Presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, y el jurista designado de la agencia de defensa judicial del estado, Germán Calderón España
La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato interadministrativo por hasta 1.500 millones de pesos celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), durante el gobierno de Gustavo Petro.
La denuncia fue presentada por Germán Calderón España, designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella como líder del Equipo Élite Anticorrupción, quien señaló que actuó con autorización del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.
El objetivo de la denuncia es establecer si la estructuración, celebración y ejecución del contrato se ajustaron a las normas de contratación estatal y determinar si pudieron presentarse actuaciones que eventualmente comprometieran el manejo de recursos públicos.
El caso se centra en el Contrato Interadministrativo 390 de 2026, suscrito entre el Dapre y RTVC, cuyo valor podía alcanzar los 1.500 millones de pesos y cuyos recursos estaban destinados a servicios relacionados con telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Calderón España está relacionado con la decisión de acudir a la contratación interadministrativa, pese a que, según la denuncia, desde la estructuración del negocio se habría contemplado que parte de las actividades fueran desarrolladas mediante terceros y medios de comunicación externos.
El documento pide revisar servicios relacionados con presencia en medios radiales, parrillas digitales, pauta, difusión, monitoreo y otras actividades contratadas con terceros. También solicita examinar los honorarios o fees que habría cobrado RTVC dentro de la operación.
La discusión jurídica planteada ante la Fiscalía consiste en determinar si resultaba procedente acudir a la contratación directa bajo esas condiciones y si la participación de terceros era compatible con la naturaleza y el alcance del contrato celebrado entre las dos entidades públicas.
La denuncia solicita además examinar de manera integral las etapas de planeación, celebración y ejecución del contrato, con el propósito de establecer si pudieron configurarse conductas que eventualmente constituyan delitos contra la administración pública, particularmente aquellos relacionados con la celebración indebida de contratos.
La presentación de la denuncia no implica por sí misma la existencia de responsabilidad penal. Será la Fiscalía General de la Nación, a partir de las pruebas y elementos que eventualmente sean recaudados, la que deberá establecer si existieron irregularidades con relevancia penal y determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar.
El caso pone nuevamente bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a comunicaciones institucionales y deja en manos de los investigadores establecer si el contrato entre el Dapre y RTVC se ajustó a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia que rigen la contratación estatal.
redaccion_colombia@prensamercosur
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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