En enero de 1966, una colisión entre dos aviones militares estadounidenses sobre Palomares, en la provincia española de Almería, provocó la caída de cuatro bombas termonucleares que formaban parte de una misión de la Guerra Fría. Ninguna llegó a producir una explosión nuclear, pero dos liberaron material radiactivo al romperse sus explosivos convencionales contra el suelo y una cuarta desapareció en el Mediterráneo. Durante semanas, la Armada de Estados Unidos desplegó barcos, aviones, buzos y minisubmarinos para localizarla sin éxito. La búsqueda terminó dependiendo de una pista que inicialmente había sido subestimada: la indicación de un pescador, Francisco Simó Orts, conocido después como “Paco, el de la bomba”, quien aseguró haber visto dónde había caído el artefacto. Su referencia terminó llevando a los equipos estadounidenses hasta la bomba, localizada a unos 869 metros de profundidad, después de una de las operaciones de recuperación submarina más complejas de la época.
El accidente ocurrió el 17 de enero de 1966 durante una operación de reabastecimiento de combustible en vuelo. Un bombardero estratégico B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense chocó con un avión cisterna KC-135 sobre la localidad de Palomares. Los dos aparatos quedaron destruidos y varios de sus tripulantes murieron. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares como parte de las operaciones estadounidenses de disuasión nuclear durante la Guerra Fría.
Las armas no explotaron como bombas nucleares porque los sistemas de seguridad evitaron una detonación atómica. Sin embargo, el accidente tuvo consecuencias radiológicas. Dos de los artefactos que cayeron sobre tierra sufrieron daños en sus explosivos convencionales y dispersaron plutonio sobre terrenos agrícolas, mientras otra bomba cayó prácticamente intacta y la cuarta terminó en el mar.
La bomba que desapareció bajo el Mediterráneo se convirtió rápidamente en el principal problema para Estados Unidos. No solamente había que determinar si el artefacto estaba intacto y podía representar un riesgo, sino impedir que una potencia extranjera pudiera localizarlo. En plena Guerra Fría, la posibilidad de que la Unión Soviética encontrara un arma termonuclear estadounidense perdida en aguas españolas tenía una dimensión militar y diplomática que iba mucho más allá del accidente.
La búsqueda comenzó con una enorme movilización de recursos. La Armada estadounidense utilizó decenas de embarcaciones, aviones, equipos de sonar, buzos y minisubmarinos. La operación llegó a involucrar miles de militares y civiles y se extendió durante semanas, mientras los equipos intentaban reconstruir la trayectoria de la bomba desde el momento en que cayó al mar.
La profundidad complicaba enormemente el trabajo. El Mediterráneo frente a Palomares presenta un relieve submarino irregular y la localización aproximada de un objeto relativamente pequeño en una superficie marina extensa constituía un desafío incluso para la tecnología disponible en 1966.
Mientras los especialistas analizaban mapas y señales obtenidas con equipos de búsqueda, apareció una pista procedente de una fuente que no pertenecía a los equipos científicos ni militares. Francisco Simó Orts, un pescador que se encontraba trabajando en el mar cuando ocurrió el accidente, había observado la caída de un objeto sujeto a un paracaídas y había tomado referencias visuales de la costa para establecer aproximadamente dónde había desaparecido bajo el agua.
Su testimonio no recibió inicialmente la importancia que tendría después. Frente al despliegue tecnológico estadounidense, la indicación de un pescador podía parecer demasiado imprecisa. Sin embargo, Simó conocía el mar y utilizó un método elemental pero eficaz: relacionar el punto observado con elementos reconocibles de la costa y calcular su posición.
El caso se convirtió con el tiempo en uno de los episodios más llamativos de la búsqueda. Mientras los sistemas de rastreo y los equipos especializados no conseguían localizar el artefacto, la referencia aportada por Simó permitió reducir la zona que debía ser examinada. Finalmente, la búsqueda se concentró en el sector que había señalado.
La bomba fue localizada aproximadamente 80 días después del accidente, a unos 869 metros de profundidad y varios kilómetros de la costa. La operación involucró al minisubmarino Alvin y posteriormente diferentes sistemas diseñados para trabajar a gran profundidad.
La recuperación no terminó con el simple hallazgo. Sacar a la superficie un artefacto de ese tamaño y características, situado a cientos de metros bajo el agua, exigía evitar que el dispositivo sufriera daños durante el ascenso. La Armada estadounidense utilizó finalmente un vehículo submarino controlado de manera remota conocido como CURV, diseñado para operaciones de recuperación en aguas profundas.
La operación terminó con la recuperación de la bomba y evitó que permaneciera indefinidamente en el fondo del Mediterráneo. La misión fue considerada un éxito técnico para la época y permitió cerrar uno de los episodios más delicados del accidente de Palomares.
Pero el rescate de la bomba no significó el final del problema radiactivo. El accidente había dejado contaminación por plutonio en diferentes zonas de Palomares. Los equipos estadounidenses retiraron grandes cantidades de tierra y material contaminado y los trasladaron fuera de España. Décadas después, el área continuó siendo objeto de estudios y controversias sobre la presencia de contaminación residual.
La situación de los habitantes también quedó marcada por la falta de información inicial. En medio del secretismo militar, las autoridades españolas y estadounidenses trataron de controlar la percepción pública sobre los riesgos. La población local no recibió desde el comienzo toda la información disponible sobre la contaminación radiactiva, una cuestión que posteriormente quedó documentada en investigaciones y archivos desclasificados.
El episodio más conocido de esa estrategia de comunicación ocurrió semanas después, cuando el ministro español de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, se bañó en las aguas de Palomares junto al embajador estadounidense Angier Biddle Duke. Las imágenes fueron utilizadas para transmitir la idea de que el mar y las playas eran seguros. Sin embargo, documentos conocidos posteriormente demostraron que las autoridades ya tenían información sobre la presencia de contaminación.
El baño de Fraga se convirtió con los años en una de las imágenes más recordadas del accidente, precisamente por la contradicción entre la escena pública y la información que posteriormente apareció en documentos oficiales. El episodio fue utilizado como una herramienta de propaganda para reducir el impacto del accidente sobre la imagen turística de la zona.
La historia de Francisco Simó quedó vinculada a esa misma operación de recuperación. Su apodo, “Paco, el de la bomba”, terminó convirtiéndose en parte de la memoria popular de Palomares. Su intervención representa uno de los contrastes más llamativos del caso: una operación militar internacional que movilizó enormes cantidades de recursos terminó dependiendo de la observación de un pescador que conocía el comportamiento del mar y las referencias de la costa.
La importancia de su testimonio no significa que la recuperación haya sido exclusivamente obra del pescador. La localización definitiva requirió tecnología submarina avanzada, equipos especializados y una operación militar de gran escala. La aportación de Simó fue proporcionar una referencia inicial que permitió orientar una búsqueda que hasta entonces había resultado infructuosa.
El accidente también dejó una huella profunda en la relación entre España y Estados Unidos. Washington asumió operaciones de limpieza y retirada de materiales contaminados, pero las consecuencias ambientales y sanitarias continuaron siendo objeto de discusión durante décadas. En 1966 fueron retiradas grandes cantidades de tierra contaminada y enviadas a Estados Unidos para su almacenamiento y tratamiento.
Se estima que las operaciones de limpieza retiraron alrededor de 1.500 toneladas de tierra contaminada. Sin embargo, investigaciones posteriores han señalado que no todo el material contaminado fue retirado y que determinadas áreas permanecieron bajo vigilancia durante décadas. El debate sobre el futuro de esos terrenos continúa formando parte de la historia ambiental de la región.
El plutonio constituye uno de los principales motivos de preocupación debido a su prolongada permanencia en el ambiente. El plutonio-239 posee una vida media de aproximadamente 24.100 años, lo que significa que la mitad de una determinada cantidad tarda ese período en transformarse mediante desintegración radiactiva. Esto no implica que una zona permanezca automáticamente peligrosa durante todo ese tiempo, pero sí explica por qué la contaminación por este elemento requiere un control específico.
Palomares quedó así asociado a dos historias diferentes. Una fue la de la carrera tecnológica y militar para recuperar una bomba termonuclear perdida durante la Guerra Fría. La otra fue la de una comunidad que convivió con las consecuencias de un accidente cuya dimensión real no fue comunicada completamente desde el principio.
La recuperación del artefacto también adquirió una dimensión estratégica. Para Estados Unidos, encontrar la bomba era importante no solo por seguridad radiológica, sino por el riesgo de que pudiera ser localizada por otra potencia. El contexto de la Guerra Fría convirtió un accidente aéreo en una operación de interés militar internacional.
La historia volvió a adquirir relevancia seis décadas después porque la contaminación de Palomares no desapareció completamente con la recuperación de la bomba. Investigaciones y organizaciones ambientales han seguido reclamando medidas de limpieza y vigilancia. La zona continúa siendo estudiada por las autoridades españolas y científicas debido a la presencia histórica de materiales contaminados.
El caso demuestra además una característica frecuente de los grandes accidentes tecnológicos: el peligro no termina necesariamente cuando se elimina el elemento que originó la emergencia. La bomba perdida pudo ser recuperada, pero la contaminación producida en tierra y las consecuencias ambientales generadas por el accidente tuvieron una duración mucho mayor.
También dejó una lección sobre la importancia del conocimiento local. Los equipos enviados a Palomares disponían de instrumentos sofisticados, pero la observación de una persona familiarizada con la costa permitió aportar una información que los sistemas técnicos no habían conseguido obtener por sí mismos.
La historia de Simó terminó adquiriendo una dimensión casi legendaria, aunque detrás del relato existe un hecho concreto: su indicación ayudó a orientar la búsqueda de un artefacto que llevaba semanas perdido. La recuperación posterior fue resultado de una combinación de experiencia local, planificación militar y tecnología submarina.
El accidente de Palomares es hoy uno de los episodios más conocidos de la historia nuclear de España. No hubo una explosión atómica, pero sí contaminación radiactiva, una enorme operación militar, un largo conflicto sobre la información entregada a la población y una búsqueda submarina que culminó gracias, en parte, a la observación de un pescador.
Sesenta años después, la imagen más sorprendente de Palomares no es solamente la de una bomba termonuclear descansando a cientos de metros bajo el Mediterráneo, sino la del contraste entre una superpotencia movilizando una flota completa y un pescador local señalando el lugar donde había visto caer el artefacto. Francisco Simó Orts no recuperó la bomba por sí mismo, pero su conocimiento del mar proporcionó una pista decisiva para localizarla después de semanas de búsqueda infructuosa. El episodio permitió evitar que el arma permaneciera perdida y cerró una de las operaciones submarinas más complejas de la Guerra Fría. Sin embargo, el rescate no borró las consecuencias del accidente: Palomares quedó contaminado por plutonio y durante décadas la población siguió enfrentándose a interrogantes sobre los riesgos ambientales y la información que las autoridades conocían en aquel momento.
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