La ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, María Carolina Llanes Ocampos, quedó nuevamente en el centro del debate público por sus recientes críticas a la prensa y por un discurso en el que instó a nuevos magistrados a no dejarse influenciar por lo que calificó como “ruidos mediáticos”, “agendas fácticas” y discursos que, según sostuvo, buscan interferir en la administración de justicia. La posición genera cuestionamientos porque contrasta con una postura que la propia Llanes defendía años atrás, cuando señalaba que la transparencia de los procesos judiciales y la independencia del Poder Judicial eran condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana. ABC Color reconstruye esta evolución y la vincula con las fuertes críticas recibidas por la Corte Suprema después de decisiones y episodios que aumentaron el escrutinio público sobre el máximo tribunal paraguayo.

Cuando Llanes fue designada ministra de la Corte en julio de 2019, su trayectoria jurídica era presentada como uno de sus principales atributos. Antes había desarrollado una carrera vinculada al ámbito penal, además de ejercer la docencia universitaria y publicar trabajos jurídicos. Pero existe un antecedente especialmente relevante: en una entrevista concedida en 2003, cuando todavía era jueza penal de Lambaré, Llanes identificaba la transparencia judicial como uno de los grandes desafíos del Poder Judicial y sostenía que los procesos judiciales, las actuaciones administrativas y la designación de magistrados debían estar sometidos a criterios de capacidad e idoneidad. También defendía que el Poder Judicial debía desprenderse de compromisos políticos y actuar conforme a la Constitución.

Aquellas declaraciones adquieren hoy un significado especial porque la propia Corte Suprema se encuentra bajo un nivel elevado de escrutinio ciudadano y periodístico. ABC menciona entre los episodios que alimentaron las críticas el denominado esquema de la “mafia de los pagarés”, una reunión mantenida entre ministros de la Corte y el presidente Santiago Peña que generó cuestionamientos por su carácter reservado, la resolución de la Corte relacionada con la destitución de la exsenadora Kattya González y otros cuestionamientos internos dentro del máximo órgano judicial. Frente a ese escenario, la ministra ha insistido en advertir sobre la difusión de información falsa y la llamada posverdad.

El problema institucional aparece cuando la defensa de la independencia judicial comienza a confundirse con una descalificación general del trabajo periodístico. Una democracia necesita jueces independientes, pero también necesita una prensa capaz de investigar, cuestionar y publicar información sobre quienes ejercen funciones públicas. La crítica periodística, incluso cuando resulta incómoda para magistrados, ministros, legisladores o presidentes, no puede ser considerada automáticamente una amenaza contra la justicia. El verdadero límite debe encontrarse en la falsedad deliberada, la difamación o la manipulación comprobable, no en el simple hecho de que una investigación periodística cuestione decisiones de una autoridad.

En uno de sus pronunciamientos más recientes, durante un acto de juramento de nuevos magistrados, Llanes pidió que los jueces no se dejen llevar por “los ruidos mediáticos” y las “agendas fácticas”. La frase puede interpretarse desde una perspectiva legítima: los jueces no deben resolver casos según presiones de la opinión pública, redes sociales, intereses políticos o campañas mediáticas. Sin embargo, el problema surge cuando la expresión se utiliza de manera amplia para colocar bajo sospecha a quienes investigan y fiscalizan al Poder Judicial. El periodismo no debe dictar sentencias, pero sí tiene derecho a examinar cómo funcionan las instituciones que administran justicia.

La cuestión se vuelve todavía más sensible porque la Corte Suprema administra un poder que afecta directamente los derechos de todos los ciudadanos. Las decisiones judiciales pueden determinar la libertad de una persona, su patrimonio, sus derechos laborales, sus relaciones familiares y hasta el resultado definitivo de largos procesos. Por esa razón, la sociedad tiene derecho a conocer cómo funciona el sistema, quiénes toman las decisiones y cuáles son los fundamentos utilizados. La transparencia no es un favor concedido por los magistrados: es una condición esencial de la legitimidad institucional.

ABC Color también cuestiona que, mientras Llanes concentra parte de su discurso en las noticias falsas y la influencia mediática, persisten problemas estructurales dentro del Poder Judicial que requieren respuestas concretas. El medio menciona procesos judiciales que se prolongan durante años, casos de personas sometidas durante períodos excesivos a prisión preventiva y ciudadanos que incluso han fallecido mientras esperaban una resolución judicial. Son problemas que, si están documentados, afectan directamente la percepción pública de la justicia y no pueden resolverse simplemente cuestionando la cobertura periodística.

Uno de los argumentos centrales que debería prevalecer en esta discusión es sencillo: si una información periodística es falsa, la respuesta debe ser demostrar públicamente que es falsa. Una institución tan poderosa como la Corte Suprema dispone de mecanismos para proporcionar documentos, explicar resoluciones, aclarar datos y responder a investigaciones. La mejor defensa frente a una información incorrecta no es desacreditar al conjunto de la prensa, sino proporcionar evidencia verificable. De esa manera, la ciudadanía puede comparar las versiones y formarse su propia opinión.

El debate también toca directamente la libertad de prensa en Paraguay. Los periodistas tienen la responsabilidad de verificar sus informaciones, distinguir hechos de opiniones y evitar acusaciones que no puedan sostenerse documentalmente. Pero esa responsabilidad debe coexistir con el derecho de investigar a las instituciones públicas. Una democracia saludable no puede funcionar bajo la lógica de que los medios solamente son confiables cuando elogian a las autoridades y se convierten en “desinformadores” cuando las cuestionan.

La propia trayectoria de Llanes ofrece una referencia interesante. En 2003 sostenía que la transparencia era necesaria para que el Poder Judicial recuperara progresivamente la credibilidad ciudadana. Dos décadas después, la pregunta inevitable es si la transparencia sigue siendo el camino para recuperar esa confianza. Si la respuesta continúa siendo afirmativa, entonces la prensa crítica debería ser considerada parte del mecanismo de control democrático y no necesariamente un enemigo institucional. La independencia judicial y la libertad de prensa, lejos de ser conceptos incompatibles, se necesitan mutuamente para controlar los excesos del poder.

El caso adquiere una dimensión adicional después de la controversia relacionada con Kattya González, cuya destitución parlamentaria y posterior derrota judicial provocaron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y llevaron a Codehupy a anunciar una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La resolución de la Corte Suprema sobre ese caso se convirtió en uno de los asuntos que mayor atención pública generaron alrededor del máximo tribunal. En ese contexto, cualquier crítica de la prensa hacia las actuaciones de los ministros forma parte de un debate institucional que difícilmente pueda ser separado de la obligación de rendir cuentas.

También existe otro punto que merece especial cuidado: criticar a la prensa no es lo mismo que combatir la desinformación. La desinformación debe ser investigada y desmentida cuando existan evidencias de que alguien deliberadamente fabricó o difundió información falsa. Pero una investigación periodística incómoda, una editorial crítica o una interpretación desfavorable de una resolución judicial no constituyen por sí mismas una noticia falsa. Mezclar ambos conceptos puede terminar debilitando precisamente la lucha contra la desinformación, porque la sociedad puede interpretar cualquier denuncia institucional como un intento de silenciar críticas.

El Poder Judicial paraguayo tiene, por otra parte, una enorme responsabilidad en materia de transparencia. Las resoluciones deben ser accesibles, los criterios jurídicos deben poder ser examinados y los conflictos de interés deben ser explicados. Cuando existe una reunión entre autoridades judiciales y representantes del Ejecutivo, cuando se produce una decisión polémica o cuando aparecen cuestionamientos sobre funcionarios del sistema judicial, la respuesta institucional más eficaz es proporcionar información clara y verificable. El silencio prolongado, en cambio, puede alimentar especulaciones y deteriorar todavía más la confianza pública.

Por eso, la discusión generada alrededor de Llanes debería superar el enfrentamiento personal entre una ministra y determinados medios. El verdadero debate es qué modelo de Poder Judicial quiere Paraguay. Uno que considere que la prensa es una interferencia incómoda que debe ser contenida, o uno que entienda que el periodismo crítico forma parte del sistema de controles de una democracia, siempre que actúe con responsabilidad profesional. La independencia de los jueces no significa ausencia de escrutinio; significa que las decisiones deben tomarse sin presiones indebidas, pero también que quienes ejercen esa autoridad deben poder explicar sus actuaciones ante la sociedad.

Desde la perspectiva de Prensa Mercosur, resulta fundamental defender una idea básica: la prensa no debe ser subordinada al poder político, económico ni judicial. Un magistrado tiene derecho a cuestionar una información falsa y exigir que se rectifique cuando corresponda, pero ningún poder público debería convertir la crítica periodística en una amenaza por el simple hecho de resultar incómoda. Paraguay necesita una Justicia independiente, transparente y eficiente, pero también necesita periodistas libres para investigar aquello que ocurre dentro de sus instituciones. La mejor manera de demostrar que la información es falsa no es atacar al periodista que la publica: es abrir los documentos, explicar las decisiones y permitir que la sociedad conozca la verdad. Si María Carolina Llanes realmente mantiene aquella convicción de 2003 sobre la necesidad de recuperar la credibilidad del Poder Judicial mediante la transparencia, el camino más coherente no pasa por enfrentarse con la prensa, sino por hacer que cada actuación de la Corte pueda ser examinada públicamente. La democracia paraguaya necesita menos confrontación entre instituciones y más transparencia, independencia y rendición de cuentas.