
El Gobierno de Javier Milei amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incluir proyectos de infraestructura ferroviaria, una decisión que llega en la antesala del avance del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística. La modificación busca generar condiciones más atractivas para que empresas privadas inviertan en la renovación, ampliación y modernización de las vías ferroviarias destinadas al transporte de cargas.
La incorporación quedó formalizada mediante el Decreto 748/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a determinadas obras vinculadas con infraestructura ferroviaria existente y proyectos destinados a aumentar la capacidad de transporte. La medida apunta a facilitar inversiones que requieren montos elevados y períodos prolongados para recuperar el capital.
El momento elegido no es casual. Belgrano Cargas ya se encuentra formalmente sujeto a privatización y el Gobierno trabaja sobre un esquema que contempla separar las distintas unidades de negocio. El proceso prevé diferenciar el material rodante, las vías y terrenos asociados y los talleres ferroviarios.
La privatización fue autorizada mediante el Decreto 67/2025, que estableció la desintegración vertical de Belgrano Cargas. Para las vías y los inmuebles aledaños se prevén concesiones de obra pública, mientras que el material rodante puede ser vendido mediante remate público.
La nueva posibilidad de acceder al RIGI modifica el atractivo económico de esas concesiones. Las empresas que realicen determinadas inversiones ferroviarias podrán acceder a los beneficios previstos por el régimen, lo que puede reducir parte de los costos y riesgos asociados a proyectos de infraestructura de gran escala.
El objetivo del Gobierno es que el capital privado no se limite a administrar los servicios existentes, sino que también participe en la recuperación de una red que durante décadas sufrió problemas de mantenimiento y limitaciones de capacidad. La apuesta oficial es que la inversión privada permita aumentar la cantidad de carga transportada por ferrocarril y mejorar la conexión entre las zonas productivas y los principales centros logísticos.
El Belgrano Cargas tiene una importancia particular para la economía argentina porque conecta regiones productoras del norte y centro del país con los principales corredores de transporte. Una red ferroviaria más eficiente puede reducir los costos logísticos de sectores como el agro, la minería y otras actividades vinculadas con grandes volúmenes de mercancías.
El beneficio puede ser especialmente importante para las economías alejadas de los puertos. Transportar cargas por ferrocarril a grandes distancias puede resultar más eficiente que hacerlo exclusivamente mediante camiones, especialmente cuando se trata de granos, minerales y otros productos de elevado volumen.
La posibilidad de mejorar esa infraestructura también interesa al sector agroindustrial. Entidades y empresas vinculadas con la producción agrícola vienen reclamando durante años una recuperación de los ramales ferroviarios para reducir los costos de traslado hacia los puertos y mejorar la competitividad de las exportaciones.
El Gobierno pretende que parte de ese proceso sea financiado por los propios operadores privados. Una modificación reciente del esquema de privatización establece además que los recursos obtenidos por la venta del material rodante deberán destinarse al financiamiento y pago de obras a cargo de los concesionarios, mediante un fideicomiso.
Esto significa que la privatización no se limita a desprenderse de activos estatales. El diseño oficial busca utilizar los recursos obtenidos y las nuevas concesiones para generar un esquema de inversión sobre la propia red.
Las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza forman parte del proceso. La documentación oficial establece que las concesiones abarcarán las vías y sus inmuebles aledaños, mientras que los talleres ferroviarios tendrán un tratamiento específico.
La expectativa del Gobierno es que exista competencia entre operadores e inversores interesados en administrar y modernizar esos corredores. Sin embargo, el proceso todavía debe atravesar diferentes etapas administrativas y licitatorias antes de que pueda conocerse quiénes asumirán efectivamente las concesiones.
Uno de los puntos que genera mayor interés es la posibilidad de participación de grandes grupos internacionales. Entre las empresas mencionadas en las discusiones alrededor del proceso aparece Grupo México, que manifestó interés en el Belgrano Cargas y cuya participación podría quedar favorecida por las nuevas condiciones de inversión.
La incorporación al RIGI también puede cambiar la evaluación financiera de los proyectos. Una obra ferroviaria requiere inversiones iniciales muy importantes, pero sus beneficios económicos pueden aparecer durante períodos prolongados. Los incentivos fiscales y cambiarios del RIGI buscan precisamente ofrecer mayor previsibilidad para inversiones de largo plazo.
Para el Gobierno, la recuperación ferroviaria forma parte de una estrategia más amplia de reducción del peso del Estado en la operación de empresas públicas. La administración Milei pretende trasladar progresivamente actividades al sector privado y concentrar al Estado en funciones de regulación, control y planificación.
El modelo también plantea desafíos. Una concesión privada necesita resultar económicamente viable para el operador, pero al mismo tiempo debe garantizar que la infraestructura cumpla una función estratégica para el país. El Estado tendrá que controlar que las empresas realicen las inversiones comprometidas y mantengan niveles adecuados de seguridad y calidad del servicio.
La experiencia argentina con las concesiones ferroviarias muestra que la transferencia de la operación al sector privado no garantiza por sí sola una mejora de la infraestructura. La calidad del contrato, los mecanismos de control y las obligaciones de inversión serán determinantes.
También será necesario definir cómo se establecerán los cánones, las tarifas y las condiciones de acceso a las vías. Si diferentes empresas utilizan la misma red, el sistema deberá garantizar reglas claras para evitar conflictos y asegurar la circulación de cargas.
Otro punto relevante será la integración con otros medios de transporte. El ferrocarril no funciona de manera aislada: necesita conexiones eficientes con rutas, puertos, terminales y centros de almacenamiento. Una mejora en las vías tendrá un impacto limitado si la carga encuentra obstáculos en las etapas posteriores de la cadena logística.
La infraestructura ferroviaria argentina tiene además un enorme potencial de expansión. El país posee grandes distancias entre las zonas productivas y los puertos, una característica que hace que el transporte ferroviario pueda desempeñar un papel importante en la reducción de costos.
En sectores como la minería, ese potencial puede crecer todavía más. El aumento de proyectos de cobre, litio y otros minerales estratégicos genera una demanda potencial de infraestructura capaz de movilizar grandes cantidades de productos hacia los centros de exportación.
El Gobierno busca aprovechar precisamente esa oportunidad para atraer capital privado al sistema ferroviario. La inclusión del sector dentro del RIGI pretende convertir las obras ferroviarias en proyectos con condiciones suficientemente atractivas para grandes inversores.
Pero el resultado dependerá de la respuesta del mercado. El hecho de que una obra pueda ingresar al RIGI no significa automáticamente que aparecerán inversores. Las empresas analizarán el estado real de las vías, las perspectivas de carga, los costos de operación, las condiciones de las concesiones y la estabilidad jurídica.
También será fundamental determinar quién asumirá los costos de recuperación de los sectores más deteriorados. Algunas partes de la red requieren inversiones mucho mayores que otras, y su rentabilidad puede variar considerablemente.
El esquema oficial intenta resolver parte de esa diferencia mediante concesiones de largo plazo y obligaciones de inversión. La idea es que el operador pueda recuperar el capital invertido a través de la explotación de la infraestructura y del crecimiento del volumen transportado.
Para Argentina, el desafío es convertir esa inversión en una mejora concreta de la competitividad. Un tren de cargas más rápido, seguro y confiable puede reducir costos logísticos, disminuir la presión sobre las rutas y aumentar la capacidad exportadora.
También podría generar efectos sobre el transporte por carretera. Si una mayor cantidad de cargas de larga distancia pasa al ferrocarril, los camiones podrían concentrarse en trayectos de menor distancia y distribución regional, mientras el tren asumiría los recorridos más extensos.
La combinación entre privatización y RIGI representa uno de los cambios más importantes que el Gobierno intenta introducir en el sistema ferroviario de cargas. La administración Milei apuesta a que el sector privado aporte capital, tecnología y capacidad de gestión para recuperar una infraestructura que necesita inversiones de gran magnitud.
El resultado, sin embargo, dependerá de cómo se estructuren las licitaciones y de las condiciones que finalmente se establezcan para los concesionarios. La privatización del Belgrano Cargas todavía no está concluida y deberá atravesar las etapas previstas por la normativa.
Por ahora, el Gobierno ya dio una señal clara al mercado: las inversiones ferroviarias consideradas estratégicas podrán contar con los beneficios del RIGI, justo cuando comienza a tomar forma el nuevo modelo de gestión de los principales corredores de carga.
El objetivo final es que el ferrocarril vuelva a tener un peso mayor en la matriz logística argentina y que las inversiones privadas permitan recuperar kilómetros de vías, mejorar la capacidad de transporte y conectar de manera más eficiente las regiones productivas con los mercados nacionales e internacionales.
La apuesta es ambiciosa y su resultado tendrá impacto más allá de Belgrano Cargas. Si el nuevo esquema logra atraer inversiones y aumentar significativamente la capacidad ferroviaria, Argentina podría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de sus exportaciones. Si las inversiones no llegan o las concesiones no consiguen equilibrar rentabilidad privada con objetivos estratégicos nacionales, el proceso enfrentará uno de sus principales desafíos. Por eso, la licitación y las condiciones de inversión serán tan importantes como la propia privatización.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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