléctrica con una participación predominante de fuentes renovables. Sin embargo, el éxito de esa transformación abre ahora un nuevo desafío: conseguir que la electricidad sea suficientemente competitiva y previsible para atraer grandes inversiones, desarrollar nuevas industrias y responder a la creciente demanda de centros de datos, inteligencia artificial, servicios en la nube y proyectos de combustibles verdes. El problema, según especialistas citados por El Observador, no está solamente en cuánto cuesta generar electricidad, sino en cuánto termina pagando un nuevo consumidor cuando se suman el precio de la energía, los peajes de transmisión y distribución y los costos asociados a garantizar la continuidad del suministro.

La transformación energética uruguaya comenzó a consolidarse a partir del acuerdo multipartidario alcanzado en 2010, que permitió desarrollar durante los años siguientes una importante capacidad de generación renovable. Ese proceso colocó al país en una posición privilegiada frente a la creciente demanda mundial de electricidad limpia. Pero la infraestructura construida durante esa primera etapa ahora necesita ser acompañada por reformas que permitan aprovechar comercialmente todo su potencial. El Observador señala que las dificultades actuales están dejando al descubierto reformas estructurales que llevan años identificadas, pero que todavía no han sido resueltas.

La cuestión adquiere especial importancia porque la energía está comenzando a ser uno de los factores determinantes para atraer las nuevas grandes inversiones. Empresas vinculadas con combustibles verdes, centros de datos, inteligencia artificial y servicios digitales necesitan cantidades crecientes de electricidad y, además, requieren contratos de largo plazo con precios previsibles. Uruguay posee una ventaja evidente al disponer de una matriz renovable, pero esa ventaja puede perder valor si el costo final de la electricidad resulta superior al que ofrecen otros países competidores.

Uno de los casos que refleja esta situación es el proyecto de HIF para instalar una planta de combustibles verdes en Paysandú. Las negociaciones entre la empresa y el Gobierno incluyen precisamente el precio al que UTE suministraría la electricidad y quién asumiría determinados costos asociados al respaldo del suministro y a la infraestructura necesaria para conectar la planta con la red. Según la información publicada por El Observador, se había manejado un precio base de US$ 45 por MWh con el peaje incluido, aunque algunos aspectos de la ecuación todavía no estaban cerrados.

El caso HIF demuestra que la competitividad energética no depende únicamente del precio nominal de la electricidad. Si una empresa necesita construir una nueva línea de alta tensión, pagar determinados peajes y asumir costos adicionales para garantizar el suministro durante períodos de menor generación hidráulica, el precio efectivo de la energía puede terminar siendo considerablemente diferente del valor inicialmente negociado.

Algo similar puede ocurrir con los centros de datos. La expansión de la inteligencia artificial está provocando una demanda mundial extraordinaria de capacidad informática, y los grandes centros de procesamiento necesitan enormes cantidades de electricidad de manera continua. Para Uruguay, esto puede convertirse en una oportunidad para captar inversiones tecnológicas de gran escala, pero solamente si consigue ofrecer energía renovable, confiable y a precios competitivos.

El problema aparece en el funcionamiento del mercado eléctrico. Uruguay cuenta desde hace más de 20 años con un marco regulatorio que permite contratos mayoristas entre consumidores y generadores privados, pero ese mercado todavía tiene un desarrollo limitado. En la práctica, UTE mantiene una posición dominante, mientras numerosos generadores privados producen electricidad para la empresa estatal mediante contratos de largo plazo. Esto limita las posibilidades de que grandes consumidores negocien directamente con generadores privados.

Alejandro Stipanicic, presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), considera que Uruguay debería aprovechar la transformación de su matriz eléctrica para abrir más espacio a la generación privada. Su planteamiento consiste en permitir que los generadores privados puedan competir directamente para abastecer a grandes consumidores y nuevos proyectos, mientras UTE concentra sus esfuerzos en desarrollar la infraestructura de transmisión necesaria para acompañar el crecimiento de la generación renovable.

Ese cambio requeriría revisar también el sistema de peajes que pagan quienes utilizan las redes eléctricas. Para que exista un mercado competitivo, los costos de transmisión y distribución deben ser razonables y previsibles. Si los peajes terminan siendo demasiado elevados, pueden neutralizar parte de la ventaja obtenida mediante una generación eléctrica renovable y relativamente barata.

Según datos presentados en el último congreso de Auder, el costo de abastecimiento de la demanda se ubicó alrededor de US$ 40 por MWh en promedio durante los últimos años. Stipanicic utiliza ese dato para sostener que los pedidos de grandes proyectos para obtener electricidad a precios competitivos no son necesariamente desproporcionados. La discusión, por lo tanto, debería centrarse en cómo distribuir los costos del sistema y cómo generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones sin comprometer la seguridad energética.

Los peajes también fueron analizados en un estudio de Exante, publicado a fines de 2024 a pedido de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augppe). El trabajo concluyó que las tarifas de transmisión y distribución se basan en remuneraciones regulatorias que pueden superar ampliamente los costos efectivos de UTE y que, en determinados casos, utilizar las redes puede resultar más caro que adquirir la energía directamente a través de la empresa estatal. Para los generadores privados, esta situación funciona como un obstáculo para desarrollar un mercado mayorista verdaderamente competitivo.

Martín Bocage, presidente de Augppe, plantea que el verdadero problema para los inversores no está necesariamente en el costo de producir electricidad, sino en la previsibilidad del costo energético total. Actualmente, cada gran proyecto puede terminar negociando individualmente sus condiciones de acceso a la red, sin disponer necesariamente de referencias públicas que permitan saber cuánto costará conectarse o cuánto demorará una determinada ampliación de infraestructura.

La previsibilidad es especialmente importante porque las decisiones de inversión energética y tecnológica se toman con horizontes de muchos años. Una empresa que analiza instalar una planta industrial, un centro de datos o una fábrica de combustibles verdes necesita conocer no solamente cuánto pagará por la electricidad hoy, sino también cómo evolucionarán los costos de transmisión, distribución y respaldo durante la vida útil del proyecto.

En ese aspecto, Uruguay compite directamente con Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia, países que también buscan atraer inversiones vinculadas con tecnología, energía limpia y nuevas industrias. Si Uruguay tiene una matriz eléctrica más renovable pero ofrece un costo final menos competitivo o mayor incertidumbre regulatoria, esa ventaja ambiental puede no ser suficiente para ganar los proyectos.

Existe además una tensión entre las funciones de UTE y los objetivos generales del Estado. La empresa pública tiene la responsabilidad de garantizar el suministro y mantener la confiabilidad del sistema, lo que implica realizar inversiones y asumir riesgos. El Gobierno, en cambio, tiene el objetivo adicional de atraer inversiones, crear empleos y dinamizar la economía. Ambas prioridades son legítimas, pero pueden entrar en conflicto cuando una gran empresa solicita condiciones especiales para instalar un proyecto de gran escala.

El debate, por lo tanto, no debería reducirse a “privatizar o mantener el monopolio”. La cuestión planteada por los especialistas es más específica: cómo puede UTE seguir garantizando la seguridad del sistema mientras se permite una mayor competencia en generación y se facilita que los grandes consumidores puedan contratar directamente electricidad renovable. El objetivo sería aprovechar la capacidad ya construida sin impedir que nuevos actores aporten inversión y generación.

Esto resulta particularmente importante para el Mercosur. Uruguay puede utilizar su matriz renovable como una ventaja para atraer industrias vinculadas con energía limpia y servicios tecnológicos que posteriormente se integren al mercado regional. Una electricidad competitiva podría favorecer centros de datos, producción industrial, hidrógeno verde, combustibles sintéticos y otros sectores de alto consumo energético.

Pero si el costo energético permanece elevado, Uruguay corre el riesgo de tener una paradoja energética: disponer de una de las matrices eléctricas más renovables de la región y, al mismo tiempo, no conseguir transformar suficientemente esa ventaja ambiental en competitividad económica. El país habría resuelto una parte del problema —cómo producir electricidad con menor dependencia de combustibles fósiles—, pero todavía tendría pendiente resolver cómo utilizar esa electricidad como motor de crecimiento.

La discusión también conecta con el desafío analizado recientemente por especialistas sobre la necesidad de aumentar la inversión y la productividad uruguaya. Si el país quiere dejar atrás un período de crecimiento moderado, necesita desarrollar nuevas actividades productivas y atraer capital internacional. La energía puede ser precisamente uno de los instrumentos para conseguirlo, siempre que los costos y las reglas permitan que los proyectos sean viables.

El futuro de los data centers es uno de los mejores ejemplos. La inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y el procesamiento masivo de datos están generando una demanda energética que seguirá aumentando. Uruguay tiene una oportunidad para posicionarse en ese mercado porque puede ofrecer electricidad de origen renovable, pero necesitará ampliar las redes de transmisión y crear mecanismos contractuales que permitan a los inversores conocer con precisión sus costos.

También existe una oportunidad en los combustibles verdes. Proyectos como el de HIF en Paysandú pueden convertir la electricidad renovable en productos exportables con mayor valor agregado. Pero para que esas inversiones se concreten, el país debe resolver las condiciones de suministro, los costos de respaldo y las obras de conexión. Una planta industrial no puede funcionar solamente con electricidad barata durante las horas en que existe abundancia de generación renovable: necesita seguridad y continuidad.

Por eso, el debate energético uruguayo está entrando en una segunda fase. La primera etapa consistió en transformar la matriz; la segunda consiste en transformar esa matriz en una ventaja competitiva para la economía. Eso requiere nuevas reglas, mayor competencia, infraestructura de transmisión, peajes razonables y contratos transparentes y previsibles.

El desafío también exige una decisión política de largo plazo. Stipanicic sostiene que se necesita “un acuerdo político de largo alcance” que establezca nuevas pautas para promover el crecimiento y permita a UTE superar las restricciones asociadas con su posición dominante. La discusión, en consecuencia, no debería depender únicamente de una administración de gobierno, sino formar parte de una estrategia energética nacional.

Uruguay consiguió algo que pocos países pueden mostrar: una transformación profunda de su matriz eléctrica hacia fuentes renovables, construida además sobre un acuerdo político que permitió darle continuidad durante más de una década. Ahora comienza una etapa mucho más compleja. El país debe conseguir que esa electricidad limpia sea también competitiva, accesible y previsible para quienes quieren invertir. Si no lo hace, puede perder oportunidades justamente cuando la inteligencia artificial, los centros de datos, el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos están creando una nueva carrera mundial por energía. La discusión sobre UTE, los generadores privados y los peajes no es solamente una disputa sectorial: define parte del futuro productivo de Uruguay. Abrir espacio a la competencia, ampliar la red de transmisión, transparentar los costos y establecer reglas previsibles puede permitir que la ventaja renovable se convierta finalmente en inversión, empleo, industria y exportaciones. Para un país que busca consolidarse como hub tecnológico y empresarial del Mercosur, disponer de energía renovable ya no es suficiente: debe ser capaz de ofrecerla en condiciones que hagan que las empresas quieran instalarse y permanecer en Uruguay.

Foto: Pexels / El Observador