La Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC) presentó una denuncia ante el Ministerio Público y puso el caso en conocimiento de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) por el presunto ingreso clandestino de cerdos vivos, carne porcina y productos derivados desde Brasil. El gremio sostiene que la mercadería estaría ingresando por distintos puntos fronterizos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná para posteriormente ser transportada, acopiada y comercializada en territorio paraguayo. La denuncia adquiere especial gravedad porque los productores aseguran que carne de procedencia dudosa ya estaría llegando a supermercados y carnicerías del interior del país, provocando una fuerte distorsión de precios y poniendo bajo presión a pequeños y medianos criadores.

Según el documento presentado ante la Fiscalía, la APPC pide determinar cómo las cargas presuntamente ilegales consiguen atravesar los controles oficiales instalados en zonas estratégicas de la frontera con Brasil. El gremio menciona específicamente la Aduana del Puente de la Amistad, los controles de los kilómetros 30 y 60 en Minga Guazú y Yguazú, además de los puestos de Yby Yaú y Carolina, en el departamento de Canindeyú. Los productores solicitaron que se revisen los procedimientos de fiscalización y que se preserven las grabaciones de circuito cerrado correspondientes a los últimos seis meses para determinar el recorrido de los vehículos y establecer si existieron fallas u omisiones en los controles.

El presidente de la APPC, Robert Bento, aseguró que el problema ya habría trascendido las zonas fronterizas y estaría repercutiendo directamente en los puntos de comercialización. Según su denuncia, supermercados y carnicerías del interior y de las principales cabeceras departamentales estarían ofreciendo carne a precios que, a juicio del sector, resultan incompatibles con los costos de la producción paraguaya formal. Bento afirmó que actualmente los frigoríficos ofrecen alrededor de G. 8.750 por kilo vivo al productor, mientras que en algunos supermercados se estaría comercializando carne a aproximadamente G. 6.000 por kilo, una diferencia que el gremio considera una señal de la distorsión que estaría provocando el ingreso irregular.

La situación golpea especialmente a los pequeños y medianos productores, que no tienen la misma capacidad financiera que las grandes explotaciones para absorber períodos prolongados de pérdidas. Bento señaló que algunos productores familiares ya estarían considerando abandonar la actividad, debido a que no consiguen colocar su producción en condiciones que permitan cubrir los costos. La preocupación no es nueva: desde comienzos de 2026 el sector viene denunciando una fuerte caída del precio recibido por los criadores. En agosto, ABC informó que el valor había descendido desde aproximadamente G. 11.500 por kilo a menos de G. 8.000 en algunos momentos, mientras el costo de producción se situaba entre G. 7.500 y G. 8.500 por kilo.

Pero el problema tiene otra dimensión que puede ser todavía más delicada: la sanitaria. La carne y los animales que ingresan legalmente al Paraguay deben cumplir procedimientos de control, documentación, trazabilidad y requisitos sanitarios. Cuando un animal entra por vías clandestinas, las autoridades pueden perder la capacidad de determinar con precisión su origen, su historial sanitario y las condiciones en las que fue transportado. En junio, por ejemplo, un operativo conjunto detectó un camión con 40 porcinos que carecían de la identificación sanitaria obligatoria y de la habilitación correspondiente para el transporte, un episodio que ya había generado preocupación dentro del sector.

La trazabilidad es fundamental para un país que está intentando posicionar su carne porcina en los mercados internacionales. Paraguay ha conseguido ampliar progresivamente los destinos de sus productos porcinos y, durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones de carne de cerdo alcanzaron unos US$ 30,1 millones, por encima de los US$ 29,4 millones registrados en el mismo período de 2025. La producción nacional también ha crecido considerablemente: el sector pasó de unas 13.000 toneladas en 2007 a aproximadamente 90.000 toneladas en 2025, mientras la faena llegó a cerca de un millón de animales el año pasado.

Precisamente por eso, el contrabando no representa solamente una amenaza para el productor que vende en el mercado interno. Si ingresaran animales o carne sin controles sanitarios y posteriormente se produjera un problema epidemiológico, las consecuencias podrían alcanzar al conjunto de la cadena porcina y afectar la imagen sanitaria del país. Paraguay viene trabajando para consolidarse como proveedor internacional de proteínas animales y actualmente cuenta con alrededor de 16 mercados habilitados para su carne porcina. El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, pidió abordar el problema “con seriedad” precisamente por el riesgo que representa para ese proceso de expansión.

Existe además una paradoja económica que merece ser analizada. Mientras las exportaciones paraguayas de carne porcina aumentan y el producto nacional gana presencia en mercados exigentes, los productores denuncian que dentro del propio Paraguay no consiguen vender su producción a precios sostenibles. ABC Rural había informado que entre enero y julio las exportaciones porcinas llegaron a US$ 30,1 millones, mientras que en el mercado interno el precio recibido por el productor había caído de G. 13.700 a G. 8.750 por kilo en seis meses. El gremio atribuye parte de esta presión al ingreso de carne brasileña y también señala otros factores, como la evolución del dólar y la situación del mercado regional.

La competencia internacional, por sí sola, no constituye un problema. El problema aparece cuando un producto ingresa al mercado paraguayo sin cumplir las mismas obligaciones que enfrenta el productor nacional. Una granja formal debe afrontar alimentación, personal, transporte, sanidad, impuestos, controles y requisitos de trazabilidad. Si un producto introducido clandestinamente evita parte de esos costos y llega al consumidor a un precio inferior, la competencia deja de producirse en igualdad de condiciones. En ese escenario, el productor formal puede terminar siendo expulsado del mercado mientras el consumidor desconoce necesariamente el origen real de lo que está comprando.

La APPC reclama por ello una investigación que no se limite a decomisar eventualmente algún cargamento. El gremio quiere conocer cómo funciona la cadena completa: quién introduce los animales o la carne, por dónde ingresan, quién los recibe, dónde son almacenados, quién los distribuye y qué establecimientos finalmente los comercializan. También pidió que la DNIT informe sobre sus procedimientos y fiscalizaciones y que la Fiscalía conforme una carpeta investigativa con fiscales especializados.

La denuncia también coloca bajo observación a las instituciones encargadas de controlar las distintas etapas de la cadena. La DNIT tiene competencia sobre aspectos aduaneros y tributarios; el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) desempeña un papel fundamental en materia sanitaria y de trazabilidad; mientras que otros organismos intervienen en aspectos relacionados con la comercialización y la protección del consumidor. La respuesta, por lo tanto, no puede depender de una sola institución: requiere coordinación entre controles fronterizos, fiscalización sanitaria, investigación penal y vigilancia del mercado.

El consumidor también queda en una posición particularmente vulnerable. Un precio muy bajo puede resultar atractivo, pero el consumidor no necesariamente tiene herramientas para saber si la carne fue introducida legalmente, si fue sometida a controles sanitarios o si cuenta con la trazabilidad correspondiente. Por eso, además de perseguir a quienes realizan el contrabando, las autoridades deberían reforzar los mecanismos de control en los puntos de venta y proporcionar información clara para que los ciudadanos puedan identificar productos de origen formal.

La situación ya había generado preocupación dentro del sector durante los últimos meses. En junio, productores alertaron que el ingreso irregular de animales podía comprometer no solamente la rentabilidad de las granjas sino también el estatus sanitario paraguayo y las exportaciones. La detección de animales sin identificación sanitaria en un camión mostró que el fenómeno no era únicamente una sospecha abstracta, aunque la magnitud total del contrabando denunciado ahora deberá ser determinada por las investigaciones oficiales.

Paraguay está ante una situación que exige una respuesta firme, pero también técnicamente seria. No basta con afirmar que existe contrabando ni tampoco sería correcto atribuir automáticamente toda la caída del precio del cerdo exclusivamente al ingreso ilegal desde Brasil. El mercado regional, la producción brasileña, la cotización del dólar, los costos internos y la oferta y demanda también influyen. Sin embargo, si la Fiscalía y la DNIT confirman que efectivamente están ingresando productos porcinos sin documentación y controles sanitarios, el Estado debe identificar a los responsables, cortar las rutas utilizadas y proteger tanto al consumidor como al productor formal.

La denuncia de los productores llega en un momento decisivo para la porcicultura paraguaya. El país está consiguiendo algo que durante años parecía difícil: aumentar la producción, elevar las exportaciones y conquistar mercados internacionales para su carne de cerdo. Pero ese crecimiento puede verse debilitado si el mercado interno queda inundado de productos de origen desconocido que compiten con productores que cumplen todas las exigencias legales y sanitarias. La respuesta debe ser contundente contra el contrabando, pero también debe mirar más allá del decomiso de un camión: hay que investigar las rutas, los intermediarios, los centros de acopio y los puntos de comercialización. Si se confirma la denuncia, no solamente estará en juego el ingreso de los productores paraguayos, sino también la trazabilidad, la seguridad alimentaria, la recaudación fiscal y la credibilidad sanitaria de un país que busca convertirse en un actor cada vez más importante en el mercado internacional de proteínas.