Pacientes con hipertensión pulmonar y familiares llegaron este martes hasta el Ministerio de Salud Pública, en Asunción, para exigir la reposición del treprostinil, un medicamento indispensable para quienes padecen esta enfermedad crónica y progresiva. Los manifestantes viajaron desde distintos puntos del Paraguay para reclamar que el Estado reanude la provisión del tratamiento, cuya compra fue interrumpida. Para estas personas, no se trata de reclamar un medicamento complementario: aseguran que dependen de él para poder respirar, caminar y mantener una vida mínimamente normal.

La dimensión humana del reclamo quedó reflejada en el testimonio de María Liz Franco, quien viajó más de 500 kilómetros desde Concepción hasta la capital. La paciente explicó que necesita el treprostinil para respirar y caminar y advirtió que solamente dispone de un último frasco, que podría agotarse en un plazo de entre 15 y 22 días. “Una muerte en estas condiciones es muy triste”, manifestó, mientras reclamaba respuestas de las autoridades sanitarias. Su caso representa la angustia de pacientes que no saben si tendrán acceso al tratamiento cuando se termine la medicación que todavía conservan.

La protesta también estuvo marcada por el dolor de los familiares. Rosana Vero llegó desde Campo 9 para representar a su madre, de 53 años, quien ya no cuenta con el medicamento. Entre lágrimas, cuestionó la situación y reclamó que el Estado garantice el tratamiento. “No somos animales, mi mamá es una persona también”, expresó, dejando en evidencia que detrás de la discusión presupuestaria y administrativa existe una realidad concreta: personas que necesitan un fármaco para mantener bajo control una enfermedad que puede comprometer gravemente su capacidad respiratoria y cardiovascular.

Norma María Liz, de Quyquyhó, resumió el sentimiento de los manifestantes al señalar que “el medicamento es nuestra vida”. Según explicó, los pacientes habían recibido la indicación médica de mantener el tratamiento de manera permanente y ahora se encuentran frente a la incertidumbre provocada por la interrupción del suministro. La paciente aseguró que sin la medicación le resulta mucho más difícil respirar y reclamó al Ministerio de Salud que vuelva a garantizar el tratamiento.

La situación no es nueva. En marzo ya existían denuncias por el desabastecimiento de treprostinil, y pacientes habían advertido que el Ministerio de Salud había interrumpido la provisión pese a la existencia de amparos judiciales que ordenaban garantizar el acceso al tratamiento. La Cámara de Diputados recibió entonces a representantes de la Asociación Paraguaya de Esclerodermia e Hipertensión Pulmonar y reconoció la gravedad del problema. La Comisión de Salud Pública pidió al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía que regularizaran los pagos y permitieran normalizar la provisión.

El antecedente judicial hace que el reclamo actual tenga una dimensión todavía más delicada. Los pacientes habían recurrido a la Justicia para obtener medicamentos que consideran indispensables para preservar su vida y su calidad de vida. ABC ya había informado que la interrupción del suministro se justificaba, según los afectados, por problemas presupuestarios para el ejercicio 2026, pese a las órdenes judiciales de amparo. Esto plantea una cuestión que excede la administración ordinaria de compras: cuando existe una orden judicial y está comprometido un tratamiento considerado esencial, el Estado debe encontrar los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento.

El treprostinil tampoco es un medicamento de uso convencional. Se utiliza en determinados pacientes con hipertensión arterial pulmonar grave y puede administrarse mediante una bomba de infusión continua, permitiendo que el fármaco actúe de manera permanente. En Paraguay, especialistas del Hospital de Clínicas ya habían utilizado este tratamiento en pacientes con hipertensión pulmonar grave, destacando su capacidad para mejorar la presión en las arterias pulmonares, la función del ventrículo derecho, la oxigenación y la capacidad funcional. Su elevado costo, sin embargo, representa una barrera importante para quienes necesitan acceder a él.

La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica, progresiva y poco frecuente que afecta los vasos sanguíneos de los pulmones y sobrecarga el lado derecho del corazón. En los casos graves, la enfermedad puede limitar de manera considerable actividades cotidianas como caminar o realizar esfuerzos mínimos. Por eso, la interrupción de un tratamiento especializado no puede analizarse de la misma manera que la falta temporal de un medicamento destinado a una afección leve o pasajera. La continuidad terapéutica puede ser determinante para mantener la estabilidad clínica del paciente.

La problemática además se inserta en una crisis más amplia de disponibilidad de medicamentos en el sistema público paraguayo. En marzo, ABC informó que un listado del Ministerio de Salud contenía 1.453 medicamentos e insumos con stock cero y otros 469 en niveles críticos, en un contexto de reiteradas denuncias de pacientes por dificultades para obtener tratamientos. Aunque cada medicamento y cada situación deben analizarse individualmente, el caso de los pacientes con hipertensión pulmonar muestra las consecuencias particularmente graves que puede tener el desabastecimiento cuando se trata de terapias indispensables para enfermedades complejas.

El problema tampoco puede atribuirse simplemente a la falta de alternativas terapéuticas. La selección del tratamiento corresponde a los médicos especialistas, de acuerdo con las características y gravedad de cada paciente. Sustituir un medicamento por otro no debería realizarse por decisión administrativa ni únicamente por razones de disponibilidad, sino mediante evaluación médica. Precisamente por eso, la continuidad del suministro indicado se convierte en un elemento central para pacientes que ya fueron evaluados y que dependen de una terapia específica.

La protesta de este martes representa, además, un llamado de atención sobre la relación entre presupuesto público y derecho a la salud. El Estado tiene que administrar recursos limitados, pero existen tratamientos cuya interrupción puede tener consecuencias irreversibles. Cuando los pacientes terminan viajando cientos de kilómetros para pedir personalmente un medicamento frente al Ministerio de Salud, la situación deja de ser solamente una cuestión administrativa y pasa a revelar una falla en el mecanismo de protección sanitaria de personas particularmente vulnerables.

El reclamo de estos pacientes no puede quedar perdido entre expedientes, licitaciones y discusiones presupuestarias. Las autoridades deben explicar con claridad por qué se interrumpió la provisión, cuándo será restablecida, cuántos pacientes están actualmente afectados y qué mecanismo se utilizará para garantizar que el tratamiento no vuelva a cortarse. También deben informar qué ocurrió con las órdenes judiciales existentes y cómo serán cumplidas. La transparencia es fundamental cuando está en juego la salud de personas que no pueden simplemente esperar a que se resuelva una disputa administrativa.

La situación también debería ser abordada de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Poder Judicial y los organismos de control, evitando que cada institución actúe de manera aislada. Si el problema es presupuestario, deben encontrarse los mecanismos financieros correspondientes; si existen dificultades de contratación o adquisición, deben resolverse con anticipación; y si hay órdenes judiciales vigentes, deben cumplirse. El paciente no debería convertirse en el responsable de coordinar una cadena administrativa que corresponde al Estado.

Lo ocurrido frente al Ministerio de Salud deja una imagen que Paraguay debería tomar con absoluta seriedad: personas enfermas que recorren cientos de kilómetros para pedir un medicamento que, según sus propios testimonios, necesitan para respirar y caminar. No están reclamando un privilegio ni un beneficio extraordinario; están pidiendo continuidad para un tratamiento médico que ya fue indicado por especialistas. El Estado tiene la obligación de administrar responsablemente sus recursos, pero esa responsabilidad también implica establecer prioridades cuando una interrupción puede poner vidas en peligro. La discusión sobre presupuesto puede continuar en los despachos, pero para estos pacientes el tiempo no es una variable administrativa: es una cuestión de supervivencia.