Una docente de segundo grado enfrenta en Trelew un juicio oral por el presunto abuso sexual de tres alumnos de entre 7 y 8 años, mientras su defensa intenta cuestionar la principal evidencia de la acusación: las declaraciones realizadas por los niños durante entrevistas en Cámara Gesell. Roxana Ortega niega los hechos y sostiene, a través de sus abogados, que los abusos no ocurrieron. El juicio comenzó el 3 de agosto y entrará esta semana en su etapa de alegatos finales.

Los hechos investigados habrían ocurrido en la Escuela 201 “Atilio Viglione” de Trelew, durante los recreos. Según la acusación, los alumnos permanecían dentro del aula junto a la docente mientras el resto de sus compañeros salía al patio. La defensa sostiene que esa situación no era posible de acuerdo con el funcionamiento habitual de la institución y presentó más de 50 testigos para respaldar su versión.

Durante el juicio declararon docentes, directivos, supervisores, auxiliares, porteros y madres de otros alumnos. Según la defensa, los testimonios describieron un sistema en el que los estudiantes salían de las aulas acompañados por sus maestros y estos se distribuían por distintos sectores para supervisarlos durante los recreos.

Los porteros también fueron interrogados sobre la dinámica de la escuela. Según el abogado Facundo Bonavitta, ambos señalaron que distribuían la merienda antes del primer recreo y posteriormente recorrían las aulas para retirar las tazas y las paneras, y afirmaron que nunca observaron personas dentro de las aulas durante esos recorridos.

Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con las Cámaras Gesell, utilizadas para recoger los testimonios de los menores en condiciones especialmente diseñadas para este tipo de investigaciones. Un psicólogo presentado por la defensa cuestionó durante el juicio algunos aspectos del procedimiento y de la interpretación de las declaraciones.

Entre los cuestionamientos planteados se encuentra el protocolo utilizado antes de una de las entrevistas. Según la defensa, no se habría explicado correctamente al niño la diferencia entre verdad y mentira ni se habría comprobado adecuadamente su capacidad para distinguirlas antes de comenzar las preguntas.

El profesional también planteó la posibilidad de que determinados elementos externos hubieran influido en el relato. La defensa señaló particularmente la situación familiar de uno de los menores y sostuvo que debía analizarse si existió influencia de terceros. Estas afirmaciones forman parte de la estrategia defensiva y no constituyen hechos establecidos por el tribunal.

La causa comenzó en 2024. El 3 de junio de ese año, tres madres se presentaron en la escuela para manifestar su preocupación por la conducta de Ortega. Inicialmente, según la reconstrucción publicada durante el juicio, las familias denunciaron problemas vinculados con el trato de la docente hacia los niños y consideraban que era demasiado exigente. La escuela elaboró un acta y Ortega fue apartada durante 30 días.

El conflicto cambió posteriormente de dimensión cuando las familias supieron que la docente regresaría a su puesto. Fue entonces cuando aparecieron las denuncias por presunto abuso sexual que terminaron dando origen a la investigación penal y, finalmente, al juicio oral.

La acusación sostiene que los tres alumnos fueron víctimas de abusos sexuales y la causa fue elevada a juicio bajo la calificación de tres hechos de abuso sexual simple agravado por la condición de encargada de la educación de los menores, en concurso real y en calidad de autora.

La defensa también puso bajo análisis el teléfono celular de Ortega. Según su abogado, durante la investigación se realizó una pericia sobre el dispositivo y no se encontraron fotografías, videos u otros elementos electrónicos relacionados con un supuesto abuso. La ausencia de ese tipo de evidencia, sin embargo, no determina por sí misma la existencia o inexistencia de los hechos denunciados.

El tribunal deberá valorar el conjunto de las pruebas presentadas por ambas partes. En este tipo de procesos, los testimonios de los menores, las evaluaciones psicológicas, los informes periciales y las circunstancias en las que se realizaron las entrevistas forman parte de una valoración judicial integral.

La próxima etapa será decisiva. Los alegatos finales están previstos para el martes por la tarde, después de lo cual la jueza María Tolomei deberá analizar las pruebas y emitir la decisión correspondiente.

La Fiscalía todavía no definió públicamente la pena concreta que solicitará, aunque adelantó que no pedirá más de nueve años de prisión. La querella, en cambio, solicitará 16 años de prisión efectiva. Ortega llegó al juicio en libertad después de haber permanecido inicialmente detenida durante cinco días y posteriormente bajo arresto domiciliario durante algunos meses.

El caso permanece abierto y la responsabilidad penal de la docente todavía no está determinada. Será el tribunal el que deberá establecer, a partir de las pruebas producidas durante el juicio, si los hechos denunciados ocurrieron y si Ortega fue responsable de ellos.

La causa concentra ahora la atención en dos cuestiones centrales: la credibilidad y valoración de los testimonios de los menores y las condiciones en que fueron obtenidos mediante las Cámaras Gesell. La defensa busca demostrar que los hechos no pudieron ocurrir en la forma descripta por la acusación, mientras la Fiscalía y la querella sostienen la imputación. La decisión final quedará en manos de la Justicia de Chubut después de los alegatos.