Argentina: deportaron a México al excontralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de integrar una red de contrabando de combustible

Argentina deportó a México al excontralmirante de la Marina mexicana Fernando Farías Laguna, quien estaba detenido en Buenos Aires desde abril y era buscado por Interpol por su presunta participación en una red de contrabando ilegal de hidrocarburos. El traslado se concretó este jueves 20 de agosto, después de meses de disputas judiciales y de un pedido de asilo político presentado por su defensa. La salida de Argentina evitó que tuviera que esperar en el país el juicio de extradición que estaba previsto para el 27 de agosto.

Farías Laguna había sido detenido el 23 de abril en el barrio porteño de Palermo, luego de que la Policía Federal Argentina detectara que había ingresado al país utilizando documentación guatemalteca correspondiente a una identidad que no le pertenecía. Sobre él pesaba una alerta roja de Interpol solicitada por México.

Según la investigación mexicana, el exmando naval habría formado parte de una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando de combustible en la que hidrocarburos ingresaban a México desde Estados Unidos mediante documentación y operaciones comerciales utilizadas para evadir controles aduaneros e impuestos.

La causa mexicana sostiene que la organización comenzó a operar al menos desde 2023 y habría involucrado a personal de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos y empresarios. Farías Laguna es señalado como una de las figuras centrales de esa estructura, aunque su responsabilidad deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.

El caso adquirió una dimensión política adicional porque Farías Laguna y su hermano, el también exmando naval Manuel Roberto Farías Laguna, fueron vinculados con el entorno del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien es tío político de ambos. La investigación mexicana busca determinar el alcance de las relaciones entre los integrantes de la presunta organización y otros funcionarios.

Desde el comienzo, Farías Laguna rechazó las acusaciones. Su defensa sostuvo que él había denunciado irregularidades dentro de la estructura de contrabando y que posteriormente fue convertido en uno de los principales acusados. También argumentó que su vida podía correr peligro si regresaba a México.

Por ese motivo, sus abogados solicitaron asilo político en Argentina para impedir su entrega a las autoridades mexicanas. La solicitud abrió una etapa adicional en el expediente y retrasó el procedimiento de devolución.

Durante varios meses, Argentina mantuvo al excontralmirante bajo custodia mientras se definía su situación. En mayo, las autoridades argentinas habían descartado inicialmente una deportación directa y el Gobierno mexicano avanzó entonces con el mecanismo formal de extradición.

La defensa llegó a sostener todavía esta semana que no existía una resolución que permitiera afirmar que Farías sería trasladado inmediatamente a México. El equipo legal señalaba que la audiencia de extradición estaba prevista para el 27 de agosto y que el detenido continuaba bajo jurisdicción argentina.

El escenario cambió rápidamente. El 20 de agosto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que el traslado a México ya no estaba en duda y explicó que un recurso jurídico presentado por el propio Farías había provocado la demora del procedimiento.

Pocas horas después, la Fiscalía General de la República informó que el traslado desde Argentina hacia México estaba en marcha. De esta manera, el proceso dejó de depender de la audiencia de extradición prevista para la semana siguiente.

La decisión argentina también puso fin a una situación jurídica compleja. Farías estaba acusado en México, pero al mismo tiempo debía responder en Argentina por las circunstancias de su ingreso al país con documentación falsa. El proceso de entrega tuvo que contemplar ambos aspectos.

Su llegada a México permitirá ahora que quede a disposición de las autoridades judiciales de ese país para responder por las acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos vinculados con hidrocarburos.

La investigación mexicana considera especialmente grave la modalidad utilizada por la organización. El llamado “huachicol fiscal” no consiste simplemente en robar combustible de instalaciones o ductos, sino en introducir hidrocarburos mediante operaciones comerciales aparentemente legales para evitar impuestos y controles oficiales.

De acuerdo con las investigaciones difundidas, los combustibles podían ser declarados como aceites, lubricantes o aditivos, con lo que se intentaba ocultar su verdadera naturaleza y reducir las obligaciones fiscales asociadas a su importación.

El impacto económico de estas operaciones también es uno de los elementos centrales de la causa. Las autoridades mexicanas investigan pérdidas millonarias y una estructura que habría utilizado conexiones dentro de organismos públicos para facilitar las operaciones.

El caso además involucra a otros exintegrantes de la Marina mexicana y empresarios vinculados al transporte y comercialización de hidrocarburos. La investigación alcanza a 16 personas, entre ellas antiguos funcionarios y trabajadores de empresas relacionadas con la actividad.

La llegada de Farías a México podría abrir una nueva etapa del expediente. Hasta ahora, buena parte de la causa se había desarrollado sin la presencia física de uno de sus principales acusados, quien permanecía en Argentina mientras intentaba evitar su entrega.

Su defensa, sin embargo, mantiene una versión completamente diferente. Los abogados sostienen que el excontralmirante no dirigió una organización criminal y que su conocimiento de las operaciones provenía de su posición dentro de la Marina y de las denuncias que habría realizado sobre irregularidades.

Esa versión deberá ser contrastada con las pruebas reunidas por la Fiscalía General de la República mexicana.

Otro aspecto relevante será determinar qué información pudo haber proporcionado Farías a las autoridades estadounidenses. Antes de su traslado se conoció que agentes del FBI y de la DEA se reunieron con él mientras permanecía detenido en Argentina. Su abogado confirmó el encuentro, aunque dijo desconocer los asuntos tratados.

La participación estadounidense resulta significativa porque la investigación tiene un componente transnacional: el combustible que presuntamente ingresaba ilegalmente a México provenía de Estados Unidos y posteriormente era introducido en el mercado mexicano mediante operaciones destinadas a ocultar su verdadero origen y naturaleza.

El caso, por lo tanto, involucra a Argentina, México y Estados Unidos, además de la cooperación internacional de Interpol. La detención en Buenos Aires fue posible precisamente por la alerta internacional emitida contra el exmilitar.

La utilización de una identidad guatemalteca también añadió otro elemento a la investigación. Según los registros conocidos, Farías ingresó a Argentina utilizando documentación correspondiente a otra identidad y permaneció alojado en un departamento de alquiler temporal en Palermo.

La Policía Federal logró localizarlo después de rastrear sus movimientos y confirmar que la persona buscada internacionalmente se encontraba en Buenos Aires.

El traslado de este jueves representa así el desenlace de casi cuatro meses de permanencia en Argentina. Farías Laguna llegó al país como un prófugo internacional y salió rumbo a México bajo custodia de las autoridades de ese país.

Ahora deberá enfrentar el proceso judicial mexicano y tendrá la oportunidad de presentar su defensa ante los tribunales. La presunción de inocencia continuará vigente hasta que exista una resolución judicial definitiva.

El caso también puede tener consecuencias políticas en México porque la investigación apunta hacia una estructura que habría operado dentro de sectores vinculados con una institución considerada estratégica para la seguridad nacional.

La deportación de Fernando Farías Laguna cierra su etapa judicial en Argentina, pero abre una fase mucho más importante en México. Allí deberá responder por las acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mientras la Fiscalía intenta determinar cómo funcionaba la presunta red de “huachicol fiscal”, quiénes participaron en ella y qué nivel de responsabilidad tuvo cada uno de sus integrantes. Su defensa sostiene que fue un denunciante convertido en acusado; la Fiscalía mexicana sostiene que tuvo un papel relevante dentro de la estructura. Ahora esas dos versiones deberán enfrentarse ante la Justicia.