Argentina: detienen a una funcionaria bonaerense acusada de participar en una maniobra de lavado por $27.000 millones

Una funcionaria del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires fue detenida en el marco de una investigación que busca desarticular una presunta organización dedicada al lavado de dinero mediante el uso de datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad. La causa, investigada en La Plata por la fiscal Betina Lacki, analiza movimientos por alrededor de $27.000 millones y apunta a una estructura que habría utilizado billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros para introducir fondos provenientes, presuntamente, del juego clandestino en el circuito financiero.

La funcionaria detenida fue identificada como Albertina Manguini, quien se desempeñaba en el Patronato de Liberados bonaerense. Según la investigación, su presunta función dentro de la estructura habría sido captar personas vulnerables, especialmente personas que habían pasado por el sistema penitenciario, para obtener sus datos personales y biométricos.

El mecanismo investigado habría comenzado con una oferta de aproximadamente $80.000 a cambio de entregar datos personales, fotografías y someterse a procedimientos de identificación biométrica. Con esa información se habrían abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las personas captadas, que posteriormente eran utilizadas para mover dinero.

La investigación sostiene que las personas utilizadas como titulares de las cuentas no necesariamente conocían el verdadero destino de los fondos. La estructura habría aprovechado precisamente su situación de vulnerabilidad para convertirlas en titulares formales de cuentas que, en realidad, eran utilizadas por terceros.

El procedimiento es conocido en el ámbito financiero como “pitufeo”: dividir grandes cantidades de dinero en numerosas operaciones y cuentas para dificultar que las autoridades puedan identificar rápidamente su origen y seguir el recorrido completo de los fondos.

Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero ingresaba en las cuentas controladas por la organización y posteriormente era transferido hacia otros operadores. Una parte de los fondos habría terminado vinculada a plataformas de juego online, donde se transformaban en supuestas ganancias obtenidas mediante apuestas.

La maniobra permitiría presentar posteriormente esos fondos como dinero obtenido legítimamente a través del juego, dificultando la identificación de su origen real. La Justicia investiga si ese mecanismo fue utilizado para blanquear dinero procedente del juego clandestino en la provincia de Buenos Aires.

La investigación comenzó a reconstruir movimientos financieros que, por su volumen, llamaron la atención de los investigadores. El caso no se limita a las cuentas utilizadas directamente por las personas captadas, sino que intenta determinar quiénes controlaban el dinero después de que ingresaba al sistema financiero.

En ese punto aparece otro de los nombres relevantes de la investigación: Ignacio Leonel Marchioni, quien se encuentra imputado en una causa relacionada y tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes, según fuentes judiciales citadas por Clarín.

Los investigadores también analizaron operaciones vinculadas a Sur Finanzas PSP S.A. y la firma de criptomonedas QBIT Capitals, dentro de una línea que conecta esta investigación con la causa que analiza las operaciones de Sur Finanzas.

En el caso de Marchioni, un informe atribuido a ARCA habría detectado una diferencia considerable entre los ingresos que declaraba formalmente y el volumen de operaciones financieras que pasó por billeteras vinculadas con esas empresas. La investigación menciona movimientos de aproximadamente $87.000 millones durante 2024, aunque ese monto corresponde al universo de operaciones analizadas y no equivale automáticamente a dinero ilícito.

Esta distinción es importante porque la investigación todavía debe determinar qué parte de esos movimientos corresponde efectivamente a fondos provenientes de actividades ilegales y cuál puede responder a operaciones legítimas.

La causa intenta reconstruir así una cadena con diferentes niveles. En un extremo estaban las personas cuyos datos habrían sido utilizados para abrir cuentas; en el otro, los operadores que recibían y movilizaban los fondos.

Entre ambos puntos habría existido una estructura encargada de captar personas, obtener su identificación biométrica, abrir las cuentas y luego controlar las operaciones financieras.

El uso de datos biométricos agrega una dimensión especialmente delicada al caso. No se trata únicamente de utilizar un nombre o un documento de identidad. La información biométrica —como el rostro o el iris— puede utilizarse para validar la identidad de una persona ante determinadas plataformas financieras.

Por eso, si la hipótesis judicial se confirma, el esquema habría aprovechado mecanismos diseñados precisamente para aumentar la seguridad del sistema financiero.

La investigación también analiza dónde se realizaban los encuentros con las personas captadas. Según la reconstrucción difundida, algunos de ellos se habrían producido en una confitería ubicada en la zona de las calles 7 y 56, en el centro de La Plata, donde se fotografiaba a las personas y se realizaban procedimientos de identificación.

El Patronato de Liberados aparece en la causa porque la funcionaria detenida tenía contacto institucional con personas que se encontraban bajo seguimiento del organismo. La Justicia intenta establecer si esa posición fue utilizada para identificar y captar potenciales titulares de cuentas.

El punto central de la acusación es determinar si la funcionaria aprovechó su cargo público para facilitar el acceso a personas vulnerables que posteriormente fueron utilizadas dentro del circuito financiero.

Hasta ahora, la investigación judicial se encuentra en desarrollo y las personas detenidas e imputadas mantienen su derecho a la defensa. La existencia de una acusación no implica que la responsabilidad penal haya sido establecida definitivamente.

La fiscalía también deberá demostrar cómo se conectaban los distintos integrantes de la presunta organización y cuál era la función específica de cada uno. En investigaciones de lavado de activos, no basta con detectar movimientos de dinero: es necesario reconstruir el origen de los fondos, los beneficiarios y las operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

El caso también adquiere relevancia por el volumen económico investigado. $27.000 millones representan una cifra extraordinaria para una estructura que, según la hipótesis judicial, habría utilizado numerosas cuentas de pequeños titulares para fragmentar las operaciones.

El esquema investigado demuestra además cómo las billeteras digitales pueden convertirse en una herramienta utilizada tanto para facilitar operaciones legítimas como para intentar ocultar fondos ilícitos. La existencia de controles de identidad no elimina por completo el riesgo cuando una tercera persona consigue utilizar los datos de un titular real.

Ahora la Justicia deberá determinar si las cuentas fueron abiertas con conocimiento de sus titulares, si existieron engaños, cuánto dinero circuló realmente por ellas y quiénes tenían el control efectivo de las operaciones.

También será necesario establecer la conexión concreta con Sur Finanzas, cuya actividad ya es investigada en otro expediente por operaciones financieras sospechosas. Según la información difundida, uno de los imputados en esta causa aparece también relacionado con aquella investigación.

La conexión no significa que ambas investigaciones sean exactamente la misma ni que todas las personas involucradas en un expediente tengan responsabilidad en el otro. Lo que analiza la Justicia es si existen operadores, movimientos financieros o sociedades que permitan vincular los distintos circuitos.

El origen presunto del dinero también será determinante. La hipótesis de la fiscalía apunta al juego clandestino, pero deberán reunirse pruebas que permitan demostrar cómo se generaron esos fondos antes de ingresar a las billeteras virtuales.

Una vez dentro del sistema financiero, la organización habría utilizado transferencias, movimientos entre cuentas y operaciones relacionadas con el juego para dificultar el rastreo.

La investigación continuará ahora con el análisis de documentación bancaria, registros de las plataformas digitales, dispositivos electrónicos, comunicaciones y movimientos patrimoniales de los acusados.

La clave será reconstruir el recorrido completo de los $27.000 millones y determinar quiénes se beneficiaron finalmente con el dinero.

El caso combina tres elementos especialmente sensibles: la utilización de personas vulnerables, el aprovechamiento de datos biométricos y una presunta estructura financiera vinculada al lavado de fondos del juego clandestino.

La causa todavía está lejos de una resolución definitiva. Las próximas medidas judiciales deberán determinar la magnitud real de la organización, la responsabilidad individual de cada detenido y la eventual conexión con otras investigaciones financieras.

La detención de la funcionaria bonaerense abre una nueva dimensión en la investigación sobre el circuito financiero del dinero proveniente del juego clandestino. Si la Justicia logra comprobar la hipótesis de la fiscalía, el caso habría utilizado una estructura de captación de personas vulnerables para crear una extensa red de cuentas digitales capaces de fragmentar y mover grandes cantidades de dinero. El desafío ahora será demostrar documentalmente cómo funcionaba esa red, quién la dirigía y hasta dónde llegaban sus conexiones con operadores financieros investigados en otras causas.