La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) anunció que llevará ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el caso de la exsenadora Kattya González, cuya pérdida de investidura en febrero de 2024 es considerada por la organización un grave retroceso para los derechos políticos y las garantías democráticas en Paraguay. La presentación internacional busca responsabilizar al Estado paraguayo por presuntas violaciones al debido proceso y a los derechos políticos de González, después de que la Justicia paraguaya agotara la vía interna con el rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada contra su destitución. Para Codehupy, el caso trasciende la situación personal de la exsenadora y plantea una cuestión de fondo sobre las garantías que tienen los ciudadanos elegidos por voto popular frente a decisiones de una mayoría parlamentaria.

La destitución de González ocurrió el 14 de febrero de 2024, cuando 23 senadores aprobaron su pérdida de investidura bajo la acusación de “uso indebido de influencias”. El procedimiento fue cuestionado desde el comienzo porque, según los antecedentes recopilados por Codehupy y otros sectores, la Cámara de Senadores había aprobado previamente un reglamento que establecía una mayoría absoluta de 30 votos para expulsar a un legislador. La sesión se realizó además durante el receso parlamentario y en un procedimiento extraordinariamente rápido. ABC Color informó entonces que la oposición cuestionó que la decisión se adoptara con 23 votos y que no se respetaran las garantías de defensa de la legisladora.

Uno de los aspectos más graves denunciados por la organización de derechos humanos es la falta de un tiempo razonable para que González pudiera conocer las acusaciones, acceder a las pruebas y preparar su defensa. La propia Codehupy sostiene que la pérdida de investidura se produjo mediante un trámite exprés y que la senadora no tuvo acceso previo a la acusación ni a los elementos utilizados para fundamentarla. La organización considera que esas circunstancias podrían haber afectado garantías protegidas por instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el debido proceso y la participación política.

El caso adquiere una dimensión todavía mayor porque González había sido elegida para integrar el Senado durante el período constitucional 2023–2028. Por ello, Codehupy sostiene que no se trata simplemente de una disputa interna entre legisladores, sino de una cuestión relacionada con el derecho de los ciudadanos a elegir y ser representados por las personas que obtuvieron su mandato mediante las urnas. La organización ya había advertido en febrero de 2024 que la expulsión podía convertirse en un mecanismo para silenciar voces disidentes y que el uso de una mayoría coyuntural para remover a una parlamentaria podía generar un precedente peligroso para la democracia paraguaya.

La controversia también está relacionada con el contexto político en el que se produjo la destitución. González era una de las figuras más críticas del oficialismo y había participado activamente en denuncias y cuestionamientos a decisiones del poder político. En aquel momento, distintos sectores opositores interpretaron su expulsión como un intento de reducir la capacidad de fiscalización del Congreso. La diputada Johanna Ortega, por ejemplo, sostuvo entonces que el proceso constituía un intento de “acallar a la oposición”. Estas fueron posiciones políticas de la oposición y no una conclusión judicial, por lo que deben distinguirse de los hechos formalmente establecidos en el proceso.

El escenario judicial interno se cerró en junio de 2026, cuando la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por González contra la resolución de su pérdida de investidura. La decisión fue adoptada por seis votos contra tres. Con ese fallo, quedó agotada la principal vía judicial interna que había utilizado la exsenadora para intentar recuperar su banca.

Precisamente por ese motivo, Codehupy decidió recurrir al sistema internacional de protección de derechos humanos. La organización informó que la comunicación presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU plantea presuntas violaciones de los derechos políticos y de las garantías del debido proceso. En su informe sobre derechos humanos, Codehupy señala específicamente los artículos 2.3, 14.2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como parte de los derechos que considera afectados en el caso.

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos resulta particularmente relevante porque protege el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, votar y ser elegidos y acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. El planteamiento de Codehupy es que una destitución parlamentaria realizada sin las garantías necesarias puede afectar no solamente a la persona removida, sino también a los electores que depositaron su voto en ella. Esa es precisamente una de las cuestiones que ahora deberá analizar el mecanismo internacional si admite y estudia el caso.

La organización paraguaya también cuestiona la duración del proceso interno. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por González el 27 de febrero de 2024, pero la resolución definitiva de la Corte llegó más de dos años después. Para Codehupy, esa demora contribuyó a dejar sin una respuesta efectiva a la controversia mientras la exsenadora permanecía fuera del cargo para el que había sido elegida. La entidad considera que la ausencia de una reparación judicial oportuna constituye otro elemento que debe ser examinado desde la perspectiva de los derechos humanos.

Existe además un elemento que fortalece la discusión sobre el procedimiento: según el informe de Codehupy, posteriormente el Ministerio Público desestimó denuncias penales relacionadas con los hechos atribuidos a González o a integrantes de su equipo por falta de elementos incriminatorios. Esto no significa que la destitución parlamentaria dependa necesariamente de una condena penal, porque son mecanismos jurídicos diferentes, pero sí constituye un antecedente que Codehupy incorpora a su argumentación para cuestionar la solidez de las acusaciones utilizadas en el proceso político.

El caso tampoco es nuevo en el ámbito regional. Después de su expulsión del Senado, González llevó su denuncia ante el Parlamento del Mercosur, donde expuso el procedimiento seguido para removerla. En marzo de 2024 sostuvo ante la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Parlasur que la decisión había violado las garantías constitucionales del debido proceso y las normas internas del Senado. Aquella presentación mostró que la controversia ya había adquirido una dimensión regional antes de llegar ahora al sistema de Naciones Unidas.

La decisión de acudir a la ONU también llega en un momento particularmente sensible para Paraguay. Codehupy sostiene que existen señales de debilitamiento de los mecanismos institucionales de control, restricciones crecientes para organizaciones de la sociedad civil y ataques contra actores críticos del poder político. La presentación internacional pretende que el caso González sea analizado no solamente como un episodio individual, sino como una oportunidad para establecer estándares que protejan los derechos políticos y las garantías parlamentarias en Paraguay y en la región.

Es importante, sin embargo, diferenciar una denuncia internacional de una sentencia internacional. La presentación de Codehupy ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU constituye una acción para que un órgano internacional examine las alegaciones planteadas; no significa que Naciones Unidas ya haya determinado que Paraguay violó los derechos de González. El caso deberá seguir los procedimientos correspondientes y, si es admitido, será necesario analizar los argumentos de ambas partes antes de cualquier eventual conclusión.

La controversia deja una pregunta institucional de enorme importancia: ¿puede una mayoría parlamentaria remover a un representante elegido por voto popular sin garantizar plenamente su derecho de defensa y sin respetar las propias reglas establecidas por la Cámara? La respuesta no afecta únicamente a Kattya González. Si un procedimiento de estas características se convierte en precedente, podría utilizarse en el futuro contra cualquier legislador que entre en conflicto con una mayoría política circunstancial. Por eso, la discusión sobre garantías parlamentarias tiene una dimensión que trasciende las divisiones entre oficialismo y oposición.

Para Paraguay, el caso representa una prueba sobre la fortaleza de sus instituciones. Una democracia no se mide solamente por la celebración periódica de elecciones, sino también por lo que ocurre después de que los ciudadanos depositan su voto: cómo se respetan los mandatos obtenidos en las urnas, cómo se controla al poder, cómo se defienden las minorías y qué garantías existen cuando una persona elegida es sometida a un proceso de destitución. La denuncia de Codehupy ante la ONU abre ahora una nueva etapa de esta disputa y coloca nuevamente a Paraguay bajo la mirada de los mecanismos internacionales de derechos humanos. El desafío para el Estado paraguayo será demostrar que sus instituciones pueden resolver sus conflictos dentro de la Constitución, con debido proceso y sin convertir las mayorías políticas en instrumentos para silenciar a quienes ejercen oposición.